El Parlamento de Honduras destituyó este miércoles al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras un juicio político iniciado el pasado lunes. En la misma sesión, los diputados eligieron como nuevo titular del Ministerio Público a Pablo Reyes Theodore.
La decisión se aprobó con 93 votos de cuatro de las cinco bancadas del Congreso. Así lo informó el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, integrante del gobernante Partido Nacional de Honduras.
Los 35 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), partido al que simpatiza Zelaya, decidieron abstenerse durante la votación.
Congreso aprueba destitución tras informe de comisión especial
El Congreso tomó la decisión luego de que una comisión especial recomendara la separación inmediata del fiscal general.
Antes de la votación final, el pleno aprobó el informe de la comisión. Durante la sesión, diputados de Libre protestaron con silbidos y consignas mientras se leía el documento.
Tras la destitución, Reyes Theodore asumirá el cargo para completar el periodo restante de Zelaya. El exfiscal había iniciado su gestión en diciembre de 2023 con un mandato de cinco años.
Renuncia presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Ese mismo día, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, presentó su renuncia al cargo.
La magistrada tomó la decisión para evitar enfrentar un juicio político. Posteriormente, el Poder Legislativo aceptó su dimisión.
Acusaciones contra el fiscal general
El proceso contra Zelaya comenzó tras una denuncia presentada el lunes ante el Parlamento.
El documento lo acusa de actuaciones contrarias a la Constitución y de negligencia e incompetencia en el ejercicio del cargo. Según la denuncia, sus decisiones habrían violado la Constitución, la Ley del Ministerio Público y la legislación electoral hondureña.
Los denunciantes sostienen que estas acciones afectaron la independencia de los órganos electorales y el funcionamiento democrático del país.
Además, señalaron que durante el proceso electoral, incluidos los días previos a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público realizó actuaciones dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral de Honduras y del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras.
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