La Sala Constitucional de Costa Rica anuló una polémica subasta de radiofrecuencias impulsada por el Gobierno, al considerar inconstitucional que el único criterio de adjudicación fuera la oferta económica más alta.
El fallo, emitido este viernes, establece que ese mecanismo no garantizaba el pluralismo de medios ni de contenidos, principios fundamentales en un Estado democrático.
Ordenan nuevo proceso de adjudicación
La Sala Constitucional, órgano adscrito a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, ordenó al Gobierno y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) diseñar nuevos procedimientos para la asignación de frecuencias.
Los magistrados señalaron que el modelo anterior favorecía a los operadores con mayor capacidad económica y no garantizaba una distribución equitativa, transparente e igualitaria del espectro radioeléctrico.
Además, indicaron que cualquier nuevo proceso deberá incorporar criterios que protejan el pluralismo informativo y la diversidad de medios.
Medios pequeños en riesgo
El recurso de amparo fue presentado por un ciudadano que cuestionó la subasta realizada el 19 de septiembre de 2025. Según la denuncia, el esquema privilegiaba la concentración del espectro en grandes empresas y dejaba en desventaja a medios pequeños, comunitarios, religiosos y regionales.
El demandante argumentó que el proceso podía vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad y la continuidad del servicio público de radiodifusión.
Costos elevados y pocas ofertas
La subasta pretendía otorgar concesiones por 15 años. Sin embargo, recibió fuertes críticas de organizaciones de prensa y sectores políticos.
En el proceso solo se registraron cuatro ofertas para canales de televisión, 20 para radio FM y una para radio AM.
Los montos base eran elevados. En FM nacional comenzaban en más de 193 mil dólares, mientras que para televisión nacional alcanzaban hasta 1,6 millones de dólares. A ello se sumaban gastos técnicos adicionales que varios medios consideraron millonarios.
Con la anulación, el tribunal abre la puerta a un nuevo modelo de adjudicación que deberá equilibrar criterios económicos con garantías de pluralidad y libertad de expresión en Costa Rica.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
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