MANAGUA, Nicaragua.— La reforma constitucional en Nicaragua sumó este sábado 22 de agosto un nuevo punto que busca impedir efectos jurídicos internos de leyes, reglamentos y normas extranjeras que las autoridades consideren contrarias a la soberanía del país.
La Asamblea Nacional aprobó incorporar un párrafo al artículo 12 de la Constitución. El texto rechaza la extraterritorialidad de leyes extranjeras y establece una excepción para los convenios suscritos por el Estado nicaragüense. La medida todavía forma parte del proyecto de reforma que deberá avanzar en el proceso legislativo.
El cambio llega en un momento de creciente tensión internacional. Apenas tres días antes, la Organización de los Estados Americanos aprobó convocar de manera urgente a sus cancilleres para analizar la situación política del país y considerar posibles acciones.
Reforma constitucional en Nicaragua limita leyes extranjeras
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la nueva adición durante una sesión especial celebrada en Managua.
El texto establece que ninguna ley o normativa emitida por otro Estado, un grupo de Estados o un organismo internacional tendrá efectos jurídicos dentro de Nicaragua cuando, a juicio del marco constitucional, afecte la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz del país.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, defendió la propuesta como una medida de soberanía.
Porras sostuvo que dentro del territorio deben regir las leyes nicaragüenses. También afirmó que ninguna potencia extranjera puede imponer legislación al país.
La disposición precisa, sin embargo, que sí podrán aplicarse los convenios firmados en nombre del Estado nicaragüense.
¿Significa que Nicaragua dejará de cumplir acuerdos internacionales?
La redacción aprobada requiere una distinción importante.
La reforma busca bloquear los efectos internos de leyes y normativas extranjeras que el Gobierno considere contrarias a la soberanía nacional. No establece que Nicaragua desconozca automáticamente todos los acuerdos internacionales.
De hecho, el propio texto mantiene expresamente la aplicación de los convenios suscritos por el Estado.
Por ello, presentar la medida simplemente como una eliminación de “todas las leyes internacionales” sería impreciso.
El debate se concentra más bien en quién determina cuándo una resolución, sanción o norma internacional menoscaba la soberanía nicaragüense y qué consecuencias tendría esa interpretación.
Reforma llega después de una decisión de la OEA
El momento de la aprobación ha generado especial atención.
El Consejo Permanente de la OEA decidió el miércoles 19 de agosto convocar, con carácter urgente, una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre Nicaragua.
El objetivo es analizar la evolución de la situación política y considerar acciones dentro del sistema interamericano.
La decisión obtuvo 29 votos favorables. Brasil votó en contra y México se abstuvo, según reportes de la sesión.
Medios nicaragüenses en el exilio interpretaron la nueva cláusula constitucional como un intento de reducir el efecto de futuras resoluciones y sanciones internacionales. Esa es una interpretación política de la medida y no forma parte de la justificación oficial presentada por el Parlamento.
Nicaragua ya no pertenece formalmente a la OEA
La relación entre Managua y la OEA arrastra años de enfrentamientos.
Nicaragua completó en noviembre de 2023 su retiro formal de la organización después de que el gobierno de Daniel Ortega denunciara la Carta de la OEA dos años antes. Por ello, el país ya no mantiene representación dentro del organismo.
Sin embargo, los Estados miembros continúan analizando la situación nicaragüense.
Las discusiones abarcan derechos humanos, libertades políticas y las condiciones para celebrar elecciones competitivas.
La nueva reforma agrega ahora otro elemento al enfrentamiento entre Managua y distintos gobiernos de la región.
Otra reforma busca excluir a opositores de las elecciones
La cláusula sobre normas extranjeras se incorpora a un paquete de modificaciones constitucionales más amplio.
Una de las propuestas establece restricciones para que personas declaradas “traidoras a la patria” puedan participar en procesos electorales.
Gustavo Porras ha defendido públicamente que Nicaragua continuará celebrando elecciones, pero bajo nuevas reglas que impidan la participación de quienes el Gobierno considere vinculados con intereses extranjeros.
Rosario Murillo había adelantado que el proyecto sería sometido a votación durante los primeros días de septiembre.
La iniciativa ha provocado cuestionamientos internacionales por el riesgo de limitar todavía más la competencia política.
CIDH cuestiona los cambios electorales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó a principios de agosto su rechazo a las modificaciones planteadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La CIDH señaló que las propuestas podrían restringir la competencia política y las posibilidades de alternancia democrática.
También recordó que una de las modificaciones busca ampliar de seis a siete años el periodo de la copresidencia y permitir su renovación.
El Gobierno nicaragüense presenta una lectura completamente distinta.
Las autoridades sostienen que los cambios buscan garantizar estabilidad, soberanía y elecciones libres de influencia extranjera. La propia Asamblea ha defendido que las reformas buscan impedir la participación de organizaciones o candidatos financiados desde otros países.
Ortega y Murillo endurecen su discurso contra la oposición
El debate electoral se intensificó después de declaraciones realizadas por Daniel Ortega el 19 de julio.
El copresidente afirmó entonces que no permitirían elecciones que posibilitaran el regreso al poder de organizaciones opositoras que acusa de responder a intereses extranjeros.
Días después, Porras matizó esas declaraciones. Aseguró que sí habrá procesos electorales, aunque bajo un marco constitucional que excluya a quienes sean considerados “traidores a la patria”.
Entre las personas que el Gobierno ha declarado bajo esa categoría figuran numerosos opositores, intelectuales, periodistas y religiosos que fueron privados de su nacionalidad durante los últimos años.
Protestas de 2018 siguen marcando la crisis política
La actual confrontación política tiene uno de sus principales antecedentes en las protestas de 2018.
Las manifestaciones comenzaron por una reforma al sistema de seguridad social y posteriormente se transformaron en protestas contra el Gobierno.
La represión dejó alrededor de 300 muertos, de acuerdo con organismos internacionales, mientras miles de ciudadanos abandonaron el país durante los años posteriores.
Desde entonces, el Gobierno ha aumentado su control sobre instituciones, organizaciones civiles, medios de comunicación y sectores opositores.
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007. Rosario Murillo pasó formalmente a ocupar la figura de copresidenta tras reformas constitucionales previas.
¿Qué cambia ahora con la reforma constitucional?
La reforma constitucional en Nicaragua coloca la soberanía jurídica como uno de los ejes centrales del nuevo proyecto político.
El oficialismo sostiene que ninguna norma extranjera debe producir efectos dentro del territorio sin consentimiento del Estado.
Los críticos ven algo diferente.
Consideran que la disposición puede utilizarse para justificar el rechazo a presiones, sanciones y resoluciones internacionales relacionadas con democracia y derechos humanos.
La diferencia entre ambas interpretaciones será uno de los puntos centrales cuando el paquete de reformas avance hacia su votación.
Por ahora, lo aprobado este sábado no elimina todos los compromisos internacionales de Nicaragua. El propio texto preserva los convenios suscritos por el Estado. Sin embargo, sí busca elevar a rango constitucional el rechazo a normas externas consideradas contrarias a la independencia y soberanía del país.
Con una reunión urgente de cancilleres de la OEA pendiente y una reforma electoral prevista para septiembre, la confrontación entre Managua y parte de la comunidad internacional entra así en una nueva etapa.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
