BERLÍN.— Las minas antipersona, durante décadas símbolo de una de las campañas de desarme más exitosas del mundo, están regresando a los planes militares de varios países europeos. La guerra de Rusia contra Ucrania ha cambiado los cálculos de seguridad en el flanco oriental de la OTAN y debilitado un consenso internacional construido desde finales de la década de 1990.
Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia iniciaron en 2025 su salida de la Convención de Ottawa, que prohíbe usar, almacenar, producir y transferir minas antipersona. Sus retiradas entraron jurídicamente en vigor entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.
El argumento de esos gobiernos es militar: Rusia nunca se incorporó al tratado y ha empleado extensamente minas durante la invasión de Ucrania. Para las organizaciones humanitarias, sin embargo, el regreso de estas armas puede provocar consecuencias que continúen mucho después del final de cualquier guerra.
Minas antipersona siguen causando miles de víctimas
Décadas después de las campañas internacionales para eliminarlas, las minas y otros restos explosivos continúan matando y mutilando a miles de personas.
Una evaluación preliminar citada por Deutsche Welle calcula que más de 5,000 personas murieron o resultaron heridas durante 2025 por minas terrestres o municiones sin explotar.
El último informe público completo de Landmine Monitor, correspondiente a 2024, documentó 6,279 víctimas: 1,945 muertos y 4,325 heridos, mientras en nueve casos no pudo determinarse el desenlace.
Los civiles representaron cerca del 86 % de todas las víctimas registradas y el 90 % cuando se conocía su condición civil o militar. Los menores fueron el 46 % de las víctimas civiles cuya edad estaba disponible.
Esta diferencia de periodos es importante: el informe Landmine Monitor 2025 recopila principalmente datos de 2024, mientras que la cifra superior a 5,000 para 2025 procede de un análisis preliminar posterior.
¿Por qué las minas son peligrosas incluso después de una guerra?
Una mina no distingue entre un soldado y un civil.
Permanece en el terreno hasta que alguien la activa o un especialista consigue localizarla y destruirla. Por eso, su impacto puede continuar décadas después de que terminen los combates.
Bosnia y Herzegovina sigue enfrentando contaminación heredada de las guerras de los Balcanes. Situaciones similares existen en lugares como Camboya, Irak, Afganistán y otras regiones afectadas por conflictos pasados.
Landmine Monitor señala que al menos 57 países y territorios estaban contaminados por minas antipersona en su evaluación más reciente.
La amenaza tampoco termina con las minas fabricadas industrialmente. Los artefactos improvisados activados por la víctima causaron 2,077 víctimas en 2024, el mayor número entre los diferentes tipos de dispositivos registrados.
Convención de Ottawa cambió el uso de minas antipersona
La respuesta internacional comenzó a consolidarse durante la década de 1990.
En diciembre de 1997, 121 países firmaron la Convención durante la conferencia celebrada en Ottawa. Kenia se convirtió poco después en el firmante número 122. El tratado entró en vigor el 1 de marzo de 1999.
La Convención prohíbe a sus miembros utilizar, desarrollar, producir, almacenar y transferir minas antipersona.
También exige destruir los arsenales y limpiar las zonas contaminadas.
Con el paso de los años, la norma alcanzó una cobertura extraordinaria. A octubre de 2025, 166 Estados estaban vinculados al tratado, después de las incorporaciones de Islas Marshall y Tonga.
Sin embargo, grandes potencias militares como Estados Unidos, Rusia, China e India nunca se incorporaron.
Ahora el problema es diferente: países que sí habían aceptado la prohibición decidieron abandonarla.
Cinco países de la OTAN abandonan la Convención de Ottawa
El giro comenzó formalmente el 18 de marzo de 2025.
Los ministros de Defensa de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia recomendaron conjuntamente abandonar la Convención. Argumentaron que la amenaza militar contra los países de la OTAN fronterizos con Rusia y Bielorrusia había aumentado de forma sustancial.
Finlandia tomó posteriormente la misma decisión.
Las retiradas entraron en vigor en distintas fechas:
- Estonia, Letonia y Lituania: 27 de diciembre de 2025.
- Finlandia: 10 de enero de 2026.
- Polonia: 20 de febrero de 2026.
Finlandia, Lituania y Polonia también comunicaron su intención de recuperar capacidades relacionadas con la producción de minas antipersona después de quedar fuera del tratado.
Para estos gobiernos, disponer de minas aumenta su capacidad para frenar una eventual ofensiva terrestre.
Para las organizaciones humanitarias, el precedente puede ser mucho más amplio.
Retiradas europeas pueden generar un efecto dominó
La salida de cinco democracias europeas preocupa a defensores del tratado porque podría servir como precedente.
La lógica utilizada es sencilla: un Estado considera que su adversario no está limitado por las mismas reglas y decide abandonar sus propias restricciones.
El problema es que otros países enfrentados a amenazas militares podrían utilizar exactamente el mismo argumento.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas han expresado preocupación por las retiradas.
Más de 80,000 personas firmaron además una petición en 2025 para pedir a los cinco gobiernos europeos que reconsideraran su decisión.
El riesgo no se limita a cinco países. Lo que está en juego es la fuerza de la norma internacional que convirtió el uso de minas antipersona en una práctica ampliamente rechazada.
Ucrania intenta suspender sus obligaciones
El caso de Ucrania es jurídicamente todavía más complejo.
El gobierno de Volodímir Zelenski comunicó en julio de 2025 a Naciones Unidas su decisión de “suspender” la aplicación de la Convención de Ottawa durante la guerra con Rusia.
Kiev argumenta que no puede enfrentar a un ejército que utiliza minas mientras sus propias fuerzas permanecen sujetas a restricciones que Moscú nunca aceptó.
Sin embargo, el tratado no contiene un mecanismo que permita suspender unilateralmente sus obligaciones durante una guerra.
Además, sus reglas sobre retirada establecen protecciones específicas cuando un Estado se encuentra involucrado en un conflicto armado.
Landmine Monitor considera que la suspensión anunciada por Ucrania no está permitida por el tratado y sostiene que Kiev continúa jurídicamente vinculado a sus obligaciones.
También existen indicios documentados de uso ucraniano de minas antipersona durante 2024 y 2025. El propio Monitor señala que la escala exacta no está clara y que Rusia las ha utilizado de manera mucho más extensa desde el comienzo de su invasión.
Una cuarta parte de Ucrania enfrenta contaminación explosiva
La dimensión del problema ucraniano es enorme.
El Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas, UNMAS, calcula que aproximadamente el 25 % del territorio de Ucrania, más de 139,000 kilómetros cuadrados, era considerado potencialmente contaminado a mediados de 2025.
No significa que cada metro cuadrado de esa superficie contenga minas.
Se trata de territorio sospechoso de contaminación por diferentes tipos de artefactos explosivos: minas antipersona, minas antivehículo, municiones sin explotar, restos de bombas de racimo y dispositivos improvisados.
Desde febrero de 2022, más de 1,150 civiles han muerto o resultado heridos por minas y restos explosivos en Ucrania, según UNMAS.
Las zonas agrícolas están entre las más afectadas.
Esto convierte el problema no solo en una amenaza para las personas, sino también en un obstáculo para la producción de alimentos, reconstrucción de viviendas, carreteras y recuperación económica.
Desminar Ucrania costaría unos 34,600 millones de dólares
Eliminar la contaminación llevará años.
UNMAS estima que las operaciones integrales de desminado podrían superar los 34,600 millones de dólares durante la próxima década.
El organismo considera además que Ucrania enfrenta actualmente uno de los desafíos de contaminación por artefactos explosivos más extensos del planeta.
El costo muestra una de las características más problemáticas de las minas.
Son relativamente económicas para quien las coloca.
Pero detectarlas, marcarlas y retirarlas de forma segura exige personal especializado, equipos costosos y años de trabajo.
Rusia es uno de los mayores usuarios actuales de minas
Rusia nunca fue parte de la Convención de Ottawa.
Landmine Monitor documenta un uso extenso de minas antipersona por las fuerzas rusas en Ucrania desde la invasión iniciada en febrero de 2022.
También se ha documentado uso reciente en otros conflictos.
Myanmar registró en 2024 2,029 víctimas de minas y restos explosivos, la cifra más elevada del mundo. Siria quedó en segundo lugar con 1,015 víctimas.
El problema, por tanto, está lejos de ser exclusivamente europeo.
La diferencia es que Europa había sido uno de los principales defensores políticos del modelo de prohibición.
El regreso de estas armas al flanco oriental de la OTAN modifica ese escenario.
Nuevas tecnologías no eliminan el riesgo para civiles
Los gobiernos que recuperan esta capacidad aseguran que las minas modernas pueden utilizarse de forma más controlada.
Finlandia ha defendido la posibilidad de registrar cuidadosamente las zonas de colocación para facilitar posteriormente su retirada.
También existen sistemas con sensores y otras tecnologías destinadas a mejorar su control.
Sin embargo, los especialistas humanitarios advierten que una mina sigue siendo un arma activada por la presencia o contacto de una persona.
Un mapa puede perderse.
Una posición militar puede cambiar.
La vegetación puede cubrir los dispositivos y las inundaciones o movimientos del terreno pueden desplazarlos.
Además, una zona que hoy forma parte de un frente militar puede volver a ser utilizada por agricultores, niños o familias décadas después.
El control internacional de armas también se debilita
El retroceso de la Convención de Ottawa ocurre en un momento más amplio de deterioro de los acuerdos de control de armamentos.
El Tratado INF entre Estados Unidos y Rusia terminó en 2019. Washington abandonó el Tratado de Cielos Abiertos en 2020 y Moscú completó después su propia retirada.
El New START, último acuerdo jurídicamente vinculante que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia, expiró el 5 de febrero de 2026 sin un tratado sucesor.
Rusia también formalizó en 2023 su retirada del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa.
El resultado es una arquitectura de control de armas significativamente más débil que hace apenas una década.
Minas antipersona vuelven cuando aún no desaparecen las antiguas
El regreso de las minas antipersona plantea una paradoja.
Mientras equipos especializados continúan retirando artefactos colocados hace décadas en Bosnia, Camboya, Irak y otros países, nuevas zonas están siendo contaminadas en Ucrania, Myanmar y otros conflictos.
Al mismo tiempo, cinco miembros de la OTAN que habían aceptado prohibir completamente estas armas recuperan ahora la posibilidad legal de producirlas, almacenarlas y utilizarlas.
Sus gobiernos argumentan que la amenaza rusa obliga a adaptar sus capacidades defensivas.
Las organizaciones humanitarias responden que las consecuencias de esa decisión sobrevivirán a cualquier guerra.
El debate enfrenta así dos conceptos de seguridad.
Uno considera las minas una herramienta para detener o ralentizar un ejército invasor.
El otro recuerda que, cuando los soldados se retiran, las minas permanecen.
Esa es precisamente la razón por la que la Convención de Ottawa consiguió durante casi tres décadas algo excepcional en materia de desarme: transformar un arma militar ampliamente utilizada en una práctica internacionalmente estigmatizada.
El temor ahora es que ese logro comience a deshacerse.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
