LIMA, Perú.— La presidenta Keiko Fujimori solicitó este viernes 28 de agosto al Congreso facultades extraordinarias para legislar durante 120 días, con la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado como una de las principales prioridades de su nuevo gobierno.
El proyecto de poderes contra el crimen forma parte de un paquete más amplio de 66 solicitudes preparado por el Consejo de Ministros. La iniciativa también incluye medidas económicas, tributarias, administrativas y de prevención frente al fenómeno de El Niño.
Entre las propuestas más controvertidas figura crear un marco legal que permita declarar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas.
El Ejecutivo también busca modificar normas relacionadas con extorsión, sicariato, minería ilegal, sistema penitenciario y utilización de teléfonos desde las cárceles.
Poderes contra el crimen serían otorgados por 120 días
La Constitución peruana permite al Congreso delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
El artículo 104 establece que esta autorización debe limitarse a materias específicas y a un periodo determinado. Durante ese plazo, el Gobierno puede aprobar decretos legislativos dentro de los límites establecidos por la ley que autorice la delegación.
En este caso, Fujimori solicita 120 días calendario.
Esto no significa que el Congreso entregue al Ejecutivo la capacidad de legislar sobre cualquier asunto.
La autorización debe señalar exactamente las materias sobre las que puede actuar el Gobierno. Los decretos posteriores también estarán sujetos al control parlamentario y constitucional.
Congreso bicameral deberá analizar la solicitud
Existe además una diferencia respecto a solicitudes similares realizadas durante gobiernos anteriores.
Desde el 28 de julio de 2026, Perú recuperó el Congreso bicameral. Ahora existen una Cámara de Diputados, con 130 miembros, y un Senado, con 60.
El proyecto presentado por el Ejecutivo ingresó primero a la Cámara de Diputados.
Los ministros deberán acudir a las comisiones correspondientes para justificar las facultades solicitadas. Una vez aprobada una propuesta en Diputados, debe pasar al Senado para su revisión.
El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, aseguró que el Parlamento evaluará el pedido priorizando seguridad ciudadana y preparación frente a El Niño.
Fujimori quiere tratar a grupos criminales como terroristas
Uno de los puntos centrales de los poderes contra el crimen es establecer una legislación que permita clasificar determinados grupos criminales como organizaciones terroristas.
El Gobierno sostiene que algunas bandas han alcanzado niveles de violencia y control territorial que requieren herramientas legales más severas.
La propuesta todavía debe ser desarrollada mediante normas concretas si el Congreso concede la delegación.
Por ello, no significa que todas las bandas criminales hayan sido declaradas automáticamente organizaciones terroristas.
El proyecto busca primero crear el marco jurídico necesario para esa clasificación y registro.
Esta distinción será importante porque la definición legal de terrorismo puede tener consecuencias penales, financieras y procesales mucho mayores que las aplicables a delitos comunes.
Extorsión y sicariato preocupan especialmente al Gobierno
La inseguridad se convirtió en uno de los principales problemas políticos de Perú.
Datos policiales utilizados durante la campaña presidencial muestran que los homicidios pasaron de alrededor de 1,000 en 2018 a 2,600 en 2025.
Las denuncias por extorsión crecieron todavía más.
En 2018 existían 3,225 denuncias registradas por la Policía. El balance oficial de 2025 contabilizó 26,748, alrededor de ocho veces más.
Lima Metropolitana concentró 11,248 denuncias de extorsión en 2025. Después aparecieron La Libertad, con 4,423, y Piura, con 2,855.
El fuerte crecimiento explica por qué extorsión y sicariato ocupan un lugar central dentro del paquete preparado por Fujimori.
Gobierno propone cambios dentro y fuera de las cárceles
Las facultades solicitadas también incluyen reformas penitenciarias.
El Ejecutivo plantea permitir una intervención excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, además de apoyo operativo a la Policía cuando existan amenazas al orden interno.
También propone crear un registro de libertad vigilada después de la salida de prisión para delincuentes considerados de alta peligrosidad.
Otro objetivo es combatir las extorsiones realizadas desde las cárceles.
Para ello, el Gobierno quiere acelerar el rastreo y geolocalización de dispositivos móviles utilizados ilegalmente y mejorar los mecanismos para bloquear comunicaciones procedentes de establecimientos penitenciarios.
El premier Luis Galarreta también señaló que el Ejecutivo busca endurecer el tratamiento de casos de sicariato y extorsión y revisar beneficios penitenciarios.
Fuerzas Armadas tendrían mayor participación
Fujimori llegó al poder prometiendo una respuesta más dura frente al crimen organizado.
Su Gobierno plantea aumentar la participación de las Fuerzas Armadas como apoyo de la Policía, aunque las funciones concretas dependerán de las normas que finalmente autorice el Congreso.
Este punto puede convertirse en uno de los principales debates parlamentarios.
La participación militar en seguridad interior genera discusiones sobre eficacia, competencias institucionales y garantías de derechos fundamentales.
Por ello, las normas que se aprueben deberán definir claramente cuándo, dónde y durante cuánto tiempo podrán intervenir las Fuerzas Armadas.
Fujimori pide rapidez al Congreso
La presidenta afirmó este viernes que espera que el Parlamento evalúe con rapidez las facultades.
Fujimori sostuvo que son más de 60 puntos y pidió que el Congreso los analice con serenidad, pero considerando la urgencia de los problemas que enfrenta el país.
La mandataria también aseguró que espera mejorar la coordinación entre Policía, Ministerio Público y sistema judicial.
El Gobierno considera que parte del problema está en los obstáculos que impiden transformar capturas policiales en investigaciones y procesos judiciales sólidos.
Facultades también preparan a Perú frente a El Niño
El proyecto no se concentra exclusivamente en delincuencia.
Otro bloque importante busca preparar al Estado para los efectos del fenómeno de El Niño.
La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene activa la alerta de El Niño Costero. Su evaluación del 14 de agosto considera que el evento podría alcanzar una magnitud entre fuerte y extraordinaria frente a la costa peruana hasta el próximo verano.
Las autoridades estiman que alrededor de 1.2 millones de personas podrían encontrarse expuestas a inundaciones, deslizamientos y otros impactos asociados al fenómeno.
El Ejecutivo quiere permitir que el Instituto Nacional de Defensa Civil entregue ayuda humanitaria directamente durante los primeros 15 días de una emergencia.
También propone procedimientos simplificados para reconstrucción, infraestructura de defensa civil y atención de viviendas destruidas.
El pedido contiene 66 medidas y no solo seguridad
Aunque los poderes contra el crimen concentran la atención pública, el proyecto incluye ocho grandes áreas.
Además de seguridad ciudadana y gestión de desastres, contempla reformas relacionadas con micro y pequeñas empresas, empleo, desarrollo productivo, tributación, simplificación administrativa y reorganización del Estado.
El premier Galarreta explicó que los 66 pedidos fueron revisados por los ministerios antes de ser enviados al Parlamento.
Por eso, el debate puede extenderse más allá de las medidas penales.
El Congreso tiene la posibilidad de aprobar todas las facultades, rechazar algunas o limitar su alcance y duración.
Keiko Fujimori enfrenta su primera gran prueba en seguridad
El pedido de facultades representa una de las primeras grandes decisiones de Keiko Fujimori, quien asumió la Presidencia el pasado 28 de julio.
La seguridad fue uno de los temas principales de su campaña.
Ahora deberá convertir las promesas de endurecimiento contra el crimen en legislación aplicable y, después, demostrar que esas medidas reducen los delitos.
El desafío es considerable.
Aunque los datos oficiales registraron reducciones de homicidios y denuncias de extorsión durante algunos meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025, el nivel acumulado de violencia sigue siendo elevado.
La Cámara de Diputados y el Senado tendrán ahora la decisión.
Si autorizan la delegación solicitada, el Gobierno dispondrá de cuatro meses para emitir decretos dentro de las materias aprobadas.
Si introducen límites, Fujimori tendrá que adaptar su estrategia.
El debate marcará hasta dónde está dispuesto a llegar el nuevo Congreso para otorgar al Ejecutivo poderes contra el crimen, y qué controles impondrá mientras Perú intenta responder a su mayor desafío de seguridad en años.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
