CIUDAD DE MÉXICO.— Enrique Inzunza reapareció este lunes 31 de agosto en el Senado mexicano y rechazó las acusaciones de narcotráfico que enfrenta ante una corte federal de Estados Unidos.
El legislador sinaloense aseguró que no tiene vínculos con organizaciones criminales y calificó el proceso estadounidense como una ofensiva política y mediática en su contra.
“No he sido narco nada”, afirmó durante una conferencia de prensa en el Senado, donde sostuvo que no teme ser detenido y aseguró estar dispuesto a volver a comparecer ante la Fiscalía General de la República si es requerido.
Sin embargo, el caso va más allá de simples declaraciones públicas. El Departamento de Justicia estadounidense confirmó el 29 de abril que Inzunza forma parte de una acusación federal formal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.
Enrique Inzunza reaparece tras más de cuatro meses
El senador regresó al recinto legislativo después de más de 100 días de ausencia pública.
Su reaparición coincidió con el inicio del nuevo periodo legislativo y con la creciente presión política derivada de la acusación estadounidense.
Inzunza sostuvo que durante esos meses fue objeto de una campaña de “calumnias” y cuestionó que, a su juicio, no se hayan presentado públicamente pruebas que demuestren las acusaciones.
También pidió a la FGR concluir la investigación abierta en México para esclarecer su situación jurídica.
El legislador afirmó que tiene la conciencia tranquila y rechazó que el fuero constitucional sea la razón por la que continúa ejerciendo el cargo.
Según su versión, ya acudió voluntariamente ante el Ministerio Público federal y volverá a hacerlo si las autoridades mexicanas lo consideran necesario.
Estados Unidos sí presentó una acusación formal
Una de las principales precisiones del caso está en la naturaleza del procedimiento estadounidense.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció que un gran jurado había presentado una acusación contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa.
A Inzunza, identificado oficialmente como senador mexicano y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, se le imputan tres cargos:
- conspiración para la importación de narcóticos;
- posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos;
- conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Según el Departamento de Justicia, de ser declarado culpable de todos los cargos, enfrenta una pena mínima obligatoria acumulada de 40 años y una posible condena de cadena perpetua.
Estas son únicamente las penas previstas por la legislación estadounidense. No significan que haya sido condenado.
Acusación relaciona a funcionarios con Los Chapitos
La Fiscalía estadounidense sostiene que los diez acusados habrían participado en una red de protección institucional al Cártel de Sinaloa.
Según la acusación, funcionarios y mandos policiales habrían ayudado presuntamente a proteger cargamentos de drogas, compartir información sensible y evitar investigaciones o detenciones.
Washington sostiene que ese esquema favoreció principalmente a Los Chapitos, la facción encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los fiscales estadounidenses aseguran que los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares procedentes del narcotráfico a cambio de protección.
Estas afirmaciones forman parte del expediente de la Fiscalía y todavía deberán probarse judicialmente.
El propio Departamento de Justicia señala expresamente que los cargos son acusaciones y que los procesados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
Enrique Inzunza rechaza conocer a El Chapo y El Mayo
Durante su reaparición, Enrique Inzunza rechazó tener una relación personal con los principales nombres históricos del Cártel de Sinaloa.
Negó conocer personalmente tanto a Joaquín “El Chapo” Guzmán como a Ismael “El Mayo” Zambada.
También rechazó la etiqueta de “narcolegislador” utilizada por algunos de sus críticos.
Para Inzunza, la acusación forma parte de lo que describió como una estrategia de “guerra judicial”.
No obstante, la existencia de una acusación formal en Nueva York significa que la controversia no se limita al debate político.
Existe un proceso penal abierto en Estados Unidos, aunque el senador no ha sido declarado culpable.
FGR abrió su propia investigación en México
Después de que Washington hiciera pública la acusación, la Fiscalía General de la República inició investigaciones sobre las diez personas mencionadas.
El 26 de mayo, Inzunza y otros funcionarios acudieron ante la FGR en Culiacán para declarar.
Los comparecientes fueron escuchados inicialmente en calidad de testigos dentro de la investigación mexicana.
La FGR ha explicado que analiza los mismos hechos señalados por Estados Unidos y busca establecer si existen elementos probatorios suficientes dentro del sistema jurídico mexicano.
En julio, autoridades de la Fiscalía señalaron que la investigación continuaba y que, hasta ese momento, no habían concluido que existieran pruebas suficientes para sostener los señalamientos contra Rocha Moya y los demás investigados.
Esto tampoco equivale a una exoneración definitiva.
La investigación mexicana continúa abierta.
Senador insiste en que compareció voluntariamente
Inzunza utilizó precisamente su comparecencia ante la FGR como argumento para rechazar que esté utilizando su fuero para evitar a las autoridades.
El senador aseguró que acudió cuando fue requerido y que está dispuesto a volver.
También pidió públicamente que la Fiscalía concluya la indagatoria cuanto antes.
Su defensa política se basa en que, después de cuatro meses, ninguna autoridad mexicana ha anunciado cargos penales en su contra.
Sin embargo, el expediente estadounidense permanece vigente de manera independiente.
Los sistemas judiciales de ambos países pueden analizar los mismos hechos con estándares procesales y probatorios diferentes.
Inzunza ya no integra la bancada de Morena
Otro cambio importante ocurrió durante los días previos a su regreso al Senado.
Inzunza dejó el grupo parlamentario de Morena después de que aumentara la presión interna para que solicitara licencia y enfrentara las investigaciones fuera de su cargo legislativo.
El senador decidió mantener su escaño y continuar como legislador sin grupo parlamentario.
Esto significa que resulta impreciso describirlo actualmente simplemente como integrante de la bancada gobernante.
El legislador ha señalado, no obstante, que seguirá respaldando buena parte de la agenda política de Morena.
La dirigencia oficialista ha intentado marcar distancia del caso mientras continúan las investigaciones.
Enrique Inzunza defiende a Rubén Rocha Moya
El senador también salió en defensa de Rubén Rocha Moya, quien aparece como el principal acusado del mismo expediente estadounidense.
Inzunza afirmó que considera a Rocha un hombre honorable y destacó su trayectoria como académico, profesor y escritor.
Ambos mantienen una larga relación política.
Inzunza fue secretario general de Gobierno durante la administración de Rocha en Sinaloa antes de llegar al Senado.
El 21 de agosto, el legislador acudió al Palacio de Gobierno de Sinaloa justamente durante el breve regreso de Rocha Moya a sus funciones como gobernador.
La reunión se extendió durante varias horas.
Inzunza confirmó posteriormente que habló personalmente con Rocha y que este le pidió un consejo, aunque decidió no revelar públicamente el contenido de la conversación.
Rocha Moya enfrenta la misma acusación estadounidense
El expediente federal también acusa a Rocha Moya de conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas.
La Fiscalía estadounidense sostiene que el político habría participado presuntamente en reuniones con Los Chapitos y que esa facción habría contribuido ilegalmente a favorecer su llegada al Gobierno de Sinaloa.
Según los fiscales, el supuesto acuerdo habría consistido en ofrecer protección institucional a cambio de respaldo político y pagos.
Rocha Moya ha rechazado esas acusaciones.
Al igual que Inzunza, debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.
La acusación estadounidense presenta una versión de los hechos que todavía debe ser probada ante una corte.
Caso golpea políticamente a Morena en Sinaloa
Las acusaciones han generado una fuerte crisis política dentro del oficialismo mexicano.
Rocha Moya intentó regresar a la gubernatura el 21 de agosto después de permanecer 112 días con licencia.
Su regreso duró poco más de un día en medio de presión política y finalmente volvió a separarse del cargo.
La crisis también afectó a Inzunza, que abandonó la bancada de Morena.
Ambos habían sido durante años dos de las figuras más importantes del grupo político gobernante en Sinaloa.
Ahora sus futuros políticos dependen en buena medida de lo que determinen las investigaciones en México y del desarrollo del proceso abierto en Estados Unidos.
¿Puede Estados Unidos juzgar a Enrique Inzunza?
La acusación fue presentada ante una corte federal de Nueva York.
Eso significa que para que Inzunza sea sometido físicamente a juicio en Estados Unidos tendría que encontrarse bajo jurisdicción estadounidense, entregarse voluntariamente o producirse un procedimiento que permita su traslado.
El Gobierno estadounidense considera que los delitos imputados tuvieron consecuencias directas en su territorio porque la acusación sostiene que la conspiración buscaba importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
En México, cualquier eventual procedimiento tendría además que considerar las protecciones constitucionales vinculadas con su cargo.
Por ahora, Inzunza continúa ejerciendo como senador.
Enrique Inzunza enfrenta dos procesos distintos
El regreso de Enrique Inzunza al Senado no cierra la controversia.
El legislador niega categóricamente haber trabajado para el narcotráfico y afirma que enfrenta una persecución política.
También ha comparecido ante la FGR y pide que la investigación mexicana concluya.
Pero al otro lado de la frontera existe una acusación federal formal.
El Departamento de Justicia estadounidense lo acusa de conspiración para importar narcóticos y de delitos relacionados con armas dentro de una supuesta red de protección a Los Chapitos.
Ninguna de esas acusaciones equivale a una condena.
La FGR tampoco ha anunciado hasta ahora una determinación definitiva sobre su responsabilidad en México.
Por ello, el caso debe presentarse con dos elementos igualmente importantes: la gravedad de las imputaciones formuladas por Estados Unidos y la presunción de inocencia que protege a Enrique Inzunza mientras esos señalamientos no sean probados ante un tribunal.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
