WASHINGTON.— Una jueza federal bloqueó el nuevo intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en EE.UU., apenas dos meses después de que la Corte Suprema rechazara una medida anterior de su Gobierno.
La jueza de distrito Deborah L. Boardman, en Maryland, concedió este miércoles 2 de septiembre una orden judicial preliminar que impide a varias agencias federales negar o desconocer la ciudadanía de los niños incluidos en una demanda colectiva ya protegida por los tribunales.
Boardman sostuvo que la nueva orden presidencial es “casi con toda certeza inconstitucional” respecto de esos menores porque la Corte Suprema ya resolvió que son ciudadanos desde el momento de su nacimiento.
El fallo no representa el final del litigio. Se trata de una medida preliminar mientras continúa el proceso judicial.
Ciudadanía por nacimiento en EE.UU. ya llegó a la Corte Suprema
El antecedente fundamental ocurrió el 30 de junio de 2026.
En el caso Trump v. Barbara, la Corte Suprema examinó directamente si la Constitución garantiza ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encuentran ilegalmente o de manera temporal en el país.
Por 6 votos contra 3, el máximo tribunal respondió que sí.
La Corte concluyó que esos menores están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, son ciudadanos al nacer conforme a la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
La decisión invalidó el núcleo de la primera orden ejecutiva que Trump firmó al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.
Aquella orden buscaba negar reconocimiento federal de ciudadanía a determinados niños nacidos después del 19 de febrero de 2025 cuando sus padres no fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
Boardman dice que la Corte Suprema ya decidió
La nueva controversia llegó nuevamente ante Deborah Boardman.
La jueza fue contundente al explicar por qué consideraba necesario intervenir.
Según su resolución, la Corte Suprema ya determinó que los menores incluidos en la demanda colectiva son ciudadanos desde su nacimiento.
Por esa razón, el Ejecutivo no puede volver a negarles ese reconocimiento utilizando una orden presidencial redactada de forma diferente.
La medida de Boardman impide a organismos como el Departamento de Estado, Departamento de Seguridad Nacional y Administración del Seguro Social interferir con, negar o dejar de reconocer la ciudadanía de los niños incluidos en la clase judicial.
Las agencias sí pueden continuar preparando lineamientos administrativos mientras avanza el caso.
¿A qué niños protege la demanda?
La clase judicial se creó originalmente para proteger a menores nacidos o que nazcan en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025 y que hubieran sido afectados por la primera orden de Trump.
Incluye, en términos generales, dos situaciones.
Una corresponde a niños cuya madre estaba en Estados Unidos sin autorización migratoria y cuyo padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente al momento del nacimiento.
La segunda comprende a menores cuya madre estaba legalmente en Estados Unidos, pero con una estancia temporal, y cuyo padre tampoco era ciudadano ni residente permanente.
La Corte Suprema determinó posteriormente que esos niños son ciudadanos al nacer.
Ese antecedente es precisamente el que Boardman utiliza ahora para impedir que la nueva orden afecte a la misma clase.
Trump volvió a intentarlo el 6 de agosto
Después de perder ante la Corte Suprema, Trump firmó el 6 de agosto la Orden Ejecutiva 14418, titulada Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship.
La nueva medida es más limitada que la anterior.
En lugar de excluir de manera general a los hijos de inmigrantes indocumentados o temporales, identifica categorías específicas en las que el Gobierno pretende negar el reconocimiento de ciudadanía cuando ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense.
Entre ellas aparecen hijos de determinadas personas consideradas “enemigos extranjeros”, algunos empleados de gobiernos extranjeros y casos en los que los padres supuestamente realizaron una transacción comercial o fraude para conseguir ciudadanía para el bebé.
La orden también menciona nacimientos en territorios estadounidenses donde la ciudadanía no haya sido concedida específicamente mediante legislación federal.
“Turismo de maternidad” es solo una parte de la nueva estrategia
El llamado “turismo de maternidad” ocupa un lugar importante, pero no es la única categoría.
La Orden 14418 contempla negar ciudadanía cuando los padres hayan realizado una transacción comercial destinada a conseguir que una mujer se encuentre en Estados Unidos para dar a luz y obtener ciudadanía para el menor.
El mismo día, Trump firmó una orden separada: la Orden Ejecutiva 14419, titulada Ending Birth Tourism.
Esta segunda medida está enfocada principalmente en inmigración y visas.
Autoriza a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional a reforzar acciones para impedir el ingreso de extranjeros que viajen con una visa temporal específicamente para dar a luz en Estados Unidos.
Por ello, no deben confundirse ambas disposiciones.
El fallo de Boardman se centra en la orden que pretende negar ciudadanía a determinadas categorías de niños.
Fallo no convierte el “turismo de maternidad” en un derecho
La decisión tampoco significa que cualquier persona tenga derecho a ingresar a Estados Unidos con la finalidad de dar a luz.
Las autoridades estadounidenses ya pueden negar una visa cuando determinan que alguien la solicita específicamente para viajar al país con el objetivo principal de obtener ciudadanía estadounidense para su hijo.
Associated Press señala que este tipo de conducta ya puede considerarse fraude migratorio y utilizarse para restringir una visa.
El debate constitucional comienza una vez que el niño ya nació en territorio estadounidense.
Ahí entra en juego la Decimocuarta Enmienda y la interpretación que acaba de reafirmar la Corte Suprema.
Nueva orden incluye categorías mucho más amplias
Las organizaciones demandantes también cuestionaron la amplitud de algunos conceptos utilizados por Trump.
La Orden 14418 incluye, por ejemplo, a hijos de personas consideradas “alien enemies” o enemigos extranjeros.
La disposición relaciona esta categoría con integrantes de organizaciones terroristas extranjeras y personas sujetas a determinadas designaciones estadounidenses.
También incluye a hijos de ciertos empleados de gobiernos extranjeros.
Históricamente, los hijos de diplomáticos con inmunidad constituyen una de las excepciones reconocidas a la ciudadanía automática.
Sin embargo, la nueva orden utiliza una categoría más amplia de funcionarios y empleados gubernamentales.
Esa ampliación es precisamente una de las cuestiones que ahora deberán analizar los tribunales.
Familias temen interpretaciones demasiado amplias
Los demandantes sostienen que las definiciones presidenciales pueden terminar afectando a niños que, bajo la decisión de la Corte Suprema, serían ciudadanos.
Algunas familias expresaron temor de que una simple compra de boletos de avión o servicios médicos pudiera ser interpretada como una “transacción comercial” destinada a obtener ciudadanía.
Otras señalaron que el concepto de enemigo extranjero podría aplicarse de forma demasiado amplia dependiendo de cómo las agencias federales elaboren sus reglas.
Boardman consideró que no era necesario esperar a que esas reglas fueran publicadas para intervenir.
Gobierno decía que la demanda era prematura
El Departamento de Justicia intentó evitar la nueva orden judicial.
Sus abogados argumentaron que la demanda era prematura porque las agencias todavía estaban preparando los lineamientos necesarios para aplicar la orden presidencial.
La administración sostenía que el nuevo decreto era considerablemente más limitado que el que la Corte Suprema rechazó en junio.
Boardman no aceptó ese argumento.
La jueza señaló que, independientemente de cómo sean redactados posteriormente los lineamientos, la propia orden presidencial ya obliga a negar documentos de ciudadanía a varias categorías de menores.
Por eso consideró necesario bloquear su aplicación respecto de la clase protegida.
Pasaportes estaban entre los posibles cambios
La disputa tiene consecuencias prácticas.
El Departamento de Estado había preparado una propuesta para exigir a los padres presentar pruebas adicionales sobre su propia ciudadanía o situación migratoria al solicitar un pasaporte estadounidense para un hijo nacido en el país.
Actualmente, la documentación del nacimiento estadounidense desempeña un papel central para demostrar la ciudadanía del menor.
El proyecto buscaba recopilar más información sobre los padres para aplicar las nuevas excepciones planteadas por Trump.
La orden judicial impide que esa información sea utilizada para negar o desconocer la ciudadanía de quienes forman parte de la clase protegida.
Decimocuarta Enmienda está en el centro del caso
El conflicto gira alrededor de una frase incorporada a la Constitución después de la Guerra Civil.
La Decimocuarta Enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos.
La Corte Suprema reafirmó en junio que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o que permanecen temporalmente en el país están dentro de esa protección constitucional.
El Gobierno Trump intentó interpretar de manera más amplia las excepciones históricas al principio.
Los nuevos litigios determinarán hasta dónde puede llegar el Ejecutivo al definirlas.
Ciudadanía por nacimiento en EE.UU. vuelve a frenar a Trump
El nuevo fallo constituye otro revés judicial para la estrategia migratoria de la Casa Blanca.
La ciudadanía por nacimiento en EE.UU. permanece protegida para los niños incluidos en la demanda colectiva mientras continúa el proceso.
Boardman considera que la Corte Suprema ya respondió la cuestión fundamental: esos menores son ciudadanos desde el nacimiento.
Pero el conflicto jurídico no ha terminado.
La Orden Ejecutiva 14418 contiene excepciones nuevas y más específicas que probablemente seguirán siendo examinadas por tribunales federales.
Al mismo tiempo, Washington conserva herramientas migratorias para restringir visas o impedir el ingreso de personas que considere involucradas en “turismo de maternidad” mediante la Orden 14419 y otras normas migratorias.
La diferencia es fundamental.
Una cosa es decidir quién puede entrar legalmente en Estados Unidos para dar a luz. Otra es determinar si el presidente puede retirar mediante una orden ejecutiva la ciudadanía que la Constitución reconoce a un niño una vez nacido en territorio estadounidense.
Hasta ahora, la Corte Suprema y nuevamente un tribunal federal han colocado límites claros al segundo escenario.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
