NUEVA YORK.— La defensa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro pidió este miércoles 2 de septiembre que un tribunal federal estadounidense desestime el proceso penal en su contra, al argumentar que la inmunidad de Nicolás Maduro como supuesto jefe de Estado impide que Estados Unidos pueda juzgarlo.
Su abogado, Barry Pollack, presentó ante el juez federal Alvin Hellerstein dos mociones distintas.
La primera solicita eliminar toda la acusación bajo argumentos de inmunidad soberana.
La segunda, planteada como alternativa en caso de que el tribunal rechace la primera, busca retirar específicamente el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo por supuestos defectos jurisdiccionales y legales.
Maduro se declaró no culpable y permanece detenido en Nueva York desde que fuerzas estadounidenses lo capturaron en Caracas el 3 de enero de 2026.
Inmunidad de Nicolás Maduro será el centro de la disputa
La defensa sostiene que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para procesarlo.
Pollack argumenta que Maduro debe recibir inmunidad basada en su estatus como jefe de Estado y, además, inmunidad basada en la conducta por actos que, según su interpretación, fueron realizados mediante las facultades oficiales del Estado venezolano.
El argumento busca presentar como actos soberanos parte de las conductas que la Fiscalía estadounidense describe como actividades criminales.
La acusación sostiene una versión completamente diferente.
Los fiscales estadounidenses afirman desde 2020 que Maduro y otros altos funcionarios venezolanos utilizaron instituciones del Estado para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.
Esas afirmaciones constituyen acusaciones penales y todavía deben probarse en juicio.
Maduro se considera un jefe de Estado de facto
Uno de los puntos centrales de la moción es el estatus político que tenía Maduro cuando fue capturado.
Su defensa sostiene que, independientemente de la posición diplomática de Washington, Maduro ejercía en la práctica las funciones de jefe de Estado venezolano.
Por eso utiliza la expresión “jefe de Estado de facto”.
El planteamiento busca separar dos cuestiones: a quién reconoce políticamente Estados Unidos y quién ejercía efectivamente el control gubernamental dentro de Venezuela.
Para Pollack, la inmunidad internacional no debería desaparecer simplemente porque Washington decidiera no reconocer la legitimidad de Maduro.
Ese argumento será uno de los principales puntos que tendrá que resolver Hellerstein.
Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro en 2019
La defensa enfrenta, sin embargo, un obstáculo considerable.
Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019, después de cuestionar la legitimidad del proceso político venezolano.
Ese antecedente puede resultar decisivo porque los tribunales estadounidenses suelen conceder gran importancia a la posición del Poder Ejecutivo cuando deben determinar quién posee reconocimiento como jefe de un Estado extranjero.
La cuestión plantea una disputa jurídica poco habitual.
Maduro sostiene que era presidente y ejercía el poder en Venezuela.
Washington sostiene desde hace años que no tenía legitimidad presidencial.
El tribunal tendrá que determinar qué efecto tiene esa diferencia sobre una posible inmunidad penal.
Defensa pide desestimar el caso “con perjuicio”
Pollack no pidió únicamente suspender el proceso.
La defensa solicitó una desestimación “con perjuicio”.
En el sistema judicial estadounidense, una desestimación de este tipo generalmente impide que la Fiscalía vuelva a presentar posteriormente la misma acusación en los mismos términos.
Por ello, una decisión favorable a Maduro podría tener consecuencias mucho más profundas que un simple retraso del juicio.
La defensa argumenta que si existe inmunidad soberana, el tribunal nunca tuvo jurisdicción válida para procesarlo.
Los fiscales previsiblemente rechazarán esa interpretación.
Segunda moción apunta al cargo de narcoterrorismo
La estrategia jurídica tiene una segunda línea de defensa.
Si Hellerstein decide que Maduro no posee inmunidad suficiente para cerrar completamente el caso, Pollack solicita eliminar al menos el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo.
La defensa sostiene que la legislación invocada no puede aplicarse adecuadamente a un ciudadano extranjero por una conducta que, según sus abogados, ocurrió esencialmente fuera del territorio estadounidense.
También argumenta que la acusación no establece suficientemente una intención de causar daño a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses.
Es decir, el planteamiento cuestiona la aplicación extraterritorial de la legislación penal estadounidense.
La Fiscalía deberá ahora defender por qué considera que los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción.
¿De qué acusa Estados Unidos a Maduro?
La acusación contra Maduro tiene su origen en un caso presentado públicamente en marzo de 2020.
El Departamento de Justicia lo acusó junto con otros funcionarios venezolanos de participar presuntamente en una estructura vinculada con el tráfico internacional de cocaína.
Maduro enfrenta cuatro categorías principales de cargos:
- conspiración para cometer narcoterrorismo;
- conspiración para importar cocaína a Estados Unidos;
- uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos relacionados con esas conspiraciones;
- conspiración para utilizar y poseer ese tipo de armas.
El Departamento de Justicia sostiene que las acusaciones pueden implicar largas penas de prisión y, en determinados cargos, incluso cadena perpetua.
Maduro rechaza los señalamientos y se declaró no culpable.
Fiscalía habla de miles de toneladas de cocaína
Los fiscales estadounidenses sostienen que durante años altos funcionarios venezolanos utilizaron posiciones gubernamentales para favorecer el narcotráfico.
La acusación afirma que el llamado Cártel de los Soles habría utilizado instituciones militares, de inteligencia y de seguridad para facilitar operaciones criminales.
También vincula parte de la presunta conspiración con integrantes de las FARC.
Estas son las afirmaciones de la Fiscalía estadounidense.
No constituyen hechos judicialmente probados respecto de Maduro mientras no exista una sentencia condenatoria.
Ese principio será especialmente importante conforme se acerque el juicio.
Captura de Maduro también genera una disputa jurídica
Otro elemento excepcional del caso es la forma en que Maduro terminó bajo custodia estadounidense.
Fuerzas estadounidenses lo capturaron junto con su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar nocturna en Caracas el 3 de enero de 2026.
Posteriormente fueron trasladados a Estados Unidos y quedaron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Maduro ha descrito su detención como un secuestro y se ha presentado como “prisionero de guerra”.
Sin embargo, la jurisprudencia estadounidense presenta otro obstáculo para su defensa.
Los tribunales del país han sostenido históricamente que una captura presuntamente ilegal en territorio extranjero no necesariamente elimina la jurisdicción penal una vez que el acusado está físicamente ante el tribunal.
Caso Manuel Noriega puede pesar sobre Maduro
Uno de los precedentes más citados es el del exgobernante panameño Manuel Noriega.
Estados Unidos invadió Panamá en 1989 y capturó a Noriega, quien posteriormente fue llevado a territorio estadounidense para enfrentar cargos de narcotráfico.
Sus abogados también intentaron utilizar argumentos relacionados con inmunidad y estatus oficial.
Los tribunales estadounidenses rechazaron esos planteamientos.
Analistas jurídicos consultados por Reuters consideran que ese antecedente complica la estrategia de Maduro, aunque las circunstancias políticas y jurídicas de ambos casos no son idénticas.
Por ello, no puede asumirse automáticamente que el caso de Noriega determine el resultado.
Cilia Flores también pide inmunidad
Maduro no es el único acusado que busca cerrar el proceso.
Su esposa, Cilia Flores, también presentó argumentos para que el tribunal desestime las acusaciones en su contra.
Los abogados de Flores sostienen que ella gozaba de protección derivada de la soberanía venezolana y de su posición como esposa del mandatario.
Ambos se declararon no culpables y aseguran que las acusaciones estadounidenses carecen de fundamento.
La Fiscalía tendrá la oportunidad de responder por separado a los planteamientos.
Delcy Rodríguez complica el argumento político
El cambio de poder ocurrido después de la captura de Maduro añade otro elemento.
Desde su detención, Delcy Rodríguez encabeza el Gobierno venezolano y ha desarrollado una relación de cooperación creciente con Washington.
Reuters señala que la defensa pretende utilizar esa situación para cuestionar la posición estadounidense.
Pollack argumenta que existe una contradicción en que Washington acepte negociar con una estructura gubernamental encabezada por Rodríguez —quien llegó al cargo dentro del sistema dirigido por Maduro— mientras sostiene que Maduro carecía de legitimidad como jefe de Estado.
La Fiscalía probablemente responderá que reconocimiento diplomático e interacción práctica con un gobierno extranjero no son necesariamente equivalentes jurídicos.
Fiscalía responderá antes del 2 de octubre
El calendario judicial ya está definido.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York tiene hasta el 2 de octubre para presentar su respuesta a las mociones.
Después, el tribunal celebrará una audiencia el 17 de noviembre para escuchar los argumentos de las partes sobre las solicitudes de desestimación.
Esa audiencia será probablemente una de las más importantes antes del juicio.
Si Hellerstein acepta el argumento principal de inmunidad, el proceso podría terminar antes de llegar ante un jurado.
Si lo rechaza, la defensa todavía podría intentar recurrir la decisión y continuar con otros cuestionamientos legales.
Juicio está fijado para junio de 2027
Por ahora, el juicio sigue programado para comenzar el 1 de junio de 2027.
Hellerstein fijó esa fecha durante una audiencia realizada el 22 de julio, después de que la Fiscalía y la defensa acordaran el calendario procesal.
La fecha puede cambiar dependiendo de las decisiones sobre inmunidad, recursos y otras cuestiones previas.
Maduro y Flores continúan detenidos en Brooklyn mientras avanza el procedimiento.
Ambos podrían enfrentar penas extremadamente elevadas si fueran declarados culpables.
Maduro difundió fotografías desde prisión
El proceso ocurre además bajo una intensa dimensión política.
Maduro difundió recientemente sus primeras fotografías desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
En las imágenes apareció vestido con ropa de prisión y realizando con la mano el signo de la victoria.
El exgobernante acompañó las imágenes con mensajes dirigidos a sus seguidores en Venezuela y aseguró mantenerse firme.
La publicación no modifica su situación jurídica.
Sirve, sin embargo, para mostrar que Maduro continúa intentando mantener presencia política incluso desde prisión.
Inmunidad de Nicolás Maduro enfrenta una prueba decisiva
La inmunidad de Nicolás Maduro se convertirá ahora en uno de los debates jurídicos más importantes del proceso.
Su defensa sostiene que Estados Unidos no puede juzgar a una persona que ejercía como jefe de un Estado soberano y que, además, las conductas atribuidas estaban relacionadas con funciones oficiales.
La Fiscalía tendrá que explicar por qué esas protecciones no son aplicables.
El principal problema para Maduro es que Washington no lo reconocía como presidente legítimo desde 2019 y que la jurisprudencia estadounidense ofrece antecedentes poco favorables para antiguos gobernantes capturados en el extranjero.
Pero todavía no existe una resolución sobre las mociones presentadas este miércoles.
El juez Alvin Hellerstein escuchará los argumentos el 17 de noviembre.
Hasta entonces, el proceso continúa y el juicio permanece fijado para el 1 de junio de 2027.
La cuestión central será determinar si el poder que Maduro ejercía dentro de Venezuela le otorgaba inmunidad frente a los tribunales estadounidenses, o si las acusaciones de narcotráfico y narcoterrorismo pueden ser juzgadas independientemente del cargo político que ocupaba.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
