GUAYAQUIL, Ecuador.— Un tribunal ecuatoriano ordenó que el expresidente Abdalá Bucaram sea detenido una vez que reciba el alta médica para garantizar su comparecencia en la audiencia donde los jueces deben anunciar su decisión dentro del caso conocido como Pruebas COVID-19.
La medida fue adoptada este jueves 3 de septiembre después de que, por sexta ocasión, no pudiera concretarse la diligencia destinada a comunicar la resolución sobre el proceso por presunta delincuencia organizada que también involucra a su hijo Jacobo Bucaram y otros dos acusados.
Bucaram permanece internado en una clínica de Guayaquil. Según la información recibida por el tribunal, se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.
Por esta razón, la aprehensión no será ejecutada mientras permanezca hospitalizado.
Abdalá Bucaram queda bajo vigilancia policial
El tribunal ordenó al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional mantener vigilancia permanente sobre el exmandatario.
La instrucción establece que, cuando los médicos determinen su alta, los agentes deberán detenerlo con fines de comparecencia y trasladarlo para que pueda participar en la reinstalación de la audiencia.
La medida no constituye una sentencia anticipada.
Tampoco significa que Bucaram haya sido enviado a prisión preventiva.
Su finalidad es asegurar su presencia durante la diligencia judicial que permitirá al tribunal anunciar si lo considera culpable o inocente de las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
Hasta que esa resolución sea comunicada, el expresidente conserva la presunción de inocencia.
Sexta audiencia termina nuevamente sin sentencia
La diligencia había sido convocada para las 17:00 del jueves en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Tres de los cuatro procesados participaron, mientras Bucaram no se conectó debido a su condición médica.
El tribunal suspendió temporalmente la sesión y envió agentes a verificar personalmente dónde se encontraba el expresidente y cuál era su estado de salud.
Después de varias horas, un policía informó por videoconferencia que había localizado la clínica donde estaba internado.
El médico de turno confirmó que Bucaram había ingresado el 2 de septiembre y permanecía en cuidados intensivos.
Los agentes no pudieron ingresar directamente a la UCI para verlo debido a las restricciones médicas del área.
Finalmente, alrededor de las 19:42, la audiencia volvió a ser declarada fallida.
Tres aplazamientos están relacionados con su salud
El tribunal lleva semanas intentando anunciar su decisión.
Desde julio se han producido seis convocatorias fallidas, aunque no todas tuvieron el mismo motivo.
Las tres más recientes estuvieron relacionadas con el estado de salud de Abdalá Bucaram.
El 26 de agosto, su defensa informó que había sido sometido a una intervención médica y permanecía en cuidados intensivos.
La audiencia fue nuevamente convocada para el 31 de agosto, pero tampoco pudo continuar porque el exmandatario seguía hospitalizado.
Finalmente, este 3 de septiembre, sus abogados informaron que había ingresado a otro establecimiento médico.
Las sucesivas ausencias provocaron cuestionamientos de la Fiscalía.
Fiscalía califica las postergaciones de “inauditas”
La fiscal del caso, Lidia Sarabia, manifestó su rechazo a la imposibilidad de comunicar la sentencia.
Durante la audiencia de este jueves calificó como “inaudito y sin precedentes” que la resolución no haya podido conocerse después de seis intentos.
La Fiscalía pidió al tribunal adoptar medidas para impedir nuevas dilaciones y analizar las circunstancias que han impedido concluir el proceso.
La causa comenzó formalmente en 2020 y ha atravesado numerosos incidentes y aplazamientos.
El juicio como tal comenzó en abril de 2025 y recibió declaraciones de decenas de testigos y peritos.
En marzo de 2026, la Fiscalía informó que había terminado de presentar más de 100 elementos de prueba, entre testimonios, pericias y documentos.
Tribunal pide revisar informes médicos
La justicia ecuatoriana también ordenó revisar la documentación relacionada con las hospitalizaciones.
El médico de la clínica donde actualmente permanece Bucaram deberá remitir un informe detallado sobre su estado.
Posteriormente, el Ministerio de Salud Pública deberá revisar la información proporcionada por las clínicas Interhospital, OmniHospital y Borja, donde el expresidente ha recibido atención durante las últimas semanas.
El tribunal señaló que, si encuentra irregularidades, podrá solicitar investigaciones sobre una eventual obstrucción a la justicia.
Esto no significa que los centros médicos hayan cometido un delito.
Por ahora, la orden consiste en verificar la documentación y determinar si las diferentes certificaciones médicas se encuentran debidamente sustentadas.
¿De qué acusa la Fiscalía a Abdalá Bucaram?
El caso se remonta a los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
La Fiscalía sostiene que Bucaram, su hijo Jacobo y otros procesados habrían colaborado con una estructura dedicada a obtener beneficios económicos mediante la comercialización irregular de aproximadamente 21,000 pruebas rápidas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos.
Los hechos investigados ocurrieron principalmente durante 2020, cuando Ecuador atravesaba una de las etapas más graves de la emergencia sanitaria.
Según la teoría fiscal, diferentes integrantes tenían funciones dentro de la presunta estructura.
La acusación actual que espera resolución incluye a:
- Abdalá Bucaram Ortiz;
- Jacobo Bucaram Pulley;
- Sheinman Oren;
- Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito.
Los cuatro continúan a la espera de que el tribunal anuncie su decisión.
Fiscalía señala una red para comercializar pruebas COVID-19
Según la investigación, las pruebas habrían sido trasladadas mediante una estructura que utilizó vehículos y servidores públicos.
Los fiscales sostienen que agentes vinculados con la Agencia Metropolitana de Tránsito participaron en parte de la logística.
También aparecen en la investigación dos ciudadanos israelíes: Sheinman Oren y Shy Dahan.
Dahan fue asesinado en agosto de 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral.
La Fiscalía afirma que ambos estuvieron relacionados con el traslado de pruebas hacia una residencia de Bucaram en Guayaquil.
Durante un allanamiento efectuado en 2020, las autoridades encontraron además mascarillas y otros insumos médicos en una propiedad del expresidente.
Estas afirmaciones corresponden a la teoría presentada por la Fiscalía y deberán ser valoradas por los jueces al emitir su resolución.
Jacobo Bucaram también está acusado
La investigación también señala a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente.
Según la acusación fiscal, habría participado en la negociación de las pruebas rápidas.
La Fiscalía sostiene que existió un pago en efectivo de 321,600 dólares relacionado con esa mercadería.
Ese elemento forma parte del conjunto probatorio presentado durante el juicio.
Las defensas han rechazado distintas partes de la teoría de la Fiscalía y los procesados mantienen sus derechos hasta que exista una decisión judicial.
Delito puede alcanzar hasta diez años de prisión
El proceso se desarrolla por presunta delincuencia organizada, delito establecido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano.
La legislación contempla penas de entre siete y diez años para determinadas formas de dirección o participación en una organización delictiva, aunque la pena específica depende del grado de participación y de las circunstancias que determine el tribunal.
La Fiscalía pidió que los jueces consideren circunstancias agravantes en el proceso contra Bucaram y los demás acusados.
Sin embargo, todavía no se conoce públicamente qué decisión tomó el tribunal.
Precisamente esa resolución es la que no ha podido ser comunicada debido a los sucesivos aplazamientos.
Caso lleva seis años sin una decisión oral
La investigación comenzó en 2020.
Desde entonces atravesó diferentes etapas, recursos, nulidades, apelaciones y diferimientos.
En septiembre de 2021, la Fiscalía solicitó inicialmente que siete personas fueran llamadas a juicio por su presunta participación en delincuencia organizada relacionada con las 21,000 pruebas rápidas.
El proceso cambió posteriormente debido a decisiones judiciales y recursos.
El juicio contra los cuatro acusados actuales finalmente comenzó en abril de 2025.
Para marzo de 2026, la Fiscalía había terminado de presentar su prueba.
Después de los alegatos finales, el tribunal entró a deliberar y debía comunicar su resolución durante el verano de 2026.
Sin embargo, seis intentos de reinstalar la diligencia han terminado sin que esa decisión pueda hacerse pública.
Abdalá Bucaram gobernó Ecuador entre 1996 y 1997
Bucaram, de 74 años, fue presidente de Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997.
Su Gobierno terminó después de que el Congreso lo destituyera al declarar su incapacidad para gobernar.
Posteriormente permaneció durante años fuera de Ecuador y regresó al país en 2017.
Desde entonces ha enfrentado diferentes investigaciones judiciales.
El actual proceso por las pruebas de COVID-19 es independiente de otros expedientes que han involucrado al exmandatario.
Detención busca garantizar que escuche el fallo
La decisión adoptada este 3 de septiembre introduce una nueva medida para evitar que la audiencia vuelva a frustrarse.
Abdalá Bucaram no será detenido mientras permanezca en cuidados intensivos, de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal.
La Policía deberá mantenerlo bajo vigilancia y ejecutar la aprehensión cuando exista un alta médica.
Después deberá ser llevado ante los jueces para escuchar la resolución junto con los demás procesados.
La distinción es fundamental.
La orden policial no constituye una condena por delincuencia organizada ni anticipa cuál será el sentido de la sentencia.
Es una medida de comparecencia adoptada después de seis audiencias que no han podido concluir.
La siguiente etapa dependerá ahora de dos factores: la evolución médica del expresidente y la fecha en la que el tribunal consiga finalmente reinstalar la diligencia.
Solo entonces Ecuador conocerá si Abdalá Bucaram es condenado o absuelto en uno de los procesos judiciales más prolongados derivados de las irregularidades investigadas durante la pandemia.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
