CARACAS.— La oposición venezolana vuelve a enfrentarse a una pregunta que la ha acompañado durante buena parte de las últimas dos décadas: ¿puede mantener una estrategia común cuando se acerca una posible transición política?
Desde el 6 de agosto, una delegación encabezada por Dinorah Figuera mantiene conversaciones con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez para reformar instituciones y establecer condiciones que eventualmente permitan celebrar nuevas elecciones.
El proceso cuenta con respaldo directo de Estados Unidos, aunque Washington insiste en describirlo como una negociación liderada por venezolanos. La primera ronda se desarrolló entre el 6 y el 12 de agosto. Una segunda fase está prevista, de manera tentativa, a partir del 15 de septiembre.
La dificultad está en quién se sienta a negociar.
María Corina Machado, actualmente una de las figuras opositoras más influyentes del país, no encabeza la mesa. Tampoco participa directamente Edmundo González Urrutia.
Eso ha provocado críticas y vuelve a colocar las fracturas internas de la oposición en el centro del debate. El propio texto base plantea precisamente si esas diferencias impedirán avanzar hacia elecciones libres.
Oposición venezolana negocia sin María Corina Machado
La delegación opositora está encabezada por Dinorah Figuera, vinculada con la Asamblea Nacional elegida en 2015, el último Parlamento venezolano controlado por la oposición y que Washington continúa reconociendo como referente democrático.
Estados Unidos respaldó que Figuera asumiera un papel central en el proceso.
La ausencia de Machado ha sido uno de los puntos más polémicos.
Machado ganó las primarias opositoras de 2023 y posteriormente apoyó la candidatura presidencial de Edmundo González cuando las autoridades venezolanas impidieron que ella compitiera.
Después de las elecciones del 28 de julio de 2024, la oposición publicó actas de más del 80 % de las mesas que mostraban una amplia ventaja de González.
El Centro Carter, observador invitado oficialmente a aquellos comicios, concluyó posteriormente que esos documentos ofrecían evidencia de una victoria clara de González, mientras el Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados detallados que respaldaran la proclamación de Maduro.
Por esa trayectoria, cualquier negociación que excluya formalmente a Machado genera inevitablemente cuestionamientos sobre representatividad.
Machado no ha intentado bloquear la negociación
Estar fuera de la mesa no significa necesariamente oponerse a ella.
Los especialistas consultados en el material original señalan que Machado ha evitado convertirse en un obstáculo para las conversaciones.
Luis Salamanca explica que la dirigente manifestó que seguiría atentamente el proceso y que su ausencia no debía impedir que avanzara. Guillermo Tell Aveledo considera que un eventual éxito de la negociación también podría beneficiar políticamente al movimiento encabezado por Machado.
También existen conexiones políticas entre quienes negocian y el bloque que respaldó a Machado y González.
Aveledo señala que entre los participantes hay figuras que apoyaron las primarias opositoras y posteriormente la candidatura de González Urrutia.
Eso permite hablar de división de liderazgo y estrategia, pero no necesariamente de dos bloques completamente incomunicados.
Una oposición históricamente fragmentada
Las divisiones no comenzaron con la actual negociación.
Durante años han coexistido partidos y liderazgos con distintas estrategias frente al chavismo.
Algunos sectores han defendido participar en procesos electorales incluso bajo condiciones desfavorables.
Otros han favorecido la presión internacional, las sanciones o la negativa a reconocer instituciones consideradas ilegítimas.
El profesor Luis Salamanca identifica en el texto base diferentes polos: el movimiento asociado a Machado y la Plataforma Unitaria; partidos tradicionales como Primero Justicia y Voluntad Popular; y organizaciones minoritarias con menor respaldo electoral.
Esa fragmentación se ha visto agravada por intervenciones judiciales contra partidos, inhabilitaciones y años de represión política.
Pero la historia opositora también muestra una tendencia distinta: sus dirigentes suelen volver a coordinarse cuando existe una elección competitiva.
La gran incógnita es si ese patrón puede repetirse después de la profunda reconfiguración política de 2026.
¿Qué consiguió la primera ronda?
El diálogo todavía está lejos de garantizar unas elecciones presidenciales.
Pero tampoco terminó sin resultados.
El primer ciclo concluyó el 12 de agosto con dos acuerdos principales.
Uno busca renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia y modificar el procedimiento de selección de magistrados.
El segundo contempla recuperar activos venezolanos retenidos en el exterior para financiar necesidades derivadas de los terremotos del 24 de junio.
La renovación judicial comenzó a avanzar.
El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma que amplía de 21 a 23 integrantes el Comité de Postulaciones Judiciales.
El nuevo organismo estará integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil y deberá participar en la evaluación de candidatos para renovar el Tribunal Supremo.
Es uno de los primeros resultados tangibles de la negociación.
Pero queda por comprobar si la renovación terminará produciendo un poder judicial verdaderamente independiente.
El Consejo Electoral será una prueba mucho más difícil
La siguiente batalla institucional probablemente será el Consejo Nacional Electoral.
Para que una elección sea aceptada por todas las partes no bastará con convocarla.
Será necesario establecer reglas sobre registro electoral, participación de candidatos, observación internacional, acceso a medios, conteo de votos y publicación de resultados.
También deberá resolverse el problema de las inhabilitaciones políticas.
El material original señala que la prioridad para varios especialistas es construir primero condiciones suficientemente democráticas para una elección antes de ampliar la negociación hacia todos los problemas económicos y sociales del país.
La segunda fase, prevista tentativamente desde el 15 de septiembre, debe abordar garantías políticas, derechos civiles y libertad de expresión.
Todavía no existe, sin embargo, una fecha acordada para elecciones presidenciales.
Estados Unidos tiene un peso excepcional
Otra característica distingue esta negociación de intentos anteriores.
Estados Unidos no actúa únicamente como observador externo.
Washington impulsó el proceso, respalda a la delegación de Figuera y ha vinculado la transición política con una estrategia más amplia de estabilización y recuperación económica.
El Departamento de Estado ha descrito las conversaciones como parte de un plan de tres fases relacionado con estabilización, recuperación económica, reconciliación política y una eventual transición pacífica.
Eso genera oportunidades y riesgos.
Por un lado, la capacidad estadounidense de ejercer presión económica y diplomática puede obligar a las partes a cumplir acuerdos.
Por otro, una transición demasiado dependiente de Washington puede generar cuestionamientos sobre autonomía y legitimidad dentro de Venezuela.
Los propios expertos citados en el texto base reconocen que el actual proceso no surgió exclusivamente de la capacidad de presión interna de la oposición, sino de un cambio provocado en gran medida por factores externos.
El petróleo complica todavía más la transición
La relación entre Washington y el Gobierno interino se ha vuelto todavía más compleja por los recientes acuerdos energéticos.
Estados Unidos participa ahora directamente en una estructura relacionada con 17 campos petroleros venezolanos que contienen alrededor de 65,000 millones de barriles de reservas.
El Gobierno estadounidense estructuró además una participación económica de 35 % en NABEP y obtuvo derechos especiales sobre parte de la producción.
Machado ha cuestionado la transparencia del acuerdo.
La dirigente sostiene que Venezuela necesita inversión internacional, pero considera que contratos de semejante magnitud deberían desarrollarse bajo instituciones democráticas y con mayor seguridad jurídica.
La controversia introduce una nueva fuente de división.
Algunos opositores temen que la cooperación económica entre Washington y Delcy Rodríguez reduzca la presión para celebrar elecciones rápidamente.
Estados Unidos sostiene que esos acuerdos forman parte precisamente del camino hacia la estabilización y una posterior apertura democrática.
La oposición podría dividirse todavía más después de una transición
Existe una paradoja.
Durante años, el rechazo al chavismo funcionó como elemento aglutinador.
Si Venezuela avanza realmente hacia un sistema electoral competitivo, esa causa común perderá parte de su fuerza.
Aveledo anticipa que podrían reaparecer con mayor claridad las diferencias ideológicas, regionales y programáticas entre partidos que hoy comparten el objetivo general de democratizar el país.
Eso no necesariamente sería una señal negativa.
En una democracia normal, socialdemócratas, liberales, conservadores y otras corrientes compiten entre sí.
El problema aparecería si esa fragmentación ocurre antes de que existan reglas electorales capaces de garantizar una competencia justa.
Ahí la división podría favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, que conserva una estructura territorial y estatal considerable.
El propio material original advierte que una multiplicación de candidaturas opositoras podría beneficiar al bloque político más grande, especialmente bajo determinadas reglas electorales.
Machado y González siguen siendo piezas centrales
A pesar de no dirigir la mesa, resulta difícil imaginar unas futuras elecciones competitivas sin resolver el papel de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Machado mantiene una importante estructura política y capacidad de movilización.
González conserva el peso político derivado de las elecciones de 2024.
El material base considera que una coordinación entre ambos aumentaría las probabilidades de éxito frente a una oposición organizativamente fragmentada.
Pero también pueden surgir nuevos liderazgos.
Dinorah Figuera podría fortalecer su posición si consigue reformas verificables.
Primero Justicia, Voluntad Popular y otros partidos también intentarán recuperar espacio.
La transición puede, por tanto, reorganizar completamente el mapa opositor.
¿Unida o dividida? La respuesta es ambas
La oposición venezolana llega a esta etapa dividida en liderazgo, estrategia y confianza sobre cómo relacionarse con el chavismo y Estados Unidos.
Pero no está completamente rota.
Hay sectores que mantienen canales con Machado, partidos que participaron en la coalición de 2024 y dirigentes dispuestos a negociar reformas institucionales.
La primera ronda ya produjo un cambio concreto en el procedimiento de renovación del Tribunal Supremo.
Eso representa un avance, pero todavía no responde las preguntas decisivas.
No existe una nueva composición definitiva del Consejo Nacional Electoral.
No hay fecha para unas elecciones presidenciales.
No están completamente resueltas las inhabilitaciones políticas.
Y tampoco existe todavía garantía de que todos los sectores aceptarán las condiciones finales de la transición.
La segunda mesa prevista desde mediados de septiembre será, por tanto, mucho más importante que la primera.
Su éxito no dependerá únicamente de conseguir nuevas concesiones del chavismo.
También dependerá de que la oposición venezolana encuentre una fórmula que permita negociar sin convertir sus diferencias internas en una nueva ventaja para el oficialismo.
La transición podría terminar fragmentándola aún más.
Pero también podría obligarla a hacer algo que ha conseguido en otros momentos decisivos: competir internamente sin perder de vista que, para celebrar elecciones verdaderamente libres, primero necesita construir reglas que todos estén dispuestos a respetar.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
