BOGOTÁ, Colombia.— Una operación militar en Nariño dejó siete integrantes del frente Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las antiguas FARC, muertos y otras cinco personas capturadas durante acciones realizadas en el municipio de El Peñol, informó este domingo 6 de septiembre el Gobierno colombiano.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer el balance de las últimas 24 horas y calificó a los fallecidos como “narcoterroristas”, término utilizado por su Gobierno para referirse a integrantes de estructuras armadas vinculadas con actividades del narcotráfico.
La Presidencia confirmó oficialmente las siete muertes y cinco capturas y aseguró que las acciones forman parte de una ofensiva de la Fuerza Pública contra las disidencias de las FARC y otras organizaciones involucradas en economías ilegales.
Operación militar en Nariño golpea al frente Franco Benavides
Las acciones se desarrollaron en El Peñol, municipio ubicado en el departamento de Nariño, una región del suroccidente colombiano donde diferentes estructuras armadas mantienen presencia y disputan corredores utilizados para el narcotráfico.
Según el balance presidencial, las siete personas que murieron pertenecían al frente Franco Benavides, estructura vinculada al Estado Mayor Central.
El Gobierno informó además que otras cinco personas fueron capturadas durante las operaciones.
Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente la identidad de todos los fallecidos ni de los detenidos.
La Presidencia presentó el resultado como uno de los principales golpes recientes contra esta estructura armada.
Ejército localiza cinco laboratorios de cocaína
La ofensiva de las fuerzas de seguridad no se limitó a los enfrentamientos con integrantes de las disidencias.
El presidente informó que las autoridades localizaron cinco laboratorios utilizados para procesar pasta base de cocaína.
En las operaciones fueron decomisados 1.007 galones de insumos líquidos y 175 kilogramos de insumos sólidos, de acuerdo con el balance gubernamental.
El Ejecutivo colombiano sostiene que atacar la infraestructura utilizada para producir drogas es una pieza fundamental de su estrategia contra los grupos armados, debido a que el narcotráfico representa una de sus principales fuentes de financiamiento.
También decomisan ketamina y fentanilo
El mandatario incluyó en su balance otras operaciones desarrolladas en diferentes partes de Colombia.
En Barrancabermeja, Santander, las autoridades decomisaron 6.000 mililitros de ketamina y 600 mililitros de fentanilo.
Los resultados forman parte de distintos operativos contra la producción, almacenamiento y distribución de sustancias ilegales desarrollados por la Fuerza Pública.
El Gobierno también informó sobre capturas relacionadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Santander.
Fuerzas de seguridad intervienen minería ilegal
Las operaciones reportadas este domingo incluyeron además acciones contra la minería ilegal.
De acuerdo con las cifras divulgadas por el presidente, las autoridades intervinieron siete unidades de producción minera y siete dragas utilizadas en actividades ilícitas.
La minería ilegal representa otro de los negocios vinculados en distintas regiones de Colombia con grupos armados y organizaciones criminales.
Además de producir ingresos, el uso de maquinaria pesada y sustancias contaminantes en estas actividades puede causar daños severos a ríos, suelos y comunidades cercanas.
El Gobierno ha incluido la destrucción o intervención de esta infraestructura dentro de su ofensiva contra las economías ilegales.
De la Espriella presume cifras desde que llegó al Gobierno
Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto de 2026 y desde entonces ha colocado la seguridad como uno de los ejes principales de su administración.
Según cifras entregadas por el propio mandatario, durante su primer mes de Gobierno se han realizado 14.914 capturas.
También reportó la incautación de 49.379 kilogramos de estupefacientes, así como 1.485 armas de fuego retiradas de circulación.
A esas cifras agregó la erradicación de 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca.
Se trata de estadísticas proporcionadas por el Gobierno colombiano como parte de su balance de seguridad y combate al narcotráfico.
Gobierno promete mantener ofensiva contra grupos armados
De la Espriella ha defendido desde la campaña presidencial una política de mayor utilización de la Fuerza Pública contra organizaciones armadas y estructuras criminales.
Tras informar sobre la operación militar en Nariño, el mandatario reiteró que su administración mantendrá las acciones ofensivas contra los grupos vinculados con el narcotráfico.
También advirtió que responderá con la fuerza del Estado ante ataques que provoquen la muerte de militares o policías.
Su estrategia marca una nueva etapa de la política de seguridad colombiana, con un incremento de operaciones militares de alto impacto durante las primeras semanas de su mandato.
Disidencias de las FARC siguen activas en Colombia
Las FARC firmaron en 2016 un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano que permitió la desmovilización de la mayor parte de la antigua organización guerrillera.
Sin embargo, distintos integrantes rechazaron el proceso o posteriormente regresaron a las armas.
De esas divisiones surgieron diferentes organizaciones conocidas generalmente como disidencias de las FARC, aunque no todas responden a una misma dirección.
El Estado Mayor Central se convirtió en una de las estructuras de mayor tamaño y presencia territorial.
Sus diferentes frentes mantienen actividad en regiones donde existen cultivos de coca, minería ilegal y rutas estratégicas para el tráfico de drogas.
El frente Franco Benavides, señalado en la operación de este domingo, mantiene presencia principalmente en el suroccidente de Colombia.
Nariño continúa como territorio estratégico
La situación de Nariño representa uno de los principales desafíos de seguridad para el Estado colombiano.
Su ubicación geográfica, con salida al océano Pacífico y frontera con Ecuador, convierte al departamento en un territorio estratégico para organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
En diferentes municipios existen además amplias áreas de cultivo de coca y corredores utilizados para movilizar drogas, armas y otros productos ilegales.
Por ello, el control territorial ha generado enfrentamientos entre distintas estructuras armadas.
La población civil ha quedado en muchas ocasiones atrapada en medio de esas disputas, con desplazamientos, amenazas y otras consecuencias derivadas de la violencia.
Bombardeos generan controversia por muerte de menores
La intensificación de las operaciones militares del nuevo Gobierno también ha generado cuestionamientos.
Uno de los casos más polémicos ocurrió el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, durante la denominada Operación Amón contra una estructura de las disidencias.
El bombardeo dejó diez integrantes de la organización armada muertos.
Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los fallecidos eran menores de edad: dos tenían 15 años y uno 16.
El Ministerio de Defensa sostuvo que los menores se encontraban participando en funciones de combate y condenó el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos armados.
El episodio abrió un nuevo debate sobre los límites de los bombardeos en zonas donde existe información sobre menores reclutados.
Jueza ordenó protección especial cuando haya menores
La controversia llegó también a los tribunales.
Una jueza de Bogotá ordenó provisionalmente al Gobierno, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar bombardeos contra objetivos cuando exista información sobre la presencia de menores reclutados o utilizados por organizaciones armadas.
La decisión exige evaluar alternativas menos lesivas mientras se resuelve de fondo la acción judicial que dio origen a la medida.
La orden no supone la suspensión general de las operaciones militares contra grupos armados, pero sí introduce una obligación específica cuando las autoridades tengan conocimiento de que niños o adolescentes podrían encontrarse en los objetivos.
El Gobierno sostiene que los grupos ilegales son responsables de reclutar menores, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos reclaman mayores precauciones para protegerlos.
Seguridad se convierte en uno de los primeros retos de De la Espriella
Apenas un mes después de asumir el poder, la política de seguridad del presidente De la Espriella comienza a adquirir características claramente definidas.
El mandatario ha apostado por aumentar la presión militar y policial contra estructuras armadas, narcotraficantes y organizaciones dedicadas a otras economías ilegales.
Los resultados anunciados este domingo en Nariño forman parte de esa estrategia.
Sin embargo, la forma en que el Gobierno desarrolle estas operaciones estará sometida también al escrutinio judicial y de organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente cuando exista riesgo para población civil o menores reclutados.
Operación militar en Nariño deja nuevo golpe a las disidencias
Por ahora, el balance presentado por las autoridades colombianas es de siete integrantes muertos y cinco capturados en El Peñol.
La operación militar en Nariño se suma a una serie de acciones desplegadas durante las primeras semanas de la nueva administración contra organizaciones armadas y redes vinculadas al narcotráfico.
A la operación contra el frente Franco Benavides se añaden la localización de cinco laboratorios de pasta base de coca, decomisos de insumos y acciones contra la minería ilegal.
El Gobierno promete continuar con la ofensiva.
El desafío será combinar esos resultados de seguridad con el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y la protección de civiles en territorios donde los grupos armados continúan disputando control, recursos y rutas del narcotráfico.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
