Lima, Perú.— La justicia peruana ordenó el archivo definitivo de una investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos. El proceso estaba relacionado con supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial de 2016.
La decisión se conoció este viernes 18 de septiembre y favorece al exmandatario, quien gobernó Perú entre 2016 y 2018.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptó el recurso presentado por su defensa. Además, ordenó cancelar los antecedentes generados por este proceso.
Archivan caso contra Kuczynski por lavado de activos
El tribunal concluyó que los hechos atribuidos al expresidente no constituían el delito de lavado de activos conforme a la legislación vigente cuando ocurrieron.
La resolución aplica criterios establecidos previamente por el Tribunal Constitucional en investigaciones relacionadas con el financiamiento electoral de Keiko Fujimori y Ollanta Humala.
Los magistrados consideraron que no correspondía aplicar de manera retroactiva una modalidad del delito incorporada en noviembre de 2016.
La campaña presidencial de Kuczynski ocurrió antes de que entrara en vigor esa modificación legal.
Fiscalía investigaba presuntos aportes irregulares
El Ministerio Público atribuía al expresidente distintas operaciones relacionadas con el financiamiento de su campaña electoral.
Entre los hechos investigados figuraban supuestos aportantes falsos y la recaudación de fondos mediante cenas.
La Fiscalía también cuestionaba préstamos realizados por el propio Kuczynski a su partido, Peruanos por el Kambio.
Otra parte de la investigación examinaba transferencias de dinero a los responsables financieros de la agrupación.
La acusación incluía presuntos delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir.
Sin embargo, la Sala de Apelaciones determinó que las conductas investigadas no permitían mantener esa imputación penal bajo los criterios jurídicos aplicables.
Tribunal ordena anular los antecedentes del expresidente
La resolución también dispone cancelar los antecedentes policiales, penales y judiciales derivados de este procedimiento.
Con esta decisión, Kuczynski deja de enfrentar la investigación penal relacionada con los aportes de su campaña presidencial de 2016.
No obstante, el archivo no significa que todas las investigaciones vinculadas al expresidente hayan concluido.
El tribunal también dejó abierta la posibilidad de que el Estado peruano mantenga una eventual reclamación de reparación civil, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Otro caso relacionado con Odebrecht fue archivado en mayo
La decisión se suma al archivo de otra investigación contra Kuczynski por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2011.
En mayo, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso el cierre de esa causa.
La Fiscalía investigaba un supuesto aporte de 300.000 dólares procedente de la constructora brasileña Odebrecht.
Según la hipótesis fiscal, el dinero habría salido de una estructura utilizada por la empresa para realizar pagos ilícitos.
El magistrado consideró que correspondía archivar el caso conforme a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.
Ambas decisiones corresponden a investigaciones sobre financiamiento electoral. No implican el cierre automático de otros procesos relacionados con el caso Odebrecht.
Fallos del Tribunal Constitucional marcan los procesos
Las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre financiamiento de campañas han tenido consecuencias en distintas investigaciones judiciales de Perú.
El organismo estableció que los tribunales deben respetar el principio de legalidad penal. Esto significa que una persona no puede recibir una sanción por una conducta que no estaba tipificada como delito cuando ocurrió.
Ese criterio resultó determinante para revisar los procesos relacionados con las campañas de 2011 y 2016.
En el caso de Kuczynski, la Sala de Apelaciones aplicó esa interpretación y aceptó los argumentos de su defensa.
De esta manera, archivan caso contra Kuczynski por presunto lavado de activos en su campaña de 2016. La decisión cierra ese procedimiento penal, aunque no resuelve otras causas que pudieran permanecer abiertas contra el exmandatario.
Escrita por Juan Antonio Roman Morales
