El Gobierno de Estados Unidos entregó este lunes 26 de enero de 2026 a las autoridades de El Salvador al exdiputado y excandidato presidencial Norman Quijano, quien fue condenado en 2024 a 13 años de prisión por negociar beneficios electorales con pandillas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Quijano fue candidato presidencial por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y se desempeñó como expresidente del Congreso salvadoreño.
Fiscalía confirma la entrega del exdirigente político
A través de un comunicado difundido en la red social X, la FGR informó que recibió a Quijano de manos de las autoridades estadounidenses.
“En este momento se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral”, indicó la Fiscalía.
Aunque no precisó si se trató de una extradición o deportación, la institución señaló que el exfuncionario será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la sentencia dictada por la justicia salvadoreña.
Condena fue dictada tras juicio en ausencia
Norman Quijano fue juzgado en ausencia por un tribunal salvadoreño. Durante el proceso, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales, además de audios y videos.
Según el expediente, dichas pruebas demostraron reuniones directas con líderes de pandillas y negociaciones a cambio de votos, incluso antes de la segunda vuelta electoral de 2014.
Pagos a pandillas y consecuencias políticas
La FGR sostuvo que Quijano habría entregado 50.000 dólares y dos pagos adicionales de 25.000 dólares a las principales pandillas del país. Pese a ello, perdió la elección presidencial de 2014 frente al entonces candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén.
La condena fue emitida por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, que también inhabilitó a Quijano para ejercer cargos públicos. Además, el Congreso salvadoreño le retiró la inmunidad constitucional como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Caso de alto impacto político en El Salvador
La entrega de Quijano marca un nuevo capítulo en uno de los casos más relevantes sobre vínculos entre política y pandillas en El Salvador. Las autoridades destacaron que el proceso reafirma la aplicación de la justicia, incluso contra figuras de alto perfil político.
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