Un informe interno menciona posibles vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, contrabando y tráfico de migrantes. El Gobierno enviará el documento a la Fiscalía.
Por Acaface
San José, Costa Rica.— La investigación a policías en Costa Rica alcanzará a 116 agentes mencionados en un informe de inteligencia por sus posibles vínculos con organizaciones criminales.
La presidenta Laura Fernández anunció que el Gobierno revisará cada uno de los casos. Además, aseguró que su administración no tolerará actos de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad.
El documento procede de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública. Esta unidad analiza información sobre delitos, riesgos y operaciones de las estructuras criminales que actúan en el país.
Los nombres incluidos en el informe no representan por sí solos una acusación formal. Las autoridades deberán comprobar cada señalamiento mediante investigaciones administrativas o penales.
Investigación a policías en Costa Rica llegará a la Fiscalía
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, anunció que entregará el informe al Ministerio Público.
La Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir causas penales. También podrá solicitar documentos, entrevistar testigos y coordinar diligencias con el Organismo de Investigación Judicial.
Campos dijo que el Gobierno revisará por qué las autoridades anteriores no tramitaron el documento. Según la información divulgada, la Dirección de Inteligencia entregó el informe el 14 de abril a dos funcionarios de la administración de Rodrigo Chaves.
Chaves dejó la Presidencia en mayo de 2026. Sin embargo, continúa dentro del Ejecutivo como ministro de la Presidencia y de Hacienda, dos cargos que ejerce de forma simultánea en el Gobierno de Fernández.
La revisión deberá establecer quién recibió el documento y qué obligaciones tenía. La ausencia de una investigación previa tampoco prueba, por sí misma, que existió encubrimiento.
Informe menciona posibles servicios para grupos criminales
De acuerdo con el reporte difundido por La Nación, algunos agentes habrían prestado servicios de protección o escolta a integrantes de organizaciones criminales.
El documento también menciona posibles vínculos con redes de narcotráfico, contrabando de bebidas alcohólicas y tráfico ilícito de migrantes.
Otros policías habrían colaborado en la coordinación de aterrizajes clandestinos de aeronaves. Las autoridades investigan desde hace años el uso de pistas improvisadas para trasladar drogas o dinero dentro del país.
Sin embargo, estos señalamientos todavía deben verificarse. El Gobierno no reveló los nombres, unidades o regiones donde trabajan los 116 agentes.
Tampoco informó si alguno quedó suspendido mientras avanzan las pesquisas. Una medida de ese tipo debe respetar las normas laborales, administrativas y penales aplicables.
Fernández promete sanciones contra la corrupción
Laura Fernández afirmó que los agentes que cometan delitos no representan al conjunto de las fuerzas de seguridad.
La mandataria asumió la Presidencia el 8 de mayo de 2026. Desde el comienzo de su administración, presentó una estrategia de “mano dura” contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Su Gobierno también propuso leyes para castigar la pertenencia a organizaciones criminales, cerrar pistas clandestinas y aumentar las sanciones contra la reincidencia.
No obstante, cualquier agente señalado conserva la presunción de inocencia. Las sanciones penales solamente podrán aplicarse después de una investigación y una sentencia judicial.
Otros policías enfrentan investigaciones separadas
El informe de los 116 agentes aparece en medio de otros casos relacionados con posibles infiltraciones criminales.
A finales de julio, la Operación Leviatán abrió una investigación contra nueve policías por supuestamente colaborar con una red internacional de narcotráfico. Esa causa es independiente del documento ahora divulgado.
En otro proceso, la Fiscalía acusó a cinco agentes de realizar acciones que habrían beneficiado a la organización del narcotraficante Alejandro Arias, alias “Diablo”.
Además, un informe de la Contraloría advirtió que 2 mil 762 policías contratados durante cuatro años ingresaron sin controles de reclutamiento basados en un análisis de riesgos.
Estos antecedentes no implican que toda la policía costarricense esté infiltrada. Sin embargo, muestran la necesidad de fortalecer los controles internos, la supervisión patrimonial y las pruebas de confianza.
Costa Rica enfrenta el avance del narcotráfico
Costa Rica atraviesa una transformación de su panorama de seguridad. Las autoridades atribuyen gran parte de la violencia reciente a disputas entre organizaciones dedicadas al tráfico internacional y local de drogas.
El país registra actualmente un promedio cercano a dos homicidios diarios. Además, su tasa de asesinatos se duplicó durante la última década, según datos citados por Reuters.
Las organizaciones criminales aprovechan la ubicación de Costa Rica entre Sudamérica, México y Estados Unidos. También utilizan sus costas y puertos para trasladar cocaína hacia otros mercados.
La investigación a policías en Costa Rica deberá establecer si los 116 agentes colaboraron realmente con esas estructuras o si algunos fueron incluidos por información incompleta.
El reto será avanzar con rapidez sin sustituir las pruebas por acusaciones públicas. La transparencia sobre el proceso resultará clave para proteger tanto a la ciudadanía como a los policías que cumplen sus funciones dentro de la ley.
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Escrito por Juan Antonio Román Morales
