CIUDAD DE MÉXICO.— El reclutamiento de jóvenes en México se ha convertido en uno de los mayores desafíos para cualquier estrategia que busque reducir de manera duradera la violencia del crimen organizado.
Detener integrantes de los cárteles puede reducir temporalmente su capacidad operativa. Sin embargo, si las organizaciones consiguen sustituir rápidamente a quienes pierden por arrestos, homicidios, desapariciones o abandonos, la estructura puede sobrevivir.
Un estudio publicado en la revista Science estimó que, en 2022, los cárteles mexicanos reunían entre 160,000 y 185,000 integrantes y necesitaban reclutar entre 350 y 370 personas cada semana para compensar sus pérdidas.
La cifra no procede de un censo oficial de criminales reclutados. Es el resultado de un modelo matemático elaborado a partir de información sobre homicidios, desapariciones, encarcelamientos y conflictos entre grupos.
Su conclusión, sin embargo, plantea una pregunta fundamental: ¿qué pasaría si el Estado consiguiera reducir el flujo de nuevos integrantes?
Reclutamiento de jóvenes en México alimenta a los cárteles
La investigación de Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope llegó a una conclusión poco intuitiva.
Aumentar únicamente las detenciones no necesariamente reduce la violencia.
El modelo encontró que las organizaciones pueden responder a las pérdidas intensificando el reclutamiento y los conflictos internos. En cambio, reducir la incorporación de nuevos miembros produjo mejores resultados en las simulaciones para disminuir tanto el tamaño de los cárteles como la violencia.
Esto no significa que las detenciones sean innecesarias.
Significa que una estrategia enfocada exclusivamente en detener al último integrante de una organización puede resultar insuficiente si los reclutadores continúan encontrando sustitutos.
El psicólogo forense Aurelio Coronado Mares plantea precisamente esa dificultad: las organizaciones necesitan reemplazar de manera continua a quienes dejan de operar.
Por ello, combatir el reclutamiento implica actuar antes de que una persona termine dentro de una estructura criminal.
No todos los jóvenes ingresan de la misma manera
Uno de los principales errores sería asumir que todas las personas reclutadas toman libremente la misma decisión.
Las organizaciones pueden atraer a jóvenes mediante promesas de dinero, reconocimiento, pertenencia o movilidad económica.
Pero también existen captaciones mediante falsas ofertas laborales, amenazas, endeudamiento, relaciones afectivas, intimidación contra familiares o control territorial.
Las redes sociales y otras plataformas digitales han añadido nuevas vías de contacto.
Esto obliga a diferenciar entre personas que participan voluntariamente en actividades delictivas y aquellas que fueron captadas mediante engaño, coerción o violencia.
Esa distinción es particularmente importante cuando existen niñas, niños y adolescentes involucrados.
México ni siquiera conoce todavía la dimensión completa
El problema comienza con una carencia básica: México no cuenta con un registro nacional específico que permita conocer con precisión cuántos menores y jóvenes son reclutados por organizaciones criminales.
Las instituciones contabilizan homicidios, personas desaparecidas, detenciones y otros delitos.
Pero esos registros no necesariamente reconstruyen qué ocurrió antes.
No siempre permiten saber quién contactó a una persona, cómo fue incorporada, si existieron amenazas, si hubo una oferta laboral falsa o si tenía realmente posibilidad de abandonar la organización.
La falta de esa información dificulta identificar patrones y construir políticas preventivas dirigidas específicamente hacia las comunidades con mayor riesgo.
Plan Cuautla intenta intervenir antes del reclutamiento
El Gobierno federal comenzó a aplicar durante julio de 2026 una estrategia particular en Cuautla, Morelos.
El llamado Plan Cuautla combina operaciones de seguridad con educación, empleo, programas sociales y recuperación de espacios públicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una búsqueda casa por casa de jóvenes fuera de la escuela o el mercado laboral.
También planteó construir hasta 10 nuevas preparatorias públicas y ampliar la presencia de Jóvenes Construyendo el Futuro en el municipio.
La lógica es preventiva.
Si un adolescente puede continuar estudiando y un joven dispone de una alternativa laboral formal, el crimen organizado pierde parte de su capacidad para presentarse como única opción económica disponible.
Guardia Nacional también forma parte del Plan Cuautla
La estrategia no elimina la acción policial.
El 31 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el despliegue de 394 elementos y 79 unidades de instituciones federales, estatales y municipales.
Los operativos comenzaron en 14 colonias y se enfocaron principalmente en homicidios, extorsión y cobro de piso.
Esto refleja los dos componentes del plan.
Por una parte, policías, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas buscan reducir la capacidad inmediata de las organizaciones.
Por otra, programas sociales intentan reducir la cantidad de personas disponibles para ser reclutadas.
La efectividad dependerá de que ambos elementos funcionen simultáneamente.
Empleo debe convertirse en una alternativa real
Una de las acciones más recientes ocurrió el 26 de agosto.
La Feria Nacional de Empleo para las Juventudes de Cuautla reunió alrededor de 40 empresas y ofreció cerca de 400 vacantes en sectores comerciales, industriales, turísticos, educativos y agropecuarios.
La estrategia también incorporó Jóvenes Construyendo el Futuro.
Este programa atiende a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan y ofrece hasta 12 meses de capacitación en un centro laboral.
En 2026, el apoyo mensual es de 9,582.47 pesos, además de cobertura médica del IMSS.
El Gobierno federal esperaba incorporar a 500,000 jóvenes durante todo 2026. Para junio ya participaban más de 362,000.
Tener programas no demuestra todavía que reduzcan reclutamiento
Aquí aparece uno de los principales retos.
Una feria de empleo puede contabilizar asistentes y vacantes.
Un programa social puede informar cuántos beneficiarios tiene.
La policía puede reportar operativos y detenciones.
Pero ninguna de esas cifras demuestra automáticamente que el reclutamiento de jóvenes en México disminuyó.
Para evaluar verdaderamente el Plan Cuautla deberían medirse otros indicadores.
Por ejemplo, cuántos jóvenes identificados como población de riesgo regresaron a estudiar, cuántos consiguieron y conservaron un empleo, cuántos abandonaron entornos criminales y cuántos casos de captación fueron detectados.
También sería necesario medir si disminuyen desapariciones, homicidios y reclutamientos en las zonas intervenidas.
Sin esa evaluación, existe el riesgo de confundir actividad gubernamental con resultados.
Escuela y empleo son necesarios, pero no suficientes
Una estrategia preventiva tampoco puede reducirse a organizar deportes o entregar becas.
Los factores que colocan a una persona en riesgo pueden ser mucho más complejos.
Además de educación y empleo, una política integral necesita considerar:
- atención psicológica y salud mental;
- acompañamiento de familias vulnerables;
- protección para jóvenes amenazados;
- prevención de adicciones;
- espacios públicos seguros;
- mecanismos confiables de denuncia;
- oportunidades laborales con ingresos sostenibles;
- intervención temprana en escuelas;
- protección frente al reclutamiento digital.
El objetivo debería ser que permanecer fuera de una organización criminal sea materialmente posible.
Ofrecer una actividad temporal mientras una estructura criminal continúa controlando el barrio y amenazando a la familia probablemente tendrá un efecto limitado.
México tiene todavía un vacío penal
Existe además un problema jurídico.
Distintas iniciativas presentadas este año en la Cámara de Diputados reconocen que el Código Penal Federal no cuenta actualmente con un tipo penal autónomo y específico para el reclutamiento criminal de niñas, niños y adolescentes.
Sí existen figuras que pueden aplicarse dependiendo de las circunstancias, como corrupción de menores, trata de personas, amenazas, secuestro o delincuencia organizada.
Pero legisladores han argumentado que estas normas no abarcan de manera integral todas las formas de captación y utilización criminal.
Una iniciativa presentada en marzo propone castigar con 12 a 20 años de prisión a quien incorpore a un menor mediante fuerza, amenaza, engaño, coacción, abuso de poder o aprovechamiento de su vulnerabilidad para participar en delitos.
La propuesta también incluye expresamente captación mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas digitales, foros y videojuegos.
Pero todavía se trata de una iniciativa legislativa.
Castigar al reclutador, no únicamente al reclutado
La ausencia de un delito específico genera otro problema.
Cuando las autoridades detienen a un joven realizando actividades para un grupo criminal, la investigación puede terminar concentrándose exclusivamente en esa persona.
Pero detrás puede existir una estructura completa.
¿Quién lo contactó?
¿Quién ofreció el trabajo?
¿Quién proporcionó transporte?
¿Quién lo amenazó?
¿Quién administra los perfiles digitales utilizados para reclutar?
¿Quién entrega armas?
¿Quién recibe finalmente el beneficio económico de sus actividades?
Investigar estas cadenas permitiría pasar del último eslabón hacia los responsables de mantener funcionando el sistema de reclutamiento.
Esa es la perspectiva de macrocriminalidad señalada por especialistas: investigar organizaciones y redes, no solamente individuos aislados.
Menores reclutados también pueden ser víctimas
El enfoque es especialmente importante cuando existen menores de edad.
Un adolescente encontrado dentro de una organización puede haber cometido actos graves y, al mismo tiempo, haber sido víctima de reclutamiento, amenazas o explotación.
Tratar automáticamente a todos los jóvenes encontrados en estructuras criminales como integrantes plenamente voluntarios puede ocultar la forma en que llegaron ahí.
Esto no implica eliminar toda responsabilidad jurídica.
Significa que la respuesta institucional debe investigar simultáneamente los delitos cometidos y las condiciones de captación.
Reconocer el reclutamiento como una forma específica de violencia permitiría también desarrollar mecanismos de protección, rehabilitación y reinserción para quienes consiguen salir.
Prevenir exige detectar señales antes de que sea tarde
Escuelas, familias y comunidades pueden convertirse en puntos fundamentales de prevención.
Abandono escolar repentino, aparición inexplicable de dinero, ofertas laborales demasiado atractivas, viajes sin información clara, contacto persistente de desconocidos por redes sociales o amenazas contra la familia pueden requerir atención.
Pero una campaña de prevención solo funciona si denunciar es seguro.
Un joven difícilmente informará sobre un reclutador si cree que su identidad terminará siendo conocida por la propia organización.
Por eso, los sistemas de denuncia deben acompañarse de inteligencia policial, protección efectiva y capacidad real para intervenir.
Plan Cuautla puede convertirse en laboratorio nacional
El Plan Cuautla tiene elementos que especialistas consideran necesarios: escuela, empleo, seguridad, intervención territorial, actividades comunitarias y presencia institucional.
Su potencial como modelo nacional dependerá ahora de los resultados.
No basta con instalar programas.
El Gobierno necesitará demostrar que consigue identificar a jóvenes vulnerables antes que los grupos criminales, mantenerlos en la escuela, ofrecer empleos sostenibles y proteger a quienes estén amenazados.
También deberá investigar sistemáticamente a quienes reclutan.
Si Cuautla consigue medir una disminución real de captación criminal, la experiencia podría adaptarse a otras regiones.
Si únicamente genera más operativos y programas sin evaluación, será difícil saber si realmente funcionó.
Reclutamiento de jóvenes en México exige cambiar la estrategia
El reclutamiento de jóvenes en México revela una debilidad central de las políticas tradicionales contra el crimen organizado.
Una organización puede sobrevivir a la captura de decenas de integrantes si dispone de cientos de posibles reemplazos.
El estudio publicado en Science estimó precisamente que los cárteles necesitaban incorporar entre 350 y 370 personas por semana en 2022 para mantener su funcionamiento frente a las pérdidas.
El dato es una estimación científica, no un conteo oficial. Pero su mensaje es relevante.
México necesita perseguir a los líderes, operadores y estructuras financieras de las organizaciones criminales.
También necesita detener a quienes reclutan.
Pero, al mismo tiempo, debe conseguir algo más difícil: llegar a los jóvenes antes que el crimen organizado.
Eso requiere escuelas accesibles, empleos reales, protección frente a amenazas, salud mental, recuperación de espacios públicos, investigación de las redes de captación y una legislación capaz de reconocer específicamente el reclutamiento criminal.
El éxito no debería medirse únicamente en detenciones.
La señal más importante sería que, año tras año, cada vez menos jóvenes mexicanos estén disponibles, obligados o dispuestos a ocupar el lugar que dejó el último integrante de un cártel detenido o muerto.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
