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TPS para venezolanos en Estados Unidos: Trump recurre

El Gobierno de Donald Trump presentó una solicitud urgente ante la Corte Suprema para impedir que cientos de miles de venezolanos recuperen la protección contra la deportación y los permisos de trabajo. La administración advierte que la restitución podría afectar procedimientos migratorios, mientras organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan la legalidad de la cancelación del programa.

Washington, Estados Unidos, 18 de noviembre de 2026.– El TPS para venezolanos en Estados Unidos enfrenta una nueva disputa judicial después de que el Gobierno de Donald Trump solicitara a la Corte Suprema suspender una sentencia que ordena recuperar las protecciones migratorias.

La petición fue presentada este miércoles por el Departamento de Justicia, en medio de un litigio que afecta a cientos de miles de personas originarias de Venezuela.

La administración estadounidense busca mantener suspendida una resolución federal que cuestionó la decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Este programa permite a determinados extranjeros permanecer temporalmente en Estados Unidos, contar con protección contra la deportación y obtener autorización para trabajar.

El Gobierno sostiene que restablecerlo dificultaría la ejecución de órdenes migratorias y obligaría a liberar a personas actualmente detenidas.

Sin embargo, la Alianza Nacional TPS y organizaciones defensoras de inmigrantes consideran que la eliminación de estas protecciones fue contraria a la legislación federal.

El conflicto se desarrolla mientras los tribunales continúan examinando las facultades del Departamento de Seguridad Nacional para modificar programas de protección humanitaria.

TPS para venezolanos en Estados Unidos: ¿qué solicita Trump?

El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia para suspender los efectos de una sentencia emitida por un tribunal federal de California.

La resolución cuestionó la cancelación del programa de protección para venezolanos, impulsada durante la administración Trump.

El Gobierno pidió a la Corte Suprema mantener la suspensión judicial mientras continúa el proceso de apelación.

La solicitud fue presentada por el procurador general D. John Sauer, en representación del Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades federales.

El expediente identifica como uno de los solicitantes a Markwayne Mullin, actual secretario de Seguridad Nacional.

Según el escrito, permitir que la sentencia entre en vigor ocasionaría dificultades inmediatas para ejecutar la política migratoria.

El Gobierno también argumenta que las decisiones sobre la terminación del TPS deben recibir un amplio margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, los demandantes sostienen que la administración actuó fuera de los límites establecidos por la legislación.

Gobierno advierte sobre la posible liberación de 1,800 migrantes

Uno de los argumentos principales de la administración Trump se refiere a las personas que actualmente permanecen detenidas.

Según el Departamento de Justicia, restablecer la protección podría obligar a liberar a aproximadamente 1,800 venezolanos bajo custodia migratoria.

Las autoridades aseguran que esas personas quedarían protegidas frente a determinadas medidas de detención y expulsión.

El escrito gubernamental sostiene que posteriormente podría resultar difícil localizarlas si los tribunales vuelven a permitir su deportación.

Sin embargo, esa afirmación representa un argumento de la administración y no una conclusión judicial sobre el comportamiento de las personas detenidas.

Además, la cifra de 1,800 constituye una estimación del Gobierno.

No se ha dictado una orden general que disponga la liberación inmediata de todas esas personas.

El efecto jurídico dependerá de las decisiones de los tribunales y de las circunstancias individuales de cada expediente.

La administración también busca mantener 332 órdenes de deportación

El Departamento de Justicia advirtió que la recuperación del TPS podría impedir la ejecución de hasta 332 órdenes definitivas de expulsión.

Estas órdenes forman parte de los procedimientos que el Gobierno pretende mantener activos.

Los abogados federales consideran que restablecer las protecciones alteraría las decisiones adoptadas durante los meses en que el programa estuvo suspendido.

También argumentan que la medida podría obligar a recuperar autorizaciones de empleo para personas que habían perdido ese beneficio.

Desde la perspectiva gubernamental, esos cambios generarían dificultades administrativas.

En contraste, las organizaciones demandantes sostienen que los perjuicios sufridos por los beneficiarios deben considerarse al evaluar el caso.

Entre las consecuencias que denuncian figuran detenciones, separaciones familiares y deportaciones.

El tribunal deberá determinar qué medidas corresponden mientras se resuelve el litigio.

¿Qué es el Estatus de Protección Temporal?

El TPS es un programa migratorio estadounidense creado mediante legislación aprobada en 1990.

Su finalidad consiste en brindar protección temporal a personas originarias de países que enfrentan circunstancias extraordinarias.

Entre las razones para otorgarlo se encuentran conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones que dificultan el retorno seguro.

Los beneficiarios pueden permanecer legalmente durante el periodo autorizado por la designación.

También pueden solicitar permisos de trabajo.

Sin embargo, el TPS no equivale a obtener residencia permanente ni concede automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Además, las personas deben cumplir requisitos individuales para acceder al beneficio.

Las designaciones pueden ampliarse, prorrogarse o terminarse conforme al marco legal aplicable.

Precisamente, el alcance de las facultades del Gobierno para modificar esas designaciones constituye el centro del litigio actual.

¿Por qué Estados Unidos concedió TPS a venezolanos?

La primera designación del TPS para Venezuela comenzó en marzo de 2021, durante la administración de Joe Biden.

El Gobierno estadounidense consideró que las condiciones políticas, económicas y humanitarias dificultaban el retorno seguro de numerosos ciudadanos venezolanos.

Posteriormente, en septiembre de 2023, amplió la protección mediante una nueva designación que permitió incorporar a más personas.

La medida respondió a las condiciones extraordinarias que continuaban afectando al país sudamericano.

En enero de 2025, poco antes del cambio de administración, el Gobierno de Biden anunció una extensión de la designación de 2023 hasta octubre de 2026.

Sin embargo, después de asumir la Presidencia, Donald Trump impulsó la revocación de esa extensión y la terminación de las protecciones correspondientes.

Las decisiones provocaron demandas judiciales por parte de organizaciones y beneficiarios.

Desde entonces, el programa se encuentra involucrado en diferentes procedimientos ante tribunales federales.

¿Cuántos venezolanos están afectados por la disputa?

De acuerdo con Associated Press, aproximadamente 600,000 venezolanos han recibido protección mediante el TPS.

La cifra comprende beneficiarios de las distintas designaciones del programa.

Sin embargo, no equivale necesariamente al número de personas que actualmente permanecen en Estados Unidos o que recuperarían automáticamente sus documentos.

Después de la cancelación de las protecciones, algunos venezolanos enfrentaron procesos de deportación.

Otros fueron detenidos o abandonaron voluntariamente el país.

También se registraron consecuencias sobre los permisos de trabajo.

Por ello, las cifras actuales de beneficiarios efectivos pueden diferir de las estimaciones históricas.

La cantidad de personas protegidas dependerá del alcance de las resoluciones judiciales y de sus situaciones migratorias particulares.

¿Cómo comenzó el enfrentamiento judicial?

La Alianza Nacional TPS y varios beneficiarios presentaron una demanda contra la cancelación del programa.

Los demandantes cuestionaron la decisión de Kristi Noem, entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Argumentaron que el Gobierno había excedido sus facultades al anular una extensión previamente aprobada.

En septiembre de 2025, el juez federal Edward Chen, de California, emitió una resolución favorable a los demandantes.

El magistrado concluyó que las decisiones de la administración habían vulnerado requisitos legales aplicables a las agencias federales.

Sin embargo, el Gobierno apeló la sentencia.

La controversia llegó a la Corte Suprema, que autorizó temporalmente mantener suspendidos los efectos de la resolución.

El proceso continuó durante 2026 y regresó al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

El expediente actualmente se identifica como National TPS Alliance contra Mullin.

¿Por qué el caso regresó a la Corte Suprema?

El 5 de octubre de 2026, la Corte Suprema anuló una decisión anterior del Noveno Circuito y le ordenó reconsiderar el asunto.

Los magistrados solicitaron tener en cuenta otro precedente relacionado con la cancelación del TPS para ciudadanos de Haití y Siria.

Esa decisión anterior examinó los límites de la revisión judicial sobre determinadas actuaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

La administración Trump considera que ese precedente respalda su posición.

Por su parte, los abogados de los beneficiarios sostienen que la controversia venezolana presenta cuestiones jurídicas diferentes.

En particular, cuestionan que el Gobierno pudiera dejar sin efecto una extensión del TPS previamente autorizada.

El litigio continúa abierto porque los tribunales todavía deben resolver cómo se aplica el precedente a las circunstancias del caso.

Una nueva suspensión judicial modifica el plazo del 20 de noviembre

Inicialmente, el Gobierno advirtió que una suspensión temporal vencería el viernes 20 de noviembre de 2026.

Según el Departamento de Justicia, la expiración de esa medida podría permitir que la sentencia federal recuperara sus efectos.

Sin embargo, el mismo miércoles 18 de noviembre ocurrió una novedad importante.

De acuerdo con un comunicado de UCLA School of Law, cuyos especialistas representan a personas demandantes, el Noveno Circuito emitió una nueva suspensión administrativa.

La medida prolonga provisionalmente la suspensión de los efectos de la sentencia hasta siete días después de que ese tribunal emita una próxima decisión.

Por lo tanto, el vencimiento del 20 de noviembre dejó de ser una fecha automática para el restablecimiento del beneficio.

La situación continúa sujeta a la revisión judicial.

La solicitud presentada ante la Corte Suprema sigue siendo relevante, pero el nuevo pronunciamiento del tribunal de apelaciones modifica la urgencia inmediata descrita en el escrito gubernamental.

Organizaciones defensoras de inmigrantes rechazan la petición

La Alianza Nacional TPS cuestionó el nuevo recurso presentado por la administración Trump.

Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, sostuvo que no existen fundamentos suficientes para solicitar otra intervención extraordinaria de la Corte Suprema.

La representante legal considera que el Tribunal de Apelaciones debe continuar examinando el caso.

También afirmó que la suspensión de las protecciones ha generado consecuencias importantes para las familias venezolanas.

Los abogados de los demandantes denuncian separaciones familiares y dificultades laborales.

Además, han documentado casos de personas que fueron deportadas después de perder el amparo migratorio.

Estas organizaciones consideran que la legalidad de las decisiones gubernamentales debe recibir una revisión judicial completa.

Sin embargo, el Ejecutivo mantiene que la administración migratoria corresponde a las autoridades facultadas por el Congreso.

La disputa también afecta los permisos de trabajo

La protección contra la deportación no constituye el único beneficio relacionado con el TPS.

Las personas que reúnen los requisitos también pueden obtener autorizaciones de empleo.

Estos documentos permiten trabajar legalmente durante el periodo correspondiente.

Por ello, la cancelación del programa puede afectar las relaciones laborales de sus beneficiarios.

Algunas personas podrían enfrentar dificultades para conservar sus empleos cuando sus permisos pierden validez.

También pueden surgir problemas administrativos para los empleadores que deben verificar la autorización laboral.

Sin embargo, las consecuencias no son idénticas en todos los casos.

Algunos extranjeros pueden contar con otros permisos o categorías migratorias independientes.

Por esa razón, los beneficiarios necesitan revisar su documentación y las disposiciones oficiales que correspondan a su situación.

¿Qué sucederá con los venezolanos que tienen TPS?

La decisión definitiva todavía no se conoce.

La Corte Suprema deberá considerar si interviene nuevamente en la controversia.

Mientras tanto, el Noveno Circuito mantiene un proceso de revisión acelerada.

Los jueces examinarán los argumentos de la administración y de las personas demandantes.

Entre los puntos centrales se encuentra determinar si la cancelación del programa respetó las disposiciones legales.

También deben establecerse los efectos de las resoluciones anteriores sobre la protección de los beneficiarios.

Por ahora, no existe una orden judicial definitiva que garantice el restablecimiento inmediato del TPS para todas las personas venezolanas.

Tampoco puede afirmarse que cada beneficiario será deportado si el Gobierno obtiene una resolución favorable.

Las consecuencias dependen de las circunstancias individuales y de otros posibles mecanismos de protección migratoria.

El caso representa una controversia importante sobre los límites de las facultades presidenciales y la protección humanitaria de los extranjeros.

Escrita por Juan Antonio Roman Morales

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