El primer ciclo de negociaciones dejó un acuerdo para abrir nuevamente las postulaciones de magistrados, ampliar los mecanismos de revisión de candidatos y avanzar en la reforma del sistema judicial.
CARACAS.— El TSJ de Venezuela será sometido a un nuevo proceso de renovación después de que representantes del chavismo y un sector de la oposición alcanzaran uno de los primeros acuerdos concretos del diálogo político respaldado por Estados Unidos.
La decisión contempla abrir nuevamente las postulaciones para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y modificar los mecanismos utilizados para evaluar a quienes aspiren a integrar la máxima instancia judicial del país.
Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación vinculada con la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015, informó sobre los compromisos alcanzados al finalizar este primer ciclo de conversaciones.
El oficialismo participa mediante una delegación encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la actual Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Estados Unidos ha respaldado el proceso como parte de una ruta orientada a recuperar instituciones electorales y judiciales antes de futuras elecciones.
TSJ de Venezuela tendrá un nuevo proceso de selección
Uno de los puntos principales establece la apertura de un nuevo proceso de postulaciones para renovar a los integrantes del Tribunal Supremo.
El acuerdo también plantea modificar y ampliar el comité encargado de evaluar las postulaciones judiciales.
Además, las partes acordaron crear un consejo para revisar las credenciales y requisitos de quienes aspiren a convertirse en magistrados.
La evaluación deberá considerar las condiciones establecidas en la Constitución, la legislación venezolana y los criterios definidos para medir la idoneidad de los candidatos.
El objetivo declarado es aumentar la confianza en una institución cuestionada durante años por sectores opositores debido a su cercanía con el chavismo.
La renovación del Tribunal Supremo ya formaba parte de las conversaciones iniciadas entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera desde junio. Estados Unidos señaló entonces que la reconstrucción de las instituciones democráticas y el fortalecimiento del sistema electoral figuraban entre las prioridades del proceso.
Acuerdo modifica un proceso iniciado en mayo
La renovación judicial no comenzó con esta mesa de diálogo.
En mayo, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo inició una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
La propuesta buscaba aumentar de 20 a 32 el número de magistrados del máximo tribunal. La iniciativa fue aprobada inicialmente por el Parlamento como parte de una transformación más amplia del sistema judicial.
Posteriormente, Delcy Rodríguez anunció una consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal y reconoció problemas como corrupción y retrasos procesales dentro del sistema.
El nuevo acuerdo político cambia el escenario.
En lugar de limitarse al proceso impulsado unilateralmente desde el Parlamento, las partes negociadoras acordaron reiniciar las postulaciones y establecer nuevos mecanismos de revisión.
La independencia judicial está en el centro del debate
El TSJ de Venezuela ocupa un lugar central dentro de la crisis institucional que atraviesa el país desde hace años.
El máximo tribunal ha emitido decisiones que tuvieron consecuencias directas sobre la oposición y sobre procesos electorales.
Después de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024, por ejemplo, la Sala Electoral confirmó los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro.
La oposición denunció fraude y aseguró que sus propias actas demostraban la victoria de Edmundo González Urrutia. El tribunal, integrado entonces por magistrados considerados cercanos al oficialismo, convalidó los resultados publicados por el organismo electoral.
Por ello, la renovación de las instituciones judiciales y electorales se convirtió posteriormente en una de las principales demandas de los sectores opositores.
Dinorah Figuera ha sostenido que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo requieren transformaciones para recuperar credibilidad antes de celebrar nuevas elecciones.
Estados Unidos respalda el diálogo venezolano
Las conversaciones actuales tienen una característica diferente frente a otros procesos de negociación realizados durante las últimas décadas: el peso directo de Washington.
Estados Unidos respaldó públicamente desde junio los contactos entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera y planteó como prioridades reconstruir las instituciones democráticas, fortalecer el Consejo Nacional Electoral y garantizar libertades políticas.
Las negociaciones comenzaron después de un cambio profundo en el escenario venezolano.
Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Desde entonces, Washington ha aumentado considerablemente su influencia sobre el proceso político venezolano.
La mesa actual pretende avanzar gradualmente hacia condiciones que permitan convocar elecciones con mayores garantías.
Sin embargo, todavía no existe un calendario presidencial definitivo.
María Corina Machado permanece fuera de la negociación
Una de las principales críticas al proceso es la ausencia de María Corina Machado.
La dirigente opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, no integra la delegación encabezada por Figuera. Actualmente se encuentra fuera de Venezuela y ha manifestado su intención de regresar al país y volver a competir por la Presidencia.
Machado y Edmundo González Urrutia han señalado que no fueron responsables del diseño de estas conversaciones.
Sin embargo, ambos aseguraron que no serán un obstáculo para cualquier iniciativa que produzca resultados concretos y verificables.
Entre sus condiciones mencionaron la recuperación de instituciones democráticas, liberación de presos políticos, garantías para todos los actores y un calendario para nuevas elecciones presidenciales.
La postura mantiene abierta la posibilidad de que sectores actualmente excluidos puedan incorporarse más adelante.
Manifestantes exigen elecciones y mayor transparencia
Mientras las delegaciones negociaban, sectores sociales cuestionaron el hermetismo con el que se han desarrollado las conversaciones.
Manifestantes en Caracas reclamaron información pública sobre los compromisos alcanzados y exigieron que el proceso conduzca finalmente a unas nuevas elecciones presidenciales.
También plantearon demandas relacionadas con presos políticos, salarios y condiciones económicas.
Estas protestas reflejan uno de los principales desafíos de la negociación: conseguir que los acuerdos institucionales tengan legitimidad más allá de quienes están sentados en la mesa.
La propia Machado y González Urrutia habían pedido previamente que los negociadores explicaran públicamente los objetivos, metodología y calendario del proceso.
El acuerdo judicial es apenas el primer paso
La renovación del TSJ de Venezuela representa uno de los primeros resultados concretos del nuevo diálogo, pero todavía quedan asuntos de mayor alcance pendientes.
La transformación del Consejo Nacional Electoral figura entre los principales puntos de la agenda.
También deberán discutirse garantías de participación política, derechos civiles, presos políticos y las condiciones necesarias para organizar futuras elecciones.
El proceso ocurre además mientras Venezuela intenta recuperarse de los devastadores terremotos registrados en junio, una emergencia que también fue incorporada a las conversaciones políticas.
AcaFace ha documentado previamente las consecuencias de los terremotos y los cuestionamientos a la respuesta gubernamental, en un escenario que añade presión social y económica al proceso político.
Los negociadores adelantaron que la ejecución de los compromisos comenzará durante agosto y que se establecerá un mecanismo de seguimiento para verificar su cumplimiento.
La verdadera prueba será comprobar si la renovación judicial produce un tribunal con mayor independencia y credibilidad.
También quedará por determinar si este primer acuerdo permite avanzar hacia la cuestión que continúa dominando el debate político venezolano: cuándo y bajo qué condiciones los ciudadanos podrán volver a elegir presidente.
Escrito por Juan Antonio Román Morales
