La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de una mujer ocurrida en 1997, durante el programa de planificación familiar implementado en el gobierno de Alberto Fujimori.
El tribunal internacional concluyó que el Estado violó los derechos humanos de la víctima y ordenó continuar las investigaciones para sancionar a los responsables.
CorteIDH condena a Perú por esterilización forzada de campesina
Durante la audiencia realizada este jueves, el presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, anunció la sentencia contra Perú por el caso de Celia Edith Ramos Durand.
Según el fallo, la mujer fue sometida a una ligadura de trompas sin consentimiento pleno. El procedimiento le provocó complicaciones médicas que derivaron en su fallecimiento.
La Corte ordenó al Estado peruano investigar nuevamente el caso y, en caso necesario, procesar a los responsables.
Esterilización forzada en Perú: el caso de Celia Ramos Durand
De acuerdo con la denuncia presentada ante el sistema interamericano, personal de salud visitó en varias ocasiones a la mujer para persuadirla de aceptar el procedimiento.
Tras la cirugía, Ramos Durand sufrió graves complicaciones. Fue trasladada a una clínica en Piura, donde permaneció en estado de coma y posteriormente murió.
Su esposo presentó una denuncia contra el personal médico que participó en la operación. Sin embargo, el proceso fue archivado en varias ocasiones por la justicia peruana.
Un programa que afectó a miles de mujeres
Durante la década de 1990, el programa de planificación familiar impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori promovió miles de esterilizaciones.
Organismos internacionales estiman que alrededor de 300.000 mujeres fueron esterilizadas, muchas de ellas campesinas e indígenas.
En comparación, aproximadamente 25.000 hombres fueron sometidos a vasectomías en ese mismo periodo.
Esterilización forzada en Perú podría ser crimen de lesa humanidad
En 2024, un comité de Naciones Unidas señaló que estas prácticas podrían constituir un crimen de lesa humanidad.
El informe indicó que muchas mujeres fueron engañadas o presionadas para aceptar el procedimiento. En algunos casos, las intervenciones se realizaron en centros médicos con infraestructura limitada.
Varias víctimas tampoco hablaban español o no comprendían el procedimiento al que estaban siendo sometidas.
Las esterilizaciones se realizaron durante los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, que concluyó en el año 2000 tras una década marcada por escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
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