La fiscalía federal de Nueva York lanzó una acusación que sacudió la política mexicana: Estados Unidos acusa a un gobernador mexicano de narcotráfico y de presuntos vínculos con el crimen organizado. El señalado es Rubén Rocha Moya, mandatario de Sinaloa y militante de Morena, quien se convierte en el funcionario en activo de mayor rango en México mencionado en una causa de este tipo.
De acuerdo con la acusación, Rocha Moya no habría actuado solo. El expediente también incluye a otros nueve exfuncionarios o altos mandos del gobierno y de corporaciones de seguridad, a quienes la fiscalía estadounidense atribuye una presunta asociación con el Cártel de Sinaloa para mover grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.
La acusación alcanza a figuras clave de Sinaloa
Entre los nombres que aparecen junto al del gobernador destacan el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el vicefiscal estatal Dámaso Castro y el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega.
La dimensión del señalamiento elevó de inmediato la tensión política, ya que no se trata de un caso aislado ni de un funcionario menor. La acusación coloca bajo sospecha a varias figuras centrales del poder local en uno de los estados más golpeados por la violencia criminal.
Sinaloa, bajo presión por la violencia y las pugnas internas
La acusación contra Rocha Moya llega en un momento delicado para Sinaloa, entidad que desde hace meses enfrenta un entorno de fuerte inestabilidad por los choques entre facciones del cártel del mismo nombre.
Durante la gestión del gobernador, el estado ha vivido episodios de violencia que han puesto bajo presión a las autoridades y han deteriorado la percepción de seguridad entre la población. Por eso, en Culiacán, algunos habitantes señalaron que una eventual colusión entre poder político y crimen organizado ayudaría a explicar la crisis que atraviesa la entidad.
La acusación surge en medio de fricciones entre México y Estados Unidos
El caso aparece además tras varios días de tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos. El detonante reciente fue la participación de dos agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua sin autorización formal de las autoridades mexicanas.
Ese episodio provocó reclamos cruzados entre ambos países, sobre todo después de que los agentes murieran en un accidente de tránsito en territorio mexicano. En ese contexto, la nueva acusación contra Rocha Moya añade un componente político aún más delicado a la relación bilateral.
Las críticas de Washington suben de tono
La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ya había lanzado críticas públicas sobre la corrupción en el país durante una actividad en Sinaloa. Ahora, la acusación formal presentada en Nueva York eleva el nivel del conflicto y coloca a la entidad sinaloense en el centro del debate entre seguridad, narcotráfico y poder político.
El señalamiento también llega en un momento en que Washington mantiene una postura cada vez más agresiva sobre la responsabilidad de funcionarios latinoamericanos en redes criminales transnacionales.
Un golpe político de alto impacto
Aunque la acusación deberá pasar por los procesos judiciales correspondientes, el impacto político ya es profundo. Que EEUU acusa a gobernador mexicano de narcotráfico no es una frase menor: toca de forma directa al círculo de poder de un estado clave y abre una nueva etapa de presión sobre el gobierno local y sobre Morena.
El caso no solo pone a prueba la estabilidad política en Sinaloa. También vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para México: hasta dónde han penetrado las estructuras criminales en las instituciones públicas.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
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