WASHINGTON, Estados Unidos.— Las sanciones contra Cuba aumentaron este jueves 20 de agosto. Estados Unidos anunció medidas contra nueve entidades estatales y tres funcionarios cubanos. La ofensiva alcanza sectores como minería, metalurgia, comercio y construcción.
Entre las entidades señaladas aparece el Ministerio de la Construcción de Cuba. Washington sostiene que estas organizaciones controlan sectores económicos que ayudan a financiar el aparato estatal.
El gobierno cubano rechazó la medida. El canciller Bruno Rodríguez acusó a Washington de buscar un mayor deterioro de la economía de la isla. También afirmó que las restricciones afectan la capacidad de ofrecer servicios básicos.
Sanciones contra Cuba alcanzan a nueve entidades
El Departamento de Estado incluyó nueve organismos y empresas estatales en la nueva ronda de medidas.
Además del Ministerio de la Construcción, la lista incluye a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara y Metalcuba.
También aparecen el Grupo Empresarial Geominero Salinero, conocido como Geominsal, y Acinox Comercial.
Washington agregó a Coratur, Transimport, Consumimport y Acorec. Esta última ofrece personal cubano a empresas extranjeras que operan en la isla.
El gobierno estadounidense sostiene que estas entidades participan en sectores económicos estratégicos.
Marco Rubio afirmó que las designaciones buscan cortar fuentes de apoyo económico a estructuras del gobierno cubano.
¿Qué implican las nuevas medidas?
Las sanciones pueden dificultar las operaciones financieras de las entidades señaladas.
También elevan el riesgo para bancos y empresas extranjeras que mantengan determinadas relaciones con ellas.
Rubio advirtió que personas o compañías que apoyen a los actores sancionados también podrían enfrentar medidas estadounidenses.
Esto puede tener consecuencias fuera de Estados Unidos.
Instituciones financieras internacionales suelen revisar sus relaciones cuando Washington incorpora empresas a sus listas de sanciones.
Por ello, las medidas pueden dificultar pagos, inversiones y operaciones comerciales vinculadas con las entidades cubanas afectadas.
Washington también sanciona a dirigentes del ICAP
Las sanciones contra Cuba no se limitaron al sector económico.
Estados Unidos también tomó medidas contra tres funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, conocido como ICAP.
Los sancionados son su presidente, Fernando González Llort; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández; y Leima Martínez Freire, responsable de asuntos relacionados con Norteamérica.
Washington acusa al ICAP de utilizar intercambios culturales y educativos para impulsar actividades de influencia política dentro de Estados Unidos.
El gobierno cubano rechaza esa versión.
La Habana presenta al instituto como una organización dedicada a fomentar relaciones de solidaridad con asociaciones y ciudadanos extranjeros.
Marco Rubio acusa al ICAP de promover una red de influencia
El secretario de Estado endureció su discurso contra el organismo.
Rubio afirmó que Cuba ha utilizado durante décadas organizaciones de este tipo para influir sobre ciudadanos estadounidenses.
Washington sostiene que el ICAP busca identificar y acercarse a personas simpatizantes con el gobierno cubano. También lo acusa de utilizar actividades culturales como cobertura.
Estas afirmaciones corresponden a la posición oficial de Estados Unidos.
Las autoridades cubanas niegan que el instituto funcione como una estructura destinada a desarrollar actividades subversivas.
Cuba acusa a EE.UU. de dañar su economía
La respuesta de La Habana llegó a través del canciller Bruno Rodríguez.
El ministro afirmó que las sanciones buscan perjudicar deliberadamente a empresas cubanas.
También acusó a Marco Rubio de intentar impedir que Cuba obtenga recursos necesarios para alimentos, medicamentos y servicios esenciales.
Rodríguez sostiene que las medidas estadounidenses agravan los problemas que enfrenta la población.
Washington ofrece una interpretación opuesta.
La administración Trump culpa al sistema económico cubano y a la gestión gubernamental de buena parte de la crisis.
Trump aumenta la presión sobre La Habana
La nueva ronda forma parte de una política más amplia del gobierno de Donald Trump.
En mayo, Estados Unidos ya había sancionado a funcionarios cubanos, dirigentes militares y organismos de seguridad.
Aquellas medidas alcanzaron a 11 funcionarios y a instituciones vinculadas con inteligencia y seguridad interior.
La administración estadounidense también ha aumentado la presión sobre los suministros de petróleo hacia Cuba.
Estas restricciones contribuyeron a complicar el acceso a combustibles. La isla ya enfrentaba una profunda crisis energética antes de las nuevas medidas.
Los apagones siguen afectando a hogares, industrias y servicios públicos.
Sector minero entra en la mira de Washington
Una parte importante de las nuevas medidas afecta a empresas relacionadas con minería y metales.
Cuba posee recursos minerales de interés internacional. Entre ellos destaca el níquel.
La inclusión de empresas de este sector busca aumentar la presión sobre fuentes de ingresos estatales.
Sin embargo, la medida también puede complicar relaciones comerciales con compañías extranjeras.
Washington advierte a bancos y empresas sobre los riesgos de continuar determinadas operaciones con las entidades sancionadas.
Gaesa sigue como objetivo de Estados Unidos
La estrategia estadounidense también mantiene en la mira a Gaesa, el conglomerado empresarial vinculado con las Fuerzas Armadas cubanas.
Gaesa administra importantes intereses en turismo, comercio, servicios financieros e infraestructura.
Estados Unidos sostiene que limitar los ingresos asociados al conglomerado puede reducir los recursos disponibles para el gobierno.
La Habana, en cambio, acusa a Washington de utilizar las sanciones para provocar una crisis económica más profunda.
Esta disputa ha marcado durante años la relación entre ambos países.
Las sanciones profundizan la tensión bilateral
Las nuevas sanciones contra Cuba muestran que Washington no planea reducir la presión sobre La Habana en el corto plazo.
La administración Trump presenta las medidas como una herramienta para impulsar cambios políticos y económicos.
El gobierno cubano las considera una forma de presión económica contra toda la población.
Ambos países mantienen así posiciones profundamente enfrentadas.
La nueva ronda alcanza ahora a sectores de minería, construcción, metalurgia y comercio. También coloca a tres dirigentes del ICAP bajo las medidas estadounidenses.
El impacto completo dependerá de cómo reaccionen bancos, compañías extranjeras y socios comerciales de Cuba.
Por ahora, el anuncio confirma una tendencia clara: Estados Unidos continúa ampliando su estrategia de presión económica sobre la isla.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
