BUENOS AIRES, Argentina.— Argentina denuncia a Navitas y a otras empresas vinculadas con actividades petroleras en las islas Malvinas, en una nueva ofensiva judicial del Gobierno de Javier Milei para impedir la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es disputada con el Reino Unido.
La Casa Rosada informó este lunes 7 de septiembre que el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio jurídico del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentará una denuncia penal contra cinco sociedades relacionadas con operaciones en la Cuenca Malvinas Norte.
La decisión pone nuevamente en el centro del conflicto al proyecto petrolero Sea Lion, situado en aguas al norte de las islas y operado por Navitas Petroleum, compañía de origen israelí que posee una participación del 65%.
Para Argentina, estas actividades requieren autorización del Estado argentino. El Reino Unido, que administra las islas, y las empresas involucradas sostienen una posición distinta y consideran válidas las licencias otorgadas por las autoridades isleñas.
Argentina denuncia a Navitas y otras cuatro empresas
La denuncia anunciada por la Presidencia alcanza a cinco sociedades:
Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Existe aquí una precisión importante.
El comunicado oficial argentino señala específicamente que Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates presuntamente cuentan con licencias para explorar o explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación también alcanza a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas por su condición de accionistas vinculados a las empresas señaladas.
Por ello, no sería correcto describir simplemente a las cinco compañías como subsidiarias de Navitas.
La denuncia irá además contra directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que, según las autoridades argentinas, pudieran haber intervenido en los hechos investigados.
¿Por qué Argentina denuncia a Navitas?
El Gobierno argentino fundamenta su acción en la Ley 26.659, que regula las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que Argentina considera bajo su jurisdicción.
Buenos Aires sostiene que las empresas involucradas no tienen autorización argentina para desarrollar actividades petroleras en la zona.
La Oficina del Presidente afirmó que las licencias habrían sido concedidas por las autoridades británicas vinculadas con las islas y considera que esas autorizaciones violan la legislación nacional.
Es importante distinguir entre la acusación y un hecho ya probado judicialmente.
El Gobierno presenta una denuncia penal y sostiene que existen posibles infracciones. Será la instancia judicial correspondiente la que deberá determinar responsabilidades.
Argentina ya había aplicado anteriormente medidas contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en las Malvinas. Cancillería registra a Navitas entre las compañías cuyas actividades fueron declaradas ilegales bajo la legislación argentina.
Sea Lion: el proyecto petrolero detrás de la disputa
El centro económico de la controversia es Sea Lion, uno de los principales descubrimientos petroleros en la Cuenca Malvinas Norte.
Navitas Petroleum es el operador y posee 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration conserva el 35% restante.
El yacimiento se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas.
La inversión ya superó una etapa crucial: Navitas y Rockhopper tomaron la decisión final de inversión para avanzar con la primera fase de desarrollo.
Según las propias compañías, la producción inicial está prevista para marzo de 2028.
Esto explica por qué la disputa dejó de ser una discusión sobre una posible exploración futura.
El proyecto ya está avanzando hacia una fase de producción comercial.
Argentina denuncia a Navitas cuando Sea Lion acelera su desarrollo
Los tiempos del proyecto petrolero también aumentaron la presión sobre el Gobierno argentino.
Navitas planea perforar inicialmente 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo.
Posteriormente está prevista una segunda etapa con otros 12 pozos.
Rockhopper informó además que existen planes para acelerar fases posteriores del desarrollo y ampliar considerablemente la capacidad de producción.
La primera fase sigue programada para comenzar a producir durante el primer trimestre de 2028.
Reuters calcula que Sea Lion podría involucrar unos 2 mil 200 millones de dólares de inversión y señala que las empresas mantienen su confianza en las licencias concedidas por las autoridades de las islas.
Para Argentina, en cambio, permitir que ese proceso continúe sin respuesta significaría aceptar la explotación de recursos naturales que considera propios.
Milei endurece su posición sobre las Malvinas
La denuncia penal no aparece de manera aislada.
Días antes, el presidente Javier Milei había anunciado un endurecimiento de las medidas contra compañías que participen en actividades petroleras en las islas sin autorización argentina.
El 4 de septiembre, el Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas, incluyendo empresas, accionistas y prestadores de servicios relacionados con las actividades hidrocarburíferas.
Un día antes, Milei había anunciado la reglamentación de nuevas medidas y el envío de un proyecto de ley al Congreso para fortalecer las herramientas disponibles ante el desarrollo de Sea Lion.
El cambio representa una postura más confrontativa frente al proyecto petrolero y devuelve la cuestión Malvinas al centro de la agenda política argentina.
Reino Unido mantiene una posición completamente diferente
La disputa de soberanía continúa sin resolverse.
Argentina reclama las islas, conocidas internacionalmente como Falkland Islands y denominadas Malvinas por Argentina, y sostiene que el Reino Unido ocupa el territorio desde 1833.
El Reino Unido administra actualmente el archipiélago y defiende el derecho de sus habitantes a decidir su futuro político.
Londres considera que las licencias petroleras otorgadas en las islas son legítimas y ha reiterado que su posición sobre la soberanía no ha cambiado.
Argentina rechaza ese argumento y sostiene que existe una disputa de soberanía pendiente que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.
Por eso, un mismo proyecto petrolero es interpretado de dos maneras totalmente opuestas: para las autoridades isleñas y las empresas representa un desarrollo económico autorizado; para Buenos Aires constituye una explotación no autorizada de recursos naturales argentinos.
La guerra de 1982 sigue presente en la memoria
La disputa tiene una larga historia.
Argentina y Reino Unido libraron una guerra en 1982, después de que las fuerzas argentinas ocuparan las islas y Londres enviara una fuerza militar para recuperarlas.
El conflicto terminó con la derrota argentina.
Sin embargo, Argentina nunca abandonó su reclamo de soberanía.
La cuestión Malvinas mantiene hasta hoy un enorme peso político, diplomático y emocional en la sociedad argentina.
Por esa razón, la posible explotación comercial de grandes cantidades de petróleo agrega ahora una dimensión económica a una disputa que durante décadas estuvo concentrada principalmente en soberanía y territorio.
Petróleo aumenta el valor estratégico de la zona
Sea Lion podría transformar considerablemente la importancia económica de la Cuenca Malvinas Norte.
Navitas reporta cientos de millones de barriles de reservas y recursos vinculados con el proyecto, mientras que estimaciones más amplias de la zona hablan de un potencial petrolero todavía mayor.
El desarrollo incluye infraestructura submarina, barcos especializados y unidades flotantes capaces de procesar y almacenar crudo en alta mar.
Esto significa inversiones multimillonarias y producción durante varias décadas si el proyecto avanza conforme a lo planeado.
Para las autoridades de las islas significaría también ingresos fiscales y nuevas actividades económicas.
Para Argentina, exactamente esos beneficios forman parte del problema: sostiene que provendrían de recursos ubicados en un espacio cuya soberanía continúa reclamando.
Navitas ya había sido sancionada por Argentina
La disputa con la compañía israelí tampoco comenzó esta semana.
Argentina ya había iniciado procedimientos contra Navitas por sus actividades relacionadas con las Malvinas.
La Cancillería argentina señala que la petrolera fue declarada en infracción por realizar actividades vinculadas con hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización de Buenos Aires.
La legislación argentina contempla sanciones que pueden incluir años de inhabilitación para operar dentro del país.
Ahora, con Argentina denunciando a Navitas penalmente, la disputa escala desde el terreno administrativo y diplomático hacia una nueva ofensiva judicial.
El alcance real dependerá de la jurisdicción, las decisiones de los tribunales y la capacidad del Estado argentino de hacer cumplir posibles resoluciones contra empresas con operaciones y activos principalmente fuera del país.
Rockhopper no aparece entre las cinco empresas de esta denuncia
Otro detalle importante es que Rockhopper Exploration, socio británico de Navitas en Sea Lion, no aparece entre las cinco sociedades enumeradas en el comunicado oficial del 7 de septiembre.
Eso no significa que Argentina considere legítimas sus operaciones.
Cancillería ya ha incluido previamente a Rockhopper entre las compañías cuyas actividades en la zona considera ilegales bajo el marco jurídico argentino.
Además, días antes de la denuncia gubernamental, organizaciones ambientalistas y excombatientes argentinos habían presentado otra acción judicial contra Navitas y Rockhopper por el proyecto Sea Lion.
Son procedimientos diferentes y no deben confundirse.
La denuncia anunciada ahora por el Gobierno menciona expresamente a las cinco sociedades señaladas anteriormente.
Base Naval Integrada vuelve a la agenda argentina
La estrategia del Gobierno no se limita al petróleo.
En el mismo comunicado en el que anunció la denuncia penal, la Presidencia informó que Milei ordenó al ministro de Economía, Luis Caputo, priorizar recursos para el desarrollo de la Base Naval Integrada dentro del proyecto de Presupuesto Nacional de 2027.
La instalación se encuentra asociada con Ushuaia, en Tierra del Fuego, y busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y su capacidad logística hacia la Antártida.
La decisión combina así instrumentos judiciales, económicos, diplomáticos y estratégicos dentro de una misma política.
El Gobierno sostiene que busca proteger territorio, recursos naturales e intereses nacionales.
Una paradoja diplomática con Israel
El caso tiene además una característica particular.
Navitas Petroleum es una empresa de origen israelí, mientras que Milei mantiene una relación política especialmente cercana con Israel.
Reuters señala que el Gobierno argentino ha intentado dejar claro que las medidas contra Navitas están dirigidas hacia sus actividades en las Malvinas y no contra la relación bilateral con Israel.
La diferencia refleja cómo el reclamo por las islas atraviesa alineamientos políticos que normalmente podrían parecer contradictorios.
Para Buenos Aires, el origen nacional de una compañía no modifica la posición jurídica argentina respecto de la explotación de recursos en el archipiélago.
Argentina denuncia a Navitas y eleva la presión sobre Sea Lion
La nueva denuncia abre otro capítulo dentro de un conflicto que está lejos de resolverse.
Sea Lion continúa avanzando hacia su objetivo de producir petróleo en 2028.
Navitas y Rockhopper sostienen que el proyecto cuenta con autorizaciones válidas y aseguran que las acciones argentinas no alteran por ahora sus planes.
Argentina sostiene exactamente lo contrario: considera que ninguna empresa puede explorar o explotar hidrocarburos en esas aguas sin autorización argentina.
Por eso, Argentina denuncia a Navitas y amplía simultáneamente las investigaciones sobre compañías, accionistas, directivos y prestadores vinculados con las actividades petroleras.
La disputa histórica por las Malvinas incorpora así un elemento que podría volverla todavía más compleja durante los próximos años: miles de millones de dólares en inversión y la posibilidad de comenzar a extraer petróleo comercialmente en 2028.
Para Buenos Aires, la batalla será jurídica y diplomática.
Para las empresas, será también financiera y operativa.
Y para Argentina y Reino Unido, Sea Lion vuelve a demostrar que la disputa por las islas no pertenece únicamente al pasado: también está vinculada con quién podrá aprovechar sus recursos en el futuro.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
