El próximo domingo, los ecuatorianos se preparan para acudir a las urnas en un referendo propuesto por el presidente del país, Daniel Noboa, enfocado en abordar la creciente espiral de violencia.
Si bien las encuestas indican un apoyo mayoritario a las 11 preguntas planteadas, algunos críticos consideran que este referendo podría otorgar a Noboa un impulso adicional para otras áreas de su agenda, a pesar de la necesidad de reforzar la seguridad.
¿Qué implican estas medidas de seguridad? Las 11 preguntas se centran principalmente en temas de seguridad, como la autorización para que los militares colaboren con la policía en tareas de patrullaje y la posibilidad de extraditar criminales acusados, además de aumentar las penas por delitos como terrorismo y asesinato.
También se discuten medidas económicas, como la contratación por horas y el reconocimiento del arbitraje internacional en conflictos empresariales.
Estas medidas, de ser aprobadas por los votantes, modificarían la Constitución de Ecuador en cinco casos, mientras que las restantes requerirían la aprobación de la Asamblea Nacional para entrar en vigor. Sin embargo, los detractores advierten que las medidas económicas podrían afectar negativamente los derechos laborales y beneficiar en exceso a empresas extranjeras.
La seguridad en Ecuador se ha deteriorado, especialmente desde el inicio de la pandemia de coronavirus, que también ha afectado la economía del país. El gobierno atribuye este aumento de la violencia al crecimiento de las bandas del narcotráfico en la región. Los casos de muertes violentas se han incrementado significativamente en los últimos años, y la violencia también ha alcanzado el ámbito político, como en el asesinato del candidato presidencial anticorrupción Fernando Villavicencio el año pasado.
El gobierno de Noboa ha respondido con el “Plan Fénix“, una iniciativa de 800 millones de dólares destinada a fortalecer la seguridad en varios frentes, incluyendo la creación de una nueva unidad de inteligencia, la provisión de armas tácticas a las fuerzas de seguridad y la construcción de prisiones de alta seguridad. Además, el presidente ha declarado a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que permite a los militares participar en operaciones contra ellos.
La votación de este domingo será un indicador crucial de la confianza de los votantes en la gestión de Noboa y su enfoque para abordar la crisis de seguridad en Ecuador.
