La Cámara de Diputados aprobó este 25 de noviembre de 2025 la nueva Ley General en materia de Extorsión, una reforma que endurece las penas y homologa la manera en que se persigue este delito a nivel nacional. Con esta legislación, las sanciones podrán llegar hasta 42 años de prisión.
Una votación mayoritaria y el respaldo del Senado
El dictamen fue avalado con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. La aprobación se dio después de que los diputados ratificaran las modificaciones que el Senado realizó a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos relacionados con la extorsión.
Con el aval legislativo completo, el proyecto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso que permitirá su entrada en vigor.
Cambios en códigos y leyes federales
La nueva ley no llega sola. La minuta también reforma:
- El Código Penal Federal
- El Código Nacional de Procedimientos Penales
- La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- La Ley Nacional de Extinción de Dominio
- La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Estos ajustes buscan fortalecer la persecución de la extorsión y cerrar espacios de impunidad, especialmente en los casos donde la delincuencia organizada participa o se beneficia del delito.
Penas más severas para combatir la extorsión
La legislación establece una pena de 15 a 25 años de prisión para quien obligue a otra persona, sin derecho, a realizar o dejar de realizar un acto con el fin de obtener un beneficio económico o causar un daño patrimonial, físico o psicológico.
Además, se incrementa la pena entre 5 y 12 años cuando el delito se comete mediante dispositivos electrónicos, plataformas o servicios digitales, una modalidad que ha crecido en los últimos años.
Unificar criterios ante un delito en aumento
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México cerró 2024 con 10,804 víctimas de extorsión, una cifra que refleja la urgencia de un marco legal más sólido.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de octubre, busca unificar la forma en que se sanciona la extorsión en las 32 entidades del país. Actualmente, cada estado maneja criterios distintos, lo que —según el Gobierno federal— ha dificultado la persecución del delito y fomentado la impunidad.
Con esta reforma, las autoridades esperan fortalecer la coordinación nacional y reducir la incidencia de uno de los delitos que más afectan a la población y al sector productivo.
Escrito por Juan Antonio Román Morales.
