Genocidio rohinyá en Myanmar: junta rechaza fallo CIJ
El Gobierno militar de Myanmar rechazó la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que declaró al Estado responsable de genocidio contra la minoría rohinyá durante la ofensiva de 2017. El tribunal ordenó investigar los crímenes, reparar a las víctimas y facilitar el retorno seguro de los desplazados. La decisión constituye un precedente histórico para el derecho internacional.
Naypyidaw, Myanmar, 20 de noviembre de 2026.– El genocidio rohinyá en Myanmar volvió al centro del debate internacional después de que el Gobierno militar rechazara una sentencia histórica de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El tribunal de Naciones Unidas determinó el jueves 19 de noviembre que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017.
La resolución fue aprobada por nueve votos a favor y seis en contra.
Al día siguiente, el Gobierno encabezado por el general Min Aung Hlaing cuestionó la decisión y la calificó de parcial e injerencista.
Según el comunicado difundido por la Cancillería militar, el fallo no refleja la situación real del país y carece de legitimidad por la controversia sobre quién debe representar a Myanmar.
Sin embargo, la sentencia es jurídicamente vinculante, definitiva y no admite apelación.
Myanmar acusa a la Corte Internacional de Justicia de parcialidad
El Gobierno militar rechazó las conclusiones del tribunal mediante una declaración difundida por su Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el comunicado, la sentencia se basó en información que las autoridades militares consideran incompleta o fabricada.
El régimen también cuestionó la representación de Myanmar durante el procedimiento.
Las autoridades sostuvieron que el caso fue resuelto sin la participación de quien consideran su representante legítimo.
Además, afirmaron que las investigaciones internacionales sobre derechos humanos pueden utilizarse para intervenir en asuntos internos de otros Estados.
Estas declaraciones representan la posición del Gobierno militar y no modifican las conclusiones de la CIJ.
El tribunal examinó testimonios, documentos e informes de investigación antes de determinar la responsabilidad internacional del Estado.
Genocidio rohinyá en Myanmar: ¿qué determinó la Corte?
La CIJ concluyó que las fuerzas de seguridad de Myanmar cometieron actos prohibidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Entre los hechos acreditados se encuentran asesinatos masivos, actos de violencia sexual y agresiones graves contra civiles.
Los jueces también documentaron medidas destinadas a impedir nacimientos dentro de la comunidad rohinyá.
Además, identificaron destrucción sistemática de viviendas y aldeas.
La Corte determinó que estas conductas no podían explicarse únicamente como una operación militar contra grupos insurgentes.
Según su análisis, existió la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá del norte del estado de Rakáin.
Este elemento fue decisivo para establecer la existencia de genocidio.
¿Qué ocurrió con los rohinyás durante la ofensiva de 2017?
En agosto de 2017, las fuerzas armadas de Myanmar iniciaron una ofensiva en el estado de Rakáin.
Las operaciones comenzaron después de ataques de insurgentes rohinyás contra puestos de seguridad.
Sin embargo, la respuesta militar afectó de manera generalizada a comunidades civiles.
Investigaciones internacionales documentaron ejecuciones, agresiones sexuales, incendios de viviendas y desplazamientos forzados.
De acuerdo con estimaciones utilizadas por la CIJ, al menos 10,000 personas murieron durante aquellas operaciones.
Más de 700,000 rohinyás huyeron hacia Bangladés para escapar de la violencia.
Numerosas familias perdieron sus hogares, tierras y documentos.
La mayoría de los desplazados se estableció en campamentos improvisados cerca de Cox’s Bazar, en el sureste de Bangladés.
La CIJ también encontró destrucción de pruebas
La sentencia no se limitó a determinar la responsabilidad por los crímenes de 2017.
El tribunal concluyó que Myanmar incumplió obligaciones relacionadas con la prevención e investigación del genocidio.
También estableció que las autoridades no garantizaron adecuadamente la preservación de pruebas.
La Corte había ordenado medidas provisionales en enero de 2020.
Entre ellas figuraba la obligación de evitar nuevos actos de genocidio y proteger los elementos que permitieran investigar lo ocurrido.
Sin embargo, los jueces determinaron que Myanmar incumplió la obligación de preservar determinadas evidencias.
La destrucción de aldeas y la falta de acceso a diferentes lugares dificultaron las investigaciones.
Estas conclusiones forman parte de las violaciones jurídicas establecidas en la sentencia.
Myanmar deberá investigar y reparar los crímenes
La Corte Internacional de Justicia ordenó al Estado birmano adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Entre ellas se encuentra investigar a las personas razonablemente sospechosas de haber participado en actos de genocidio.
Cuando existan pruebas suficientes, las autoridades deberán promover procesos judiciales y aplicar las sanciones correspondientes.
El tribunal también exigió garantías para evitar que estos crímenes vuelvan a cometerse.
Además, estableció la obligación de reparar los daños ocasionados a las víctimas.
La reparación puede incluir medidas para recuperar derechos, bienes y condiciones de vida.
Cuando la restitución no sea posible, Myanmar deberá proporcionar compensaciones adecuadas.
Sin embargo, la CIJ todavía no ha fijado una cantidad definitiva de indemnización.
El Estado dispone de dos años desde la sentencia del 19 de noviembre de 2026 para presentar un informe sobre las medidas adoptadas y las compensaciones propuestas.
¿Podrán regresar los rohinyás a Myanmar?
El retorno de los desplazados constituye uno de los aspectos más importantes del fallo.
La CIJ ordenó permitir y facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares.
También pidió adoptar medidas para reunificar a las familias separadas.
Sin embargo, el retorno no puede depender únicamente de la existencia de una orden judicial.
Los refugiados necesitan garantías de seguridad, protección contra la persecución y acceso a servicios esenciales.
Además, muchas comunidades perdieron sus viviendas y propiedades.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que no deben producirse retornos mientras no existan condiciones adecuadas.
Por ello, la sentencia no significa que los refugiados deban regresar inmediatamente.
Su cumplimiento requerirá cambios concretos en las condiciones de seguridad de Myanmar.
Más de un millón de rohinyás continúan refugiados en Bangladés
La crisis humanitaria sigue afectando a una población considerable.
Según Naciones Unidas, aproximadamente 1.2 millones de rohinyás viven actualmente en campamentos de refugiados de Cox’s Bazar, Bangladés.
Esta cifra incluye a personas desplazadas en diferentes periodos, no solamente durante la ofensiva de 2017.
Los campamentos enfrentan dificultades relacionadas con vivienda, alimentación, atención médica y saneamiento.
También existen restricciones laborales y educativas.
Las lluvias intensas y los deslizamientos de tierra representan riesgos adicionales para las familias.
Numerosos refugiados han expresado su deseo de regresar a Myanmar.
Sin embargo, también exigen condiciones que garanticen su seguridad y sus derechos fundamentales.
Para estas comunidades, la sentencia representa un reconocimiento judicial de los crímenes sufridos, aunque todavía no resuelve su situación humanitaria.
¿Por qué Gambia presentó la demanda contra Myanmar?
El proceso comenzó el 11 de noviembre de 2019.
Gambia, un país de África occidental, presentó una demanda contra Myanmar ante la CIJ.
La iniciativa contó con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica.
Gambia argumentó que Myanmar había incumplido sus obligaciones bajo la Convención contra el Genocidio de 1948.
El caso planteó una cuestión importante: si un Estado que no fue directamente afectado por los crímenes podía presentar una demanda para exigir el cumplimiento de esa convención.
La Corte reconoció que todos los Estados parte tienen interés jurídico en prevenir y sancionar el genocidio.
En 2022 rechazó las objeciones preliminares presentadas por Myanmar.
Posteriormente, el procedimiento avanzó mediante informes, pruebas y audiencias.
La sentencia definitiva sobre el fondo del caso llegó el 19 de noviembre de 2026.
El fallo establece un precedente histórico
La decisión tiene una importancia especial para el derecho internacional.
Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia determinó que un Estado cometió genocidio.
En casos anteriores, la CIJ había examinado violaciones de la Convención contra el Genocidio.
Sin embargo, no había establecido directamente la responsabilidad de un Estado por cometer ese crimen.
La decisión también refuerza la distinción entre la responsabilidad de un país y la responsabilidad penal de personas concretas.
La CIJ resuelve controversias entre Estados y determina sus obligaciones internacionales.
Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) investiga y juzga la responsabilidad penal individual dentro de los límites de su competencia.
Por ello, la sentencia contra Myanmar no implica automáticamente una condena de prisión para Min Aung Hlaing u otros militares.
Min Aung Hlaing dirigía las Fuerzas Armadas en 2017
El general Min Aung Hlaing encabezaba el Ejército de Myanmar durante las operaciones militares contra los rohinyás.
Posteriormente, en febrero de 2021, dirigió el golpe de Estado que derrocó al Gobierno civil.
Desde entonces, Myanmar enfrenta una prolongada crisis política y un conflicto armado interno.
Diversos organismos internacionales han documentado violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también ha desarrollado investigaciones relacionadas con los crímenes contra los rohinyás.
En noviembre de 2024 solicitó una orden de arresto contra Min Aung Hlaing por presuntos crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, esa solicitud forma parte de un procedimiento diferente al resuelto por la CIJ.
La sentencia del 19 de noviembre de 2026 establece la responsabilidad internacional de Myanmar como Estado.
No todas las autoridades birmanas rechazan el fallo
La posición del Gobierno militar no representa la postura de todos los actores políticos del país.
El Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar, formado por sectores opuestos a la junta militar, expresó respeto por la decisión de la CIJ.
En un comunicado del 19 de noviembre, esta organización defendió la necesidad de justicia para los rohinyás.
También manifestó su compromiso con la protección de los derechos humanos y la prevención de nuevos crímenes.
El Gobierno de Unidad Nacional considera que las víctimas deben acceder a mecanismos de reparación.
Además, defiende el reconocimiento de los derechos de ciudadanía de los rohinyás.
Esta diferencia muestra que la respuesta al fallo también forma parte del conflicto político interno de Myanmar.
Naciones Unidas pide cumplir la sentencia
El secretario general de Naciones Unidas respaldó la decisión del tribunal.
La organización consideró que el fallo representa un reconocimiento importante para las víctimas y sus familiares.
También destacó la necesidad de investigar los crímenes y evitar que vuelvan a ocurrir.
Por su parte, el alto comisionado Volker Türk pidió que las conclusiones se traduzcan en medidas concretas.
Asimismo, solicitó apoyo internacional para las reparaciones y los programas humanitarios destinados a los rohinyás.
El Gobierno de Gambia recibió favorablemente el fallo y lo presentó como un avance para la justicia internacional.
Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones dependerá de las acciones que adopte Myanmar.
¿Qué sucede si Myanmar no cumple la sentencia?
Las decisiones definitivas de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para los Estados involucrados.
Sin embargo, el tribunal no dispone de una fuerza policial propia para ejecutar sus resoluciones.
Cuando un Estado incumple una sentencia, el asunto puede trasladarse al ámbito diplomático y a los órganos correspondientes de Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad puede examinar determinadas medidas, aunque sus decisiones están sujetas a las reglas de votación y veto.
También pueden existir acciones diplomáticas o medidas adoptadas por otros países dentro de sus respectivos marcos jurídicos.
Por ello, la sentencia representa una obligación jurídica clara, pero su aplicación práctica puede enfrentar dificultades.
El desafío inmediato será determinar si Myanmar adopta medidas de investigación, reparación y protección de la población rohinyá.
¿Qué significa el fallo para el futuro de los rohinyás?
La sentencia de la CIJ establece que las operaciones militares de 2017 constituyeron genocidio.
También reconoce que el Estado incumplió obligaciones internacionales relacionadas con la prevención, sanción y reparación de esos crímenes.
Sin embargo, la resolución no termina automáticamente con la violencia ni resuelve el desplazamiento de las familias.
La situación humanitaria continúa dependiendo de la seguridad en Rakáin, de las garantías de ciudadanía y de la posibilidad real de regresar.
El rechazo del Gobierno militar plantea nuevas dudas sobre la implementación de las medidas.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas han pedido mantener la atención sobre las víctimas.
El fallo marca un acontecimiento histórico para la justicia internacional, pero su impacto dependerá de que las obligaciones jurídicas se conviertan en medidas efectivas de protección y reparación.
Escrita por Juan Antonio Roman Morales



