En Brasilia, el 25 de abril de 2024, miles de indígenas se movilizaron hacia la sede del Gobierno para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando una mayor celeridad en la regularización de las tierras ancestrales ocupadas durante siglos en Brasil.
En el encuentro, unos cuarenta líderes indígenas presentaron a Lula y a la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, un documento que destacaba la necesidad de una acción más decidida por parte del Gobierno en la demarcación de tierras. Lula, comprometido con la causa, expresó en sus redes sociales su determinación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
El documento también instaba al Gobierno a enfrentar con mayor firmeza la resistencia conservadora en el Parlamento, acusada de obstaculizar la protección de los territorios indígenas y la Amazonía.
Según la Articulación de los Pueblos Indígenas (Apib), alrededor de 9.000 indígenas participaron en la marcha, que partió del Campamento Tierra Libre, ubicado cerca del palacio presidencial, donde se han congregado representantes de unas doscientas etnias.
Aunque el Gobierno de Lula ha retomado la demarcación de tierras, suspendida durante el mandato de Jair Bolsonaro, aún quedan desafíos. De los catorce territorios listos para demarcación, solo diez han sido regularizados, mientras que otros cuatro aún están en proceso de negociación debido a la ocupación ilegal por parte de hacendados.
Lula reconoció los desafíos de reconstruir la política indígena tras el mandato anterior, pero se mostró satisfecho con los avances y se comprometió a redoblar los esfuerzos en favor de los pueblos originarios.
La movilización concluirá con una delegación de indígenas siendo recibida por magistrados de la Corte Suprema este viernes, en un esfuerzo continuo por defender los derechos en Brasil.
