Amnistía Internacional (AI) alertó este lunes sobre un fuerte incremento en la aplicación de la pena de muerte en Oriente Medio durante 2025, especialmente en Irán y Arabia Saudita, países que alcanzaron cifras récord de ejecuciones.
La organización señaló que ambos gobiernos utilizaron la pena capital en un contexto de represión política y endurecimiento de políticas de seguridad.
Ejecuciones en Oriente Medio alcanzan cifras récord
De acuerdo con el informe global de Amnistía Internacional, Irán registró 2.159 ejecuciones durante 2025, la cifra más alta documentada desde 1981.
La organización acusó a las autoridades iraníes de utilizar la pena de muerte como mecanismo de control político y castigo contra personas consideradas opositoras al régimen.
Amnistía sostuvo que muchas condenas se realizaron en procesos cuestionados por violaciones a derechos humanos.
Arabia Saudita incrementa uso de la pena de muerte
El informe también indicó que Arabia Saudita ejecutó al menos a 356 personas durante 2025, superando el récord de 345 ejecuciones registrado el año anterior.
Según AI, las autoridades sauditas mantuvieron un ritmo “alarmante” de ejecuciones y, en numerosos casos, ignoraron estándares internacionales sobre derechos humanos.
La organización destacó que el 67 % de las ejecuciones en Arabia Saudita estuvieron relacionadas con delitos de drogas.
Amnistía critica ejecuciones por delitos de drogas
Amnistía Internacional recordó que el derecho internacional limita la aplicación de la pena de muerte a los delitos más graves y prohíbe su uso en casos relacionados con narcóticos.
La organización denunció además que algunos procesos judiciales incluyeron confesiones obtenidas bajo tortura y juicios considerados injustos.
En Kuwait, el informe reportó un aumento de ejecuciones, al pasar de seis casos en 2024 a 17 durante 2025.
AI denuncia represión política en Oriente Medio
El informe concluyó que varios gobiernos de Oriente Medio y el norte de África utilizaron la pena capital para reprimir la disidencia política y enfrentar amenazas a la seguridad nacional.
Amnistía Internacional advirtió que la tendencia refleja un retroceso en materia de derechos humanos en la región.
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