La justicia de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo de tensión con México al presentar cargos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a quien señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación fue presentada por la fiscalía federal de Nueva York y coloca al mandatario estatal como el funcionario mexicano en activo de mayor nivel alcanzado hasta ahora por una causa de este tipo en territorio estadounidense.
Según el caso judicial, Rocha Moya y otros nueve actuales o antiguos funcionarios habrían colaborado con la organización criminal para facilitar el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos. Entre los nombres mencionados aparecen también el senador de Morena Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, además de mandos estatales ligados a procuración de justicia y finanzas.
La acusación golpea al corazón político de Sinaloa
El expediente no solo apunta al gobernador. También toca a parte del círculo político e institucional de Sinaloa, una entidad donde la violencia ligada al narcotráfico ha marcado la vida pública durante años. Para la fiscalía estadounidense, la red de protección política habría servido para permitir operaciones del cártel a cambio de favores, apoyo y presuntos sobornos.
Reuters reportó además que la acusación sostiene que la elección de Rocha en 2021 habría recibido respaldo de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mediante intimidación y violencia contra adversarios. Ese punto vuelve todavía más delicado el caso por el peso político que tiene una acusación de esa naturaleza sobre una elección estatal ya consumada.
Rocha Moya niega los señalamientos
Tras conocerse la imputación, Rubén Rocha Moya rechazó públicamente las acusaciones y las calificó como infundadas y con motivación política. En su respuesta, afirmó que los señalamientos carecen de sustento y sostuvo que terminarán por desmoronarse.
La presidenta Claudia Sheinbaum también reaccionó con cautela. Señaló que México exigirá pruebas claras antes de dar por válidas las acusaciones y advirtió que, sin evidencia sólida, el caso puede interpretarse como una acción política desde Washington. Además, subrayó la necesidad de respetar el debido proceso y la soberanía mexicana.
La crisis bilateral suma un nuevo episodio
El caso surge en medio de una relación áspera entre ambos gobiernos por temas de seguridad. Reuters vinculó este momento con la reciente controversia por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en Chihuahua, un episodio que ya había elevado el tono entre Ciudad de México y Washington.
En ese contexto, la acusación contra Rocha Moya no solo sacude a Sinaloa. También presiona la relación bilateral en un momento en que ambos países intentan coordinar acciones contra el narcotráfico, pero bajo visiones cada vez más tensas sobre cómo hacerlo y hasta dónde puede llegar la intervención estadounidense.
Un caso con alto impacto político
El golpe es fuerte porque coloca a un gobernador en funciones bajo sospecha formal en una corte estadounidense. Eso altera el tablero político local, daña la imagen institucional de Sinaloa y abre preguntas sobre el alcance real de la infiltración criminal en estructuras del poder público.
Más allá del desenlace judicial, el caso ya tiene efectos inmediatos. En México reaviva el debate sobre corrupción, seguridad y crimen organizado. En Estados Unidos refuerza la idea de ampliar el alcance de sus ofensivas judiciales más allá de los capos para incluir a figuras de poder político.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
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