Un juez federal de Washington D.C. ordenó este martes (22.04.2025) al presidente Donald Trump restaurar de inmediato los servicios de la Voz de América (VOA) y otras cadenas públicas internacionales financiadas por el gobierno de Estados Unidos, al considerar que su cierre fue ilegal y violó la Constitución.
Cierre de medios fue “arbitrario y caprichoso”
El juez Royce Lamberth, del Distrito de Columbia, calificó como “arbitraria y caprichosa” la decisión del Ejecutivo de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), responsable de financiar medios como VOA, Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks.
En su fallo de 37 páginas, Lamberth señaló que el cierre de estas plataformas de comunicación vulnera los estatutos establecidos por el Congreso, los cuales exigen que VOA actúe como “una fuente confiable, precisa, objetiva y completa de noticias”.
La Voz de América, silenciada por primera vez en 83 años
La Voz de América, que desde su fundación durante la Segunda Guerra Mundial ha operado sin interrupciones, fue obligada a cesar transmisiones en marzo pasado tras una orden ejecutiva emitida por Trump.
El medio contaba con un presupuesto anual de 270 millones de dólares, emitía contenidos en 49 idiomas y llegaba semanalmente a más de 361 millones de personas en todo el mundo, según cifras citadas por The New York Times.
Trump desafía normas editoriales y financiamiento aprobado
La polémica se intensificó cuando Kari Lake, asesora del presidente, ordenó la suspensión de los fondos asignados por el Congreso al día siguiente del cierre. El juez advirtió que tanto ella como otros funcionarios de la administración Trump podrían haber incurrido en violaciones directas a diversas leyes federales.
Lamberth recordó que la ley solo permite redirigir hasta un 5% del presupuesto entre programas, pero que en este caso el recorte fue total. “Ninguna ley autoriza a la agencia a eliminar el financiamiento en la magnitud que se ejecutó”, escribió el magistrado.
¿Volverán al aire los medios públicos?
Aunque la orden judicial exige la reincorporación de empleados y la reactivación del presupuesto, aún está por verse si la administración Trump acatará la decisión. El gobierno ha ignorado resoluciones judiciales previas, incluso de la Corte Suprema, lo que genera incertidumbre sobre el futuro inmediato de los medios afectados.
Esta resolución representa una defensa del periodismo independiente y del control legislativo sobre los fondos públicos, en un contexto donde la libertad de prensa enfrenta crecientes tensiones políticas en Estados Unidos.
