El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que no pedirá licencia ni se separará del cargo tras la acusación presentada en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El mandatario sostuvo que no tiene nada que temer y se definió como una persona “completamente limpia”, en medio de uno de los momentos más delicados de su administración.
Las declaraciones ocurrieron después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyera a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses en una acusación por narcotráfico y armas. Según la fiscalía estadounidense, los señalados habrían colaborado con la estructura criminal para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.
Rocha Moya rechaza renunciar
Lejos de abrir la puerta a una salida del cargo, el gobernador dejó claro que seguirá al frente del gobierno estatal. En sus declaraciones públicas insistió en que no siente temor y que enfrentará los señalamientos sin apartarse de sus funciones. Ese mensaje buscó frenar de inmediato la presión política que se generó tras la imputación de Washington.
Rocha Moya también marcó distancia respecto a los demás funcionarios mencionados en el expediente. Dijo que no saldrá a responder por nadie más y que cada uno deberá hacerse cargo de su propia situación. Esa postura mostró un intento de contener el daño político sin asumir una defensa colectiva del grupo acusado.
La acusación golpea al círculo político de Sinaloa
El caso no se limita al gobernador. Entre los nombres incluidos por la fiscalía estadounidense aparecen el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el vicefiscal estatal y otros mandos ligados al aparato político y de seguridad del estado. La dimensión del expediente elevó la tensión en Sinaloa y volvió a poner bajo la lupa la relación entre poder local y crimen organizado.
De acuerdo con la acusación, algunos de los implicados habrían protegido operaciones del cartel, compartido información sensible y permitido movimientos de droga a cambio de apoyo político y sobornos. Reuters reportó además que la acusación vincula a Rocha con la facción de Los Chapitos, una de las ramas más visibles del grupo criminal.
El gobierno mexicano exige pruebas
La respuesta del gobierno federal fue cerrar filas con una postura de cautela. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México no actuará solo por señalamientos extranjeros y exigió pruebas claras antes de considerar medidas legales contra el gobernador o los demás acusados. También sostuvo que no permitirá injerencia de otro país en asuntos internos.
La Cancillería mexicana, por su parte, afirmó que las solicitudes enviadas por Washington no incluyeron evidencia suficiente y anunció una queja diplomática por la forma en que el caso se hizo público. Esa reacción convirtió el expediente en un nuevo foco de fricción entre México y Estados Unidos.
Un caso que agrava la presión sobre Sinaloa
La acusación contra Rocha Moya llega en un contexto de fuerte inestabilidad en Sinaloa. El estado arrastra una crisis de seguridad marcada por la disputa entre facciones del cártel y por el desgaste institucional que esa violencia ha dejado en la vida pública local. Por eso, el impacto político del caso va más allá del expediente judicial: también toca la credibilidad del gobierno estatal.
Con su mensaje de que no teme la acusación y de que no dejará el cargo, Rocha busca resistir el golpe. Pero el caso ya abrió una etapa de alta presión política, jurídica y diplomática que difícilmente se cerrará pronto.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
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