Nicaragua penalizará actos contra el gobierno desde el extranjero

Nicaragua penalizará actos contra el gobierno desde el extranjero

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El Congreso de Nicaragua ha aprobado una reforma al Código Penal que permite juzgar a quienes cometan actos considerados contra el gobierno de Daniel Ortega desde fuera del país. Esta decisión incluye delitos como ciberdelitos y acciones contra la administración pública. Críticos de esta medida la califican como una herramienta de “represión transnacional” diseñada para silenciar la disidencia.

Reforma Controvertida y Penas Elevadas

La reforma, aprobada casi por unanimidad, impone penas de hasta 30 años de cárcel para quienes promuevan sanciones contra el gobierno. Se define este acto como “menoscabo de la integridad nacional”. Esta descripción vaga deja espacio para interpretaciones judiciales, algo que preocupa a los opositores. Argumentan que tanto el Congreso como los tribunales están bajo el control de Ortega, lo que podría influir en la aplicación imparcial de la ley.

Confiscación de Bienes y Justicia

El diputado sandinista Edwin Castro defendió la reforma. Argumentó que decomisar los bienes de los condenados es justo y necesario. Según él, estas medidas servirán para resarcir a la sociedad por los delitos cometidos y desalentarán futuros actos contra el gobierno. La normativa permite la confiscación de bienes de individuos, empresas y ONG involucradas en estas actividades.

Críticas Internacionales y Derechos Humanos

Esta reforma se produce en medio de crecientes preocupaciones internacionales sobre el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. La ONU ha señalado un aumento de detenciones arbitrarias y persecución de disidentes. Las nuevas leyes penales también se aplican a delitos como el lavado de activos, terrorismo y crimen organizado, tanto dentro como fuera del país.

Cierre de ONG y Represión

Desde las protestas opositoras de 2018, el gobierno de Ortega ha endurecido la legislación. Más de 5,500 ONG han sido cerradas por supuestos incumplimientos financieros, y sus bienes han sido confiscados. Estas acciones reflejan una estrategia para consolidar el control gubernamental y reducir la influencia de organizaciones independientes.

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