El presidente anunció más de 30 iniciativas legislativas y administrativas. Las propuestas incluyen mayores penas, cambios migratorios y la ampliación del plazo de flagrancia.
Por Acaface
Santiago de Chile.— La reforma contra el crimen organizado en Chile reúne más de 30 iniciativas que el Gobierno de José Antonio Kast pretende impulsar ante el Congreso.
El presidente presentó las medidas este miércoles 5 de agosto durante un mensaje televisado. Parte de los proyectos ya se encuentra en trámite, mientras el Ejecutivo enviará otros durante los próximos días.
Kast sostuvo que el paquete busca modificar la forma en que el Estado enfrenta a las organizaciones criminales. Sin embargo, las propuestas todavía deberán superar el debate legislativo antes de entrar en vigor.
Reforma contra el crimen organizado en Chile incluye cambio constitucional
Una de las principales medidas consiste en incorporar a la Constitución el deber del Estado de proteger la seguridad de las personas.
El Gobierno considera que esa modificación ofrecería un marco más amplio para desarrollar políticas de seguridad. No obstante, una reforma constitucional necesita la aprobación del Congreso y está sujeta al procedimiento establecido por la legislación chilena.
Kast también propuso que la pertenencia a una organización criminal constituya por sí misma un delito con penas agravadas.
El alcance definitivo dependerá de la redacción del proyecto. Los legisladores deberán establecer cómo se acreditaría la participación de una persona y qué garantías procesales se aplicarían.
Mayores penas por reclutar a menores
El paquete contempla sanciones más severas para quienes recluten a niños y adolescentes.
Las organizaciones criminales pueden utilizar a menores para vigilar territorios, transportar drogas, cometer ataques o realizar labores de apoyo. El Gobierno busca castigar de manera diferenciada a quienes los incorporen a estas estructuras.
La agenda anunciada también pretende ampliar las penas por asociación delictiva y criminal. Kast ya había anticipado estas medidas durante su Cuenta Pública de junio, cuando presentó una estrategia con fuerzas de tarea especializadas en fronteras, secuestros, crimen organizado y finanzas ilícitas.
Plazo de flagrancia pasaría de 12 a 24 horas
Otra propuesta busca ampliar de 12 a 24 horas el periodo de flagrancia.
El Gobierno argumenta que el cambio daría más tiempo a las policías para localizar y detener a quienes habrían participado recientemente en un delito.
La modificación también deberá definir límites claros para evitar detenciones arbitrarias. Además, su aplicación quedaría bajo revisión de fiscales y tribunales.
Kast señaló que su administración pretende reforzar las facultades de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. El Ejecutivo también anunció operativos para identificar a personas prófugas de la justicia.
Gobierno plantea ampliar la retención de migrantes
La reforma contra el crimen organizado en Chile también incluye modificaciones relacionadas con la migración irregular.
Kast reiteró su intención de ampliar el periodo durante el cual las autoridades pueden retener a una persona extranjera mientras gestionan su expulsión. Actualmente, el plazo mencionado por el Gobierno es de cinco días.
El presidente prometió aumentar la capacidad de expulsión efectiva. Sin embargo, no detalló cuánto duraría el nuevo periodo de retención ni qué controles judiciales incluirá.
Estas medidas deberán respetar el debido proceso y analizar cada caso de manera individual. La situación migratoria de una persona tampoco demuestra, por sí sola, participación en actividades criminales.
El Gobierno de Kast ya había reforzado la vigilancia en la frontera con Perú mediante zanjas, tecnología y despliegue militar. La administración presentó esas acciones como parte de su estrategia contra los ingresos irregulares, el narcotráfico y el crimen organizado.
Chile reportó una baja de homicidios en 2025
La seguridad fue uno de los principales temas de la campaña presidencial de Kast. El mandatario asumió el poder el 11 de marzo con la promesa de encabezar un Gobierno de emergencia.
Chile mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina. Sin embargo, el avance de delitos como secuestros, extorsiones y asesinatos por encargo ha aumentado la preocupación ciudadana.
En 2025, el país registró mil 91 víctimas de homicidio consumado. La tasa se ubicó en 5.4 casos por cada 100 mil habitantes, frente a 6.1 durante 2024.
La disminución fue de 11.5% y representó el tercer año consecutivo de descenso después del máximo registrado en 2022. Por tanto, la evidencia oficial muestra una reducción general, aunque el crimen organizado continúa como una prioridad de seguridad.
Kast busca resultados tras cambios en Seguridad
El Gobierno modificó tempranamente su equipo encargado de la seguridad.
Kast solicitó en mayo la renuncia de Trinidad Steinert, primera ministra de Seguridad de su administración. El cambio ocurrió 69 días después de la llegada del nuevo Gobierno.
Durante la ceremonia, el presidente reconoció que no esperaba realizar un ajuste tan pronto. Sin embargo, justificó la decisión por la urgencia de responder al narcotráfico, la violencia y el crimen organizado.
La salida de Steinert aumentó la presión política sobre el Ejecutivo. Distintos sectores reclamaron resultados rápidos frente a las promesas de campaña.
Proyectos dependerán del Congreso
Kast no cuenta con mayoría propia suficiente para aprobar toda su agenda sin negociaciones.
El Gobierno necesitará acuerdos con legisladores de otras fuerzas políticas. El debate deberá resolver el alcance de las facultades policiales, las sanciones y las medidas migratorias.
El Ejecutivo obtuvo esta semana una victoria con la aprobación de su megarreforma económica. El paquete incluye incentivos a la inversión y una reducción gradual del impuesto corporativo, aunque algunas disposiciones todavía enfrentan revisiones y posibles vetos.
La seguridad se convierte ahora en la siguiente prioridad legislativa de Kast.
La reforma contra el crimen organizado en Chile plantea cambios relevantes, pero sus resultados dependerán de su redacción, aplicación y fiscalización. También será necesario evaluar si las nuevas herramientas reducen los delitos sin debilitar las garantías constitucionales.
Consulta también nuestra cobertura sobre la seguridad y el crimen organizado en América Latina.
Escrito por Juan Antonio Román Morales
