Miles de personas se concentraron en San José para respaldar la separación de poderes. La movilización ocurrió en medio de una creciente disputa entre el Gobierno y la Corte Suprema.
Por Acaface
San José, Costa Rica.— Una protesta en defensa del Poder Judicial de Costa Rica reunió este jueves 6 de agosto a miles de personas en la Plaza de la Democracia.
Los participantes expresaron su rechazo a lo que consideran presiones del Gobierno de Laura Fernández contra las instituciones judiciales. La manifestación transcurrió de manera pacífica y también tuvo réplicas en otras provincias, según el reporte de AFP.
Los asistentes portaron banderas nacionales y pancartas en defensa de la separación de poderes. Entre los mensajes aparecieron frases como “las resoluciones judiciales no son golpe de Estado” y “la justicia debe responder a la ley, no a las presiones”.
Protesta en defensa del Poder Judicial de Costa Rica reúne a distintos sectores
Ciudadanos de diferentes edades participaron en la concentración. Algunos señalaron que acudieron por temor a una concentración del poder político.
April Rodríguez, una tatuadora de 28 años citada por AFP, afirmó que la ciudadanía debe proteger la democracia y evitar que el Gobierno controle el sistema judicial.
Otros manifestantes señalaron que la movilización no buscaba defender cada decisión de los tribunales. Su propósito, explicaron, era respaldar la independencia de los jueces y los contrapesos institucionales.
La protesta también contó con la presencia del fiscal general, Carlo Díaz, y del director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto.
Participaron además los expresidentes Luis Guillermo Solís y Miguel Ángel Rodríguez. Este último pidió resolver las diferencias mediante propuestas, diálogo y acuerdos.
El conflicto comenzó por los magistrados suplentes
La tensión aumentó después de que la Sala Constitucional prorrogó temporalmente la permanencia de magistrados suplentes.
La Asamblea Legislativa no había logrado completar los nombramientos necesarios. La Corte argumentó que la medida evitaba una parálisis en el tribunal y garantizaba la continuidad de sus funciones.
La Sala Constitucional está integrada por siete magistrados propietarios y doce suplentes. La Asamblea debe elegirlos mediante una mayoría calificada de dos terceras partes.
Antes de la prórroga, la propia Sala había advertido que la falta de nombramientos afectaba decenas de expedientes. También pidió a los actores políticos completar el proceso para garantizar una justicia oportuna.
El oficialismo devolvió la lista de candidatos presentada por la Corte. Posteriormente, integrantes del Gobierno calificaron la decisión del tribunal como una extralimitación de funciones.
Laura Fernández acusa a magistrados de actuar fuera de sus competencias
La presidenta Laura Fernández calificó a los magistrados que aprobaron la medida como “golpistas”.
El Gobierno sostiene que la Sala Constitucional usurpó competencias reservadas a la Asamblea Legislativa. Fernández acompañó a diputados oficialistas durante la presentación de una denuncia contra los magistrados.
Los jueces constitucionales, en cambio, argumentan que actuaron para impedir que la falta de suplentes paralizara la protección de derechos fundamentales.
El enfrentamiento se suma a meses de críticas del Ejecutivo contra fiscales, jueces y magistrados. Fernández acusa al Poder Judicial de actuar con lentitud frente al crimen organizado y de liberar a sospechosos reincidentes.
La mandataria rechaza las acusaciones de autoritarismo. También asegura que sus propuestas buscan modernizar la justicia y fortalecer el combate contra la violencia.
Gobierno impulsa una reforma del sistema judicial
Laura Fernández asumió la Presidencia el 8 de mayo de 2026. Durante su investidura prometió endurecer la estrategia contra el narcotráfico y promover reformas judiciales.
Entre las iniciativas discutidas se encuentran cambios al proceso penal y modificaciones en la forma de elegir algunas autoridades judiciales.
El Gobierno argumenta que el sistema actual no responde con suficiente rapidez al crecimiento de la violencia. Las autoridades judiciales reconocen problemas de mora, pero rechazan que el Ejecutivo intervenga en decisiones propias de jueces y fiscales.
El enfrentamiento también incluye diferencias por el presupuesto. La Corte sostiene que los recortes limitan investigaciones, juicios y servicios para las víctimas.
El Ejecutivo responde que todas las instituciones deben participar en la política de austeridad y mejorar el uso de sus recursos.
Rodrigo Chaves continúa dentro del Gobierno
Durante la movilización, algunos asistentes exigieron la salida de Rodrigo Chaves con la consigna “¡fuera Chaves!”.
Chaves gobernó Costa Rica entre 2022 y 2026. Tras concluir su mandato, Laura Fernández lo nombró ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.
Desde esos cargos mantiene una participación central en la coordinación política y económica del Ejecutivo.
El exmandatario también sostuvo un enfrentamiento constante con el Ministerio Público y la Corte Suprema durante su administración.
La disputa pone a prueba los contrapesos institucionales
Costa Rica es reconocida por su estabilidad democrática y por la fortaleza histórica de sus instituciones.
Sin embargo, el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico ha generado presión para reformar el sistema de seguridad y justicia. El debate se concentra ahora en cómo realizar esos cambios sin debilitar la independencia judicial.
La protesta en defensa del Poder Judicial de Costa Rica mostró que una parte de la sociedad considera amenazada la separación de poderes.
El Gobierno afirma que respetará la democracia y que sus reformas se tramitarán mediante los procedimientos establecidos. Sus críticos, en cambio, temen que la mayoría oficialista permita concentrar facultades en el Ejecutivo.
El resultado dependerá de las decisiones de la Asamblea Legislativa, las resoluciones de los tribunales y la capacidad de ambas partes para retomar el diálogo institucional.
Escrito por Juan Antonio Román Morales
