El Congreso de Honduras aprobó reformas que endurecen las condenas contra integrantes de pandillas, permiten allanamientos sin orden judicial en determinados casos y contemplan el uso de tatuajes como evidencia en investigaciones criminales.
Tegucigalpa, Honduras, 27 de octubre de 2026.– El Congreso Nacional aprobó este martes un paquete de reformas penales en Honduras que contempla penas de hasta cadena perpetua para determinados delitos, nuevas facultades para las autoridades de seguridad y modificaciones a los procedimientos judiciales relacionados con el crimen organizado.
Las medidas forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura para combatir a las pandillas y otras organizaciones criminales que operan en el país centroamericano.
La iniciativa fue aprobada por mayoría legislativa, aunque diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron de respaldarla debido a preocupaciones sobre sus posibles consecuencias para las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Reformas penales en Honduras establecen prisión perpetua para determinados delitos
Uno de los principales cambios aprobados por el Congreso es el endurecimiento de las condenas para quienes asesinen a integrantes de los cuerpos de seguridad o funcionarios del sistema judicial por motivos relacionados con sus funciones.
La reforma al artículo 193 del Código Penal establece la posibilidad de imponer prisión perpetua cuando las víctimas sean policías, jueces, fiscales u otros funcionarios protegidos por la disposición.
Asimismo, las personas condenadas por pertenecer a asociaciones consideradas terroristas enfrentarán penas de entre 30 y 40 años de prisión.
En el caso de dirigentes, promotores y financistas de estas organizaciones, las sanciones podrán alcanzar la cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias del delito.
También se contemplan castigos más severos para quienes recluten menores de edad con el propósito de incorporarlos a estructuras criminales.
Tatuajes vinculados con pandillas podrán utilizarse como evidencia
Otra de las modificaciones que ha generado debate es la incorporación de tatuajes y símbolos asociados con organizaciones criminales como posibles elementos probatorios en procesos judiciales.
La disposición está dirigida principalmente a distintivos relacionados con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, dos organizaciones identificadas por las autoridades hondureñas como parte de las principales estructuras delictivas del país.
De acuerdo con el dictamen legislativo, los tatuajes, signos y expresiones visuales podrán ser evaluados mediante peritajes especializados para establecer su posible relación con una organización criminal.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la medida al señalar que busca facilitar la identificación y el procesamiento de integrantes de pandillas.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia advirtió durante la revisión de la propuesta que portar un tatuaje no debe considerarse, por sí solo, una prueba determinante de responsabilidad penal.
Autoridades podrán realizar allanamientos sin orden judicial en casos específicos
Las reformas también introducen cambios en las facultades de investigación de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
Entre las nuevas disposiciones figura la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa cuando existan circunstancias urgentes vinculadas con investigaciones sobre organizaciones criminales.
Estas operaciones deberán efectuarse bajo las condiciones establecidas en la normativa y mediante coordinación entre los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público.
Además, se contempla ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales en determinados casos relacionados con terrorismo y pertenencia a pandillas.
Las modificaciones también restringen beneficios como la libertad condicional y la preliberación para personas condenadas por asociación terrorista.
Oposición cuestiona posibles riesgos para los derechos humanos
La aprobación del paquete legislativo provocó cuestionamientos entre diputados de Libre, quienes manifestaron reservas sobre las facultades que las reformas otorgan a las instituciones de seguridad.
La diputada Clara López señaló que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con garantías constitucionales y cuestionó que se haya destinado tiempo suficiente al análisis jurídico de la iniciativa.
Entre los principales asuntos debatidos se encuentran los allanamientos sin autorización judicial previa, los nuevos plazos procesales y el uso de tatuajes como elementos de investigación.
La Corte Suprema de Justicia también formuló observaciones sobre la necesidad de mantener controles judiciales y salvaguardias para evitar posibles vulneraciones de derechos.
Por su parte, las autoridades legislativas sostienen que las medidas buscan fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar los delitos vinculados con organizaciones criminales.
Honduras endurece su estrategia contra el crimen organizado
La aprobación de estas reformas representa un nuevo paso en la política de seguridad del Gobierno de Nasry Asfura, que ha impulsado cambios legales para ampliar las herramientas de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial.
Las medidas están dirigidas especialmente a combatir a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, organizaciones que han sido relacionadas con delitos como extorsión, homicidios, narcotráfico y control territorial.
No obstante, la aplicación de las nuevas disposiciones deberá desarrollarse dentro del marco legal y estará sujeta a los procedimientos correspondientes.
El decreto deberá completar su trámite de publicación en el diario oficial La Gaceta para entrar en vigor.
Con este paquete legislativo, Honduras busca endurecer las sanciones contra el crimen organizado, mientras continúa el debate sobre la efectividad de estas medidas y su compatibilidad con los derechos y garantías constitucionales.
Escrita por Juan Antonio Roman Morales
