BOGOTÁ, Colombia.— El crimen organizado en América Latina está provocando un giro en las políticas de seguridad. Colombia, Chile y Ecuador impulsan medidas más duras contra el narcotráfico y los grupos criminales.
Los tres países enfrentan realidades distintas. Sin embargo, sus gobiernos coinciden en aumentar el protagonismo de policías y Fuerzas Armadas.
Colombia busca reforzar su cooperación militar con Estados Unidos. Chile amplía sus herramientas policiales y penales. Ecuador mantiene a los militares como pieza central de su estrategia de seguridad.
Estas políticas prometen recuperar territorios y reducir la violencia. No obstante, especialistas advierten que el uso de la fuerza no basta para desarticular redes criminales.
Crimen organizado en América Latina cambia las políticas de seguridad
El avance de organizaciones criminales ha colocado la seguridad entre las principales prioridades de varios gobiernos latinoamericanos.
En Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella apuesta por una ofensiva contra grupos armados y organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El país también avanza hacia una mayor cooperación con Estados Unidos. Washington planteó operaciones militares conjuntas contra organizaciones consideradas terroristas por ambos gobiernos.
Colombia también se incorporó a una coalición regional contra los cárteles promovida por Estados Unidos. La iniciativa busca aumentar la coordinación frente al narcotráfico.
El cambio representa un acercamiento entre Bogotá y Washington después de años de diferencias sobre la estrategia antidrogas.
Chile endurece su ofensiva contra el crimen organizado
El presidente chileno, José Antonio Kast, también colocó la seguridad en el centro de su gobierno.
Su administración presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. El plan incluye más de 30 iniciativas legislativas.
Entre las propuestas figura una reforma constitucional para reforzar el sistema nacional de seguridad.
El gobierno también busca ampliar las facultades policiales y endurecer las sanciones contra organizaciones criminales.
Chile trasladó recientemente a cientos de presos de alta peligrosidad hacia una nueva cárcel de máxima seguridad. El operativo forma parte de la nueva estrategia gubernamental.
Kast sostiene que el Estado debe mostrar mayor capacidad para enfrentar a grupos criminales.
Ecuador mantiene a militares en las calles
Ecuador aplica desde hace años una estrategia marcada por la participación de las Fuerzas Armadas.
El presidente Daniel Noboa renovó en junio de 2026 el marco del llamado conflicto armado interno. La medida busca combatir a organizaciones criminales consideradas una amenaza para el Estado.
El gobierno también amplió mecanismos de protección legal para miembros de las fuerzas de seguridad.
La militarización ha generado debate sobre su eficacia y sus posibles consecuencias para los derechos humanos.
Human Rights Watch ha pedido que Ecuador fortalezca su sistema de justicia. La organización considera que esa institución resulta esencial para combatir de forma efectiva al crimen organizado.
¿Funciona la mano dura contra el narcotráfico?
El debate no gira únicamente alrededor de cuánta fuerza puede utilizar el Estado.
También existe una discusión sobre qué elementos permiten debilitar de forma permanente a las organizaciones criminales.
Jeremy McDermott, cofundador de InSight Crime, ha analizado durante años la evolución de estos grupos en la región.
Las organizaciones criminales actuales poseen una gran capacidad de adaptación. Además, combinan narcotráfico con minería ilegal, extorsión, tráfico de personas y otras economías ilícitas.
Esto dificulta una respuesta basada únicamente en capturas o despliegues militares.
En Colombia, por ejemplo, existen organizaciones con miles de integrantes y presencia en diferentes zonas del territorio. El nuevo gobierno recibe un escenario criminal altamente fragmentado.
El riesgo de fragmentar a los grupos criminales
Una ofensiva puede reducir la capacidad de una organización. Sin embargo, también puede generar nuevas disputas por los territorios que controla.
La captura o muerte de los principales líderes no siempre provoca la desaparición del grupo.
En algunos casos aparecen organizaciones más pequeñas. Estas pueden enfrentarse entre sí para controlar rutas del narcotráfico, minería ilegal o extorsiones.
Por eso, los especialistas señalan que la seguridad necesita acompañarse de investigaciones judiciales y financieras.
Seguir el dinero puede resultar tan importante como capturar a los integrantes de una organización.
El dinero, otra pieza del crimen organizado
El crimen organizado en América Latina ya no depende únicamente del tráfico de drogas.
Las redes criminales participan en diferentes negocios ilegales. También intentan integrar sus ganancias a la economía formal.
El lavado de dinero puede utilizar empresas, propiedades, comercio y sistemas financieros.
Además, nuevas tecnologías facilitan movimientos de capital más complejos y difíciles de detectar.
Por ello, una estrategia integral necesita atacar las estructuras financieras de las organizaciones.
También requiere combatir la corrupción que permite a estas redes operar dentro de instituciones públicas y privadas.
¿Habrá una estrategia regional contra el crimen?
La naturaleza transnacional de estas organizaciones aumenta la necesidad de cooperación entre países.
Las rutas criminales cruzan fronteras y conectan diferentes mercados.
Una organización puede producir drogas en un país, transportarlas por otro y lavar las ganancias en una tercera nación.
Estados Unidos busca ampliar la coordinación regional contra los cárteles. El acercamiento con Colombia representa uno de los ejemplos más recientes.
Sin embargo, todavía existen diferencias sobre cómo debe aplicarse esa cooperación.
Algunos gobiernos priorizan la respuesta policial y militar. Otros sectores piden fortalecer primero las instituciones judiciales.
Seguridad y derechos humanos entran al debate
Las nuevas políticas también generan preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Human Rights Watch reconoce que los grupos criminales representan una grave amenaza para la población latinoamericana. Sin embargo, también advierte sobre abusos cometidos durante algunas respuestas estatales.
La organización considera necesario fortalecer la justicia y los mecanismos democráticos de control.
La seguridad puede ofrecer resultados inmediatos mediante operaciones policiales y militares. Pero una estrategia duradera también necesita instituciones capaces de investigar, juzgar y prevenir delitos.
Ese equilibrio será uno de los principales retos para Colombia, Chile y Ecuador.
El crimen organizado en América Latina cruza fronteras y cambia constantemente sus métodos. Por esa razón, los gobiernos enfrentan un problema que difícilmente resolverán solo con más soldados o policías.
La cooperación internacional, la justicia, el combate al lavado de dinero y la prevención social serán claves para medir los resultados de esta nueva etapa.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales
