La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha sido acusada de rechazar de manera “sistemática” y “masiva” más de 6,000 solicitudes de habeas corpus presentadas por familias que buscaban la liberación de personas detenidas bajo el régimen de excepción vigente desde 2022. Este régimen suspende ciertas garantías constitucionales, y según un informe revelado este jueves (27.06.2024) por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), ha llevado a un aumento exponencial en las solicitudes de habeas corpus.
Incremento Exponencial de Solicitudes
El informe titulado “Desprotección Judicial” señala que la Sala de lo Constitucional recibió 6,415 demandas de habeas corpus entre 2022 y 2023. De estas, solo 108 fueron admitidas a trámite (1.6%), mientras que las restantes fueron consideradas inadmisibles o improcedentes. La DPLF critica este rechazo masivo, indicando que genera serias preocupaciones sobre la efectividad del acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales bajo condiciones extraordinarias.
Casos de Máxima Gravedad
La DPLF destaca que en casos de máxima gravedad, como desapariciones forzadas, mujeres en estado de gestación o madres de niños lactantes, la Sala de lo Constitucional solicitó a los demandantes una cantidad excesiva e irrazonable de aclaraciones en lugar de brindar una protección urgente. Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de DPLF, advirtió que el derecho a presentar habeas corpus “podría estar suspendido de facto”, y que el acceso a este recurso se ha endurecido hasta hacerlo casi inaccesible, especialmente para las personas más vulnerables.
Contexto del Régimen de Excepción
El Salvador ha estado bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022 tras una ola de homicidios atribuidos a las pandillas. Investigaciones del medio local El Faro sugieren que esta violencia se desató tras la ruptura de un acuerdo entre las maras y el gobierno de Nayib Bukele. Desde el inicio del régimen, se han registrado más de 80,000 detenciones, con unas 7,000 personas liberadas condicionalmente. Organizaciones humanitarias han denunciado más de 6,000 casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas, además de 303 muertes de personas bajo custodia del Estado.
Popularidad y Controversia
El régimen de excepción es una de las medidas más populares del gobierno de Bukele, quien logró su reelección para un segundo mandato consecutivo a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Las autoridades defienden estas acciones como necesarias para combatir la violencia de las pandillas, pero las críticas sobre los abusos y la falta de protección judicial continúan creciendo.
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