La reciente detención de dos líderes comunitarios por cargos de terrorismo ha desatado una ola de indignación entre los pueblos originarios de Guatemala. Representantes indígenas denuncian que el gobierno no está actuando contra individuos aislados, sino contra todo un sistema ancestral de representación.
“No se han metido con uno, se han metido con todos”
Feliciana Herrera, alcaldesa indígena ixil del municipio de Nebaj, lanzó un mensaje claro durante una rueda de prensa ofrecida junto al presidente Bernardo Arévalo: “Si se llevan a un líder, dos líderes o los que quieran, deben saber que nuestra estructura no se queda sin cabeza”.
Sus declaraciones llegan días después de que el Ministerio Público emitiera órdenes de arresto contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes enfrentan acusaciones de terrorismo por su participación en protestas en 2023.
Acusaciones por defender la democracia
Herrera insiste en que las movilizaciones del 2023 no fueron un delito, sino un ejercicio constitucional. “Salimos a las calles para evitar un golpe de Estado. Querían impedir que alguien que no era de su agrado llegara al poder”, explicó.
Las protestas surgieron tras el intento de anular los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo. Diversas misiones internacionales, incluida la de la Unión Europea (UE), validaron las elecciones y respaldaron el resultado.
Rechazo internacional y sanciones
En enero de 2025, la UE sancionó a la fiscal general Consuelo Porras y a varios funcionarios por “socavar la democracia”. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido aplicaron medidas similares. Las sanciones incluyen congelación de bienes y prohibiciones de entrada al territorio europeo. Además, impiden a empresas y ciudadanos europeos financiar a los implicados.
Esta semana, la diplomacia europea expresó su preocupación por las recientes detenciones. Exigió el respeto al Estado de derecho, el debido proceso y los derechos fundamentales de los líderes indígenas arrestados.
Unidad indígena y resistencia pacífica
A pesar de las presiones, las comunidades originarias mantienen firme su postura. “Somos miles. Si se llevan a uno o dos, seguimos. Esto no es solo contra el pueblo quiché. Es contra todos los pueblos de Guatemala”, afirmó Herrera.
También destacó los esfuerzos del gobierno de Arévalo por acercarse a las comunidades indígenas. “Tenemos reuniones mensuales con el presidente y están lanzando programas. Pero no todos entienden que hay autoridades indígenas legítimas”, agregó.
El futuro de la democracia guatemalteca
Las acusaciones de terrorismo contra líderes indígenas podrían derivar en penas de hasta 30 años de prisión. Mientras tanto, las sanciones internacionales se han extendido hasta enero de 2026 y podrían aumentar si no hay señales claras de cambio.
Feliciana Herrera lo resume con claridad: “Nosotros defendimos a un presidente que prometía luchar contra la corrupción. Si lo está cumpliendo o no, lo juzgará el pueblo. Pero cuando también es atacado, estamos aquí para defender nuestras instituciones y la democracia”.
