Entre 2012 y 2018, miles de derechohabientes en Quintana Roo fueron despojados de sus viviendas debido a juicios masivos ilegales, llevados a cabo por despachos privados que operaban en complicidad con funcionarios judiciales.
En un escándalo que evidencia un entramado de corrupción, 8,181 trabajadores afiliados al Infonavit en Quintana Roo fueron víctimas de juicios fraudulentos, donde los procesos legales se realizaban en entidades distintas a la de las viviendas involucradas. Esta estrategia buscaba impedir que los afectados fueran notificados oportunamente, resultando en el despojo de sus hogares bajo el pretexto de cartera vencida.
Quintana Roo, el estado más afectado de la península
De las demandas interpuestas contra trabajadores en Quintana Roo, 8,062 se llevaron a cabo en otros estados y solo 119 se realizaron dentro de la entidad, lo que evidencia una práctica deliberada para evadir el debido proceso. A nivel peninsular, Yucatán registró 6,357 casos y Campeche 907, lo que coloca a Quintana Roo como el estado con el mayor número de afectados.
A nivel nacional, el impacto es aún más alarmante: 373,818 juicios ilegales fueron documentados, de los cuales 320,127 se realizaron en entidades distintas al lugar donde se ubicaban las viviendas financiadas. Los estados con mayor concentración de estas irregularidades incluyen Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México y Morelos, donde se registró el 80% de los casos.
Corrupción y complicidad
El titular del Infonavit informó que esta práctica fue descubierta inicialmente en Nayarit, donde de 1,972 demandas presentadas, 1,235 se realizaron en otras entidades. Las investigaciones llevaron a la acusación penal de un notario, un magistrado, cinco jueces y cinco funcionarios adicionales. Hasta el momento, dos jueces y tres funcionarios permanecen en prisión por su participación en este esquema de corrupción.
“Todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el trabajador no se enterase de que estaba siendo demandado”, denunció el funcionario. Además, destacó que ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia, ni los consejeros del Infonavit actuaron para prevenir o detener estas prácticas.
Consecuencias devastadoras
Como resultado de estos juicios masivos:
- 249,000 trabajadores perdieron sus viviendas.
- 207,000 propiedades no han sido escrituradas a favor del Infonavit debido a irregularidades.
- 42,000 viviendas fueron vendidas en subastas masivas por el Instituto.
Además, Infonavit desembolsó 29,263 millones de pesos a los despachos legales que llevaron a cabo estos procesos ilegales. Entre los despachos involucrados se encuentran Gabssa, Beamber, Ecd, Aguilar, ILS, entre otros.
Resarcimiento en proceso
El Infonavit ha iniciado acciones para compensar a los trabajadores afectados. Sin embargo, la magnitud del daño exige una revisión exhaustiva del sistema judicial y del funcionamiento interno del Instituto para evitar que estos abusos se repitan en el futuro.
Este caso pone en evidencia las consecuencias devastadoras de la corrupción, que no solo despoja a miles de familias de su patrimonio, sino que también afecta la confianza en las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los trabajadores mexicanos.
