Venezuela rechaza la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
El gobierno de Nicolás Maduro expresó este domingo (16.03.2025) su rechazo contundente a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando que esta medida criminaliza injustamente a los migrantes venezolanos.
A través de un comunicado oficial, Caracas calificó la aplicación de esta ley como un acto “anacrónico, violatorio de los derechos humanos e ilegal”, asegurando que somete a los venezolanos en EE.UU. a persecución y discriminación.
Deportaciones masivas y acusaciones de criminalidad
Washington ha justificado la medida señalando que busca acelerar la deportación de integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, de origen venezolano. Según el decreto, todos los ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan a este grupo y que no sean residentes permanentes legales o ciudadanos estadounidenses estarán sujetos a detención y expulsión inmediata bajo la calificación de “enemigos extranjeros”.
Maduro condena “secuestro de menores” y el “bloqueo criminal”
El gobierno venezolano denunció que esta acción representa una “amenaza de secuestro de menores de edad”, argumentando que la administración de Trump pretende calificar sumariamente a niños como miembros de grupos terroristas.
“Los venezolanos que emigraron lo hicieron buscando alternativas de vida debido a las condiciones económicas creadas por el bloqueo criminal de Estados Unidos, que busca un cambio de régimen en Venezuela”, señala el comunicado.
Asimismo, Caracas subrayó que los migrantes venezolanos no son terroristas ni criminales, sino víctimas de políticas coercitivas promovidas por Washington y sectores de la oposición venezolana, a quienes acusó de fomentar redes de tráfico de migrantes.
Una ley con antecedentes históricos controvertidos
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de EE.UU. la empleó para detener a más de 120.000 ciudadanos japoneses y estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.
Con esta decisión, la administración de Trump reabre un debate sobre el uso de leyes antiguas en contextos migratorios y de seguridad, generando fuertes reacciones tanto en Venezuela como en la comunidad internacional.
