El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su ofensiva contra el sistema judicial al ordenar sanciones contra abogados y firmas legales que interpongan demandas contra sus medidas migratorias. En un memorando publicado el sábado 22 de marzo de 2025, la Casa Blanca detalló que el mandatario considera que estos litigios fomentan el “fraude desenfrenado” en el sistema migratorio.
Medidas contra abogados opositores
El documento firmado por Trump instruye al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a penalizar a los abogados que, a su juicio, presenten litigios “frívolos, irrazonables y vejatorios” contra el gobierno. También pide a la fiscal general, Pam Bondi, que retire credenciales y rescinda contratos federales a las firmas que participen en este tipo de demandas.
Estas acciones se producen en un contexto de creciente resistencia legal a las medidas migratorias de la Administración Trump, muchas de las cuales han sido impugnadas en tribunales federales.
Críticas y reacción legal
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha condenado la decisión, calificándola de un ataque contra el Estado de derecho. Cecillia Wang, directora legal de la ACLU, declaró:
“Esta acción del presidente de Estados Unidos es un ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia.”
Los tribunales están actualmente evaluando más de un centenar de demandas contra políticas migratorias impulsadas por Trump. Un juez, por ejemplo, ha fallado en contra de su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.
Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha gobernado mediante órdenes ejecutivas, desafiando la separación de poderes y poniendo al poder judicial en el centro del debate político.
