La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”. Este marco legal impone penas de entre 25 y 30 años de prisión, multas de hasta un millón de euros y inhabilitación política por 60 años para quienes promuevan, instiguen o respalden sanciones extranjeras contra el Gobierno y sus autoridades.
El texto, que entrará en vigor una vez sea firmado por el presidente Nicolás Maduro, incluye la posibilidad de juzgar en ausencia a los acusados que no comparezcan ante la justicia. Según el oficialismo, esta ley busca proteger la soberanía del país y sancionar a quienes colaboren con medidas que afecten al Estado venezolano.
Inhabilitación política y multas para medios de comunicación
Además de las penas de prisión, la ley impide que los sancionados puedan postularse para cargos públicos o de elección popular. Esta disposición se extiende a aquellos que:
- Respalden acciones armadas o ataques cibernéticos contra Venezuela.
- Promuevan mensajes que favorezcan sanciones internacionales.
Los medios de comunicación que difundan contenidos relacionados con la promoción de sanciones también enfrentan fuertes sanciones. Estas medidas incluyen multas, salidas del espectro radioeléctrico o clausura de operaciones, dependiendo del medio afectado.
Contexto político y tensiones electorales
La aprobación de esta ley coincide con el polémico triunfo de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de julio de 2024, donde la oposición denunció fraude electoral. El candidato opositor Edmundo González Urrutia reclama haber ganado las elecciones, un resultado no reconocido por numerosos gobiernos internacionales.
En este marco, la nueva legislación también penaliza el desconocimiento de la legitimidad de los poderes públicos o el reconocimiento de figuras que simulen representar autoridades legítimas.
Críticas internacionales y posibles consecuencias
Diversos sectores opositores e internacionales han condenado esta ley, calificándola como un mecanismo para silenciar a la disidencia y fortalecer el control del Gobierno sobre el panorama político y mediático en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos advierten que la normativa podría intensificar las tensiones internas y alejar aún más al país de una solución democrática y dialogada.
El impacto de esta ley en la libertad de expresión y la participación política será clave en los próximos meses, en un contexto donde Venezuela sigue siendo objeto de sanciones internacionales y crecientes críticas hacia la administración de Maduro.
