La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco ha denunciado un impacto económico devastador por los recientes bloqueos en las principales vías de comunicación del puerto. Según Alejandro Martínez Sidney, presidente de este organismo, los bloqueos han causado pérdidas superiores a los 189 millones de pesos en sectores clave como restaurantes, bares, discotecas y hoteles.
En una conferencia de prensa, Martínez Sidney explicó que uno de los bloqueos, que duró 25 horas, resultó en una pérdida de 22 millones de pesos. El presidente de la Cámara alertó que, si los bloqueos continúan, los negocios de Acapulco podrían enfrentar serios problemas para cumplir con sus obligaciones fiscales debido a la caída en las ventas.
Llamado a la acción: denuncia penal y protocolos de seguridad
Martínez Sidney expresó que, en caso de que el gobierno estatal no actúe, se interpondrán denuncias penales contra quienes bloqueen la Costera, una de las principales avenidas del puerto. Aseguró que las autoridades, incluyendo la Guardia Nacional, deben implementar los protocolos de seguridad pertinentes para garantizar el libre tránsito y el orden público, sin recurrir a la violencia.
“Hemos decidido presentar denuncias penales si el estado no lo va a hacer contra las personas que bloqueen la Costera. Exigimos a las autoridades competentes actuar de manera responsable y conforme a la ley”, subrayó Martínez Sidney, quien también hizo un llamado a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, para que implemente estrategias efectivas para contener estos bloqueos.
Manifestaciones sí, pero sin afectar la integridad ni los servicios esenciales
El presidente de la Cámara de Comercio dejó claro que no están en contra de las manifestaciones, sino de los bloqueos que interrumpen las comunicaciones y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, especialmente de aquellos que requieren atención médica o servicios esenciales.
Ante esta situación, los empresarios de Acapulco esperan una pronta respuesta por parte del gobierno para evitar mayores perjuicios a la economía local y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados sin poner en peligro su seguridad ni la de los negocios.
