Continúa la polémica por la detención de 252 venezolanos enviados desde EE. UU. y encarcelados en El Salvador
San Salvador, 23 de junio de 2025 — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó oficialmente un intento de intervención del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, para representar a 252 migrantes venezolanos encarcelados en el país tras ser deportados por Estados Unidos. La decisión ha intensificado las tensiones diplomáticas y desatado críticas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que calificó la resolución como una “respuesta vergonzosa”.
Los venezolanos, expulsados desde el 15 de marzo bajo acusaciones —hasta ahora no sustentadas con pruebas— de tener vínculos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad construida por la administración de Nayib Bukele.
Corte Suprema argumenta falta de requisitos legales
La resolución de la Sala de lo Constitucional declara “sin lugar” la intervención solicitada por el fiscal Saab, argumentando que no se cumplieron los requisitos estipulados por la legislación nacional e internacional vigente. El documento oficial fue dado a conocer este lunes y ha generado una oleada de reacciones en Venezuela y entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
En paralelo, la Corte solicitó a los abogados del bufete salvadoreño contratado por Caracas que aclaren los elementos del recurso de habeas corpus presentado a finales de marzo. Entre los requerimientos se incluyen datos precisos sobre los detenidos, pruebas de su paradero, impedimentos para la comunicación con familiares o abogados, y evidencia de gestiones previas realizadas por la defensa.
Venezuela denuncia obstrucción y politización del caso
El fiscal Saab respondió enérgicamente desde Caracas, calificando la decisión como una “maniobra dilatoria y evasiva”. Aseguró que el Estado salvadoreño se ha negado a cooperar en el proceso y que, pese a ello, su despacho entregó a las autoridades judiciales una serie de entrevistas con familiares de los detenidos como parte de una búsqueda de justicia.
“Se están violando derechos fundamentales y esto no puede ser ignorado”, subrayó Saab en un comunicado.
Poco después del fallo, el bufete Ortega, representante legal de los venezolanos en El Salvador, informó que ya presentó el documento de subsanación solicitado por la Corte.
Familiares sin respuestas ni acceso
En medio de la controversia judicial, familiares de los migrantes viajaron a El Salvador con la esperanza de obtener información o ver a sus seres queridos. Sin embargo, no se les permitió el acceso a los reclusos, ni tampoco se les ofreció evidencia de que siguen con vida.
“Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos”, lamentó Jhoanna Sanguino, tía de uno de los jóvenes detenidos, en declaraciones a la agencia AFP.
La situación se agrava con la confirmación de que el Gobierno de EE. UU. acordó pagar al Ejecutivo de Bukele seis millones de dólares por mantener encarcelados a los venezolanos deportados.
Críticas internacionales y cuestionamientos legales
Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido sobre violaciones a los derechos humanos y falta de debido proceso en este caso. Además, destacan que la detención masiva de migrantes, sin cargos concretos ni acceso a defensa legal adecuada, podría constituir una forma de detención arbitraria.
Cabe recordar que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron nombrados en 2021 por el Congreso salvadoreño, dominado por el oficialismo, tras destituir a los jueces anteriores que habían emitido resoluciones contrarias al Ejecutivo.
El caso continúa generando preocupación entre organismos internacionales, activistas y familiares, quienes exigen transparencia, acceso a los detenidos y el respeto de sus garantías constitucionales.
Escrito por Juan Antonio Roman Morales.
