El sábado 13 de septiembre de 2025, fui testigo de cómo cientos de manifestantes tomaron las calles de Lima y varias ciudades del Perú para expresar su rechazo a la nueva ley de pensiones aprobada por el Congreso. Esta norma, que modifica el sistema previsional, establece una pensión mínima y extiende la edad de jubilación anticipada, entre otros cambios que han generado gran inconformidad social.
La jornada comenzó en la céntrica Plaza San Martín, donde una multitud se reunió con banderas y pancartas en defensa de sus derechos. La marcha avanzó por la avenida Abancay con la intención de llegar hasta la sede del Congreso, pero la Policía Nacional bloqueó el acceso con gases lacrimógenos y un fuerte despliegue de agentes motorizados. En medio de la tensión, algunos manifestantes respondieron lanzando piedras y botellas, lo que derivó en enfrentamientos y en un número indeterminado de detenidos.
El descontento no se limitó a la capital. En ciudades como Piura, Trujillo y Puno también se replicaron las movilizaciones, sumando exigencias contra la inseguridad ciudadana y la ola de extorsiones que golpea al país.
Entre los sectores presentes destacaron organizaciones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como gremios laborales y estudiantiles. Todos coincidieron en criticar la prohibición de nuevos retiros parciales de los fondos, una medida que llega después de siete autorizaciones desde la pandemia y que, según el Ministerio de Economía, ha dejado a 2,3 millones de afiliados sin ahorro previsional.
La preocupación es clara: si se aprueban más restricciones, hasta 8,6 millones de peruanos podrían quedarse sin fondos al llegar a la jubilación. Además, la ley impide que los menores de 40 años retiren el 95,5 % de su fondo al jubilarse, una opción que ahora sólo queda para quienes están próximos a dejar la vida laboral.
