El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes, 25 de noviembre de 2024, la desestimación de los dos principales casos penales federales contra Donald Trump, marcando un importante triunfo legal para el presidente electo a pocas semanas de su regreso a la Casa Blanca.
El fiscal especial Jack Smith, encargado de los procesos judiciales, presentó una moción para desestimar el caso relacionado con los esfuerzos de Trump por anular las elecciones presidenciales de 2020. Asimismo, retiró la apelación contra la desestimación del caso en Florida, donde el republicano enfrentaba acusaciones por almacenar documentos clasificados en su resort privado de Mar-a-Lago.
La justificación del Departamento de Justicia
Smith explicó que la decisión está basada en la política del Departamento de Justicia que impide investigar a presidentes en ejercicio por actos oficiales.
Por su parte, el portavoz de Trump, Steven Cheung, calificó esta decisión como:
“Una gran victoria para el Estado de derecho y un paso necesario para terminar con el uso político del sistema judicial como arma.”
¿Qué sigue para los casos contra Trump?
Aunque el proceso por interferencia electoral ya había sido revisado tras una decisión de la Corte Suprema que otorgó a los presidentes amplia inmunidad para actos oficiales, la posibilidad de reactivar estos casos después de su segundo mandato genera incertidumbre.
Además, analistas legales señalan que Trump podría indultarse a sí mismo una vez que asuma la presidencia, prevista para el próximo 20 de enero, luego de vencer a la demócrata Kamala Harris en las elecciones de noviembre.
Implicaciones políticas y legales
Este giro legal refuerza la posición de Trump como líder republicano y despeja su camino para enfocarse en las prioridades de su nueva administración. Sin embargo, plantea preguntas sobre la independencia del sistema judicial y los límites de inmunidad presidencial en Estados Unidos.
Con su segundo mandato acercándose, Trump se enfrenta al reto de liderar un país dividido, mientras sus opositores critican la decisión como un precedente peligroso para futuros mandatarios.
