El reciente hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco, ha generado conmoción y reabierto el debate sobre la violencia sistemática en México. La presunta operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en este sitio, descrito como un centro de “reclutamiento y exterminio”, ha llevado a cuestionamientos sobre si este caso podría ser llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI).
¿Puede intervenir la CPI en el caso Rancho Izaguirre?
Según el Estatuto de Roma, la CPI tiene jurisdicción sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Para que este caso sea considerado un crimen de lesa humanidad, se debe demostrar que los homicidios en el rancho formaban parte de un ataque sistemático contra la población civil.
De acuerdo con Rodolfo González Espinosa, investigador del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen, la CPI solo intervendría si se prueba que estos crímenes responden a un patrón de exterminio organizado. Además, la Corte actúa bajo el principio de complementariedad, es decir, solo interviene cuando un Estado no puede o no quiere investigar estos delitos.
Crimen organizado y la CPI: un debate abierto
A nivel internacional, la CPI ha procesado a grupos armados y milicias en conflictos en Sudán, República Centroafricana y República Democrática del Congo. Sin embargo, el crimen organizado en México opera en un contexto sin conflicto armado reconocido, lo que complica su encuadre dentro de la jurisprudencia de la CPI.
El investigador Jan-Michael Simon, del Instituto Max Planck, señala que el CJNG posee una estructura lo suficientemente compleja y violenta como para equipararse a un grupo beligerante. No obstante, su enfoque económico y criminal lo diferencia de organizaciones paramilitares involucradas en conflictos internacionales.
¿Cómo podría la CPI abrir una investigación?
Existen tres formas en las que la CPI podría intervenir en el caso Rancho Izaguirre:
- Si México solicita la intervención (algo poco probable, ya que implicaría admitir la incapacidad del Estado para investigar estos crímenes).
- Si el Fiscal de la CPI inicia una investigación de oficio.
- Si el Consejo de Seguridad de la ONU lo remite al tribunal, lo cual dependería del contexto geopolítico.
A pesar de múltiples denuncias previas sobre la violencia en México, la CPI no ha abierto una investigación formal en el país. Esto sugiere que la Corte sigue considerando estos crímenes como un asunto de derecho interno.
Presión internacional y postura de EE.UU.
El hallazgo en Rancho Izaguirre refuerza la percepción de que México no tiene control total sobre su territorio, lo que podría generar mayor presión internacional. Gerold Schmidt, director de la Fundación Rosa Luxemburgo en México, advierte que esta situación podría ser utilizada por Estados Unidos para justificar una postura más agresiva en su política exterior hacia el crimen organizado en México.
La administración de Donald Trump ya ha clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que podría abrir la puerta a acciones unilaterales por parte de Washington.
Conclusión: ¿Intervendrá la CPI en México?
A pesar de la gravedad del caso, la intervención de la CPI sigue siendo poco probable. México tiene los mecanismos legales para investigar estos crímenes, pero la falta de voluntad política y capacidad institucional sigue siendo un obstáculo.
El caso del Rancho Izaguirre no solo refleja la crisis de violencia en México, sino que también pone en la mesa el debate sobre el papel del derecho internacional en la lucha contra el crimen organizado.
