Washington, 4 de abril de 2025 – Un total de 21 fiscales generales de Estados Unidos han presentado una demanda contra la Administración Trump por el cierre de agencias federales que financian bibliotecas, museos y programas educativos en todo el país.
Los fiscales, encabezados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusan al gobierno federal de desmantelar instituciones vitales sin seguir los procedimientos legales establecidos. La medida ha generado una ola de rechazo en estados como California, Massachusetts y Nueva Jersey, entre otros.
Acusan a Trump de desmantelar instituciones clave para la educación pública
La demanda se dirige contra una orden ejecutiva firmada por Donald Trump en marzo pasado. Dicha orden elimina tres agencias creadas por el Congreso, entre ellas el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), que en 2024 invirtió 180 millones de dólares en apoyo a bibliotecas públicas en todos los estados.
“Estas agencias ayudan a financiar negocios de minorías y garantizan que nuestras bibliotecas y museos permanezcan abiertos. Son esenciales para el aprendizaje de nuestros niños”, expresó Letitia James.
Solo en Nueva York, el IMLS otorgó más de 8 millones de dólares. Ese dinero permitió impulsar programas de alfabetización, mejorar el acceso a internet y capacitar a más de 200,000 empleados en las más de 7,000 bibliotecas del estado.
Impacto directo en comunidades vulnerables
Los fiscales aseguran que el cierre de estas agencias afectará gravemente a las comunidades más vulnerables. Según la demanda, la desaparición del IMLS dejaría sin fondos a programas de educación digital, formación profesional y acceso cultural en todo el país.
Además, la coalición sostiene que el desmantelamiento fue impulsado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el empresario Elon Musk, como parte de un plan de recortes masivos que, según los fiscales, se ejecutó sin respetar las leyes administrativas vigentes.
Violación constitucional y administrativa
La demanda argumenta que la orden ejecutiva de Trump viola la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo. Afirman que se eliminaron programas sin consultar al Congreso ni cumplir con los mecanismos legales que regulan el uso de fondos públicos.
El caso está liderado por los fiscales generales de Nueva York, Rhode Island y Hawái, y cuenta con el respaldo de estados como California, Colorado, Illinois, Maine, Michigan, Oregón, entre otros.
Una batalla legal por el futuro de la educación pública
Este litigio podría marcar un precedente importante en la protección de programas culturales y educativos federales. Para los fiscales, no se trata solo de una disputa política, sino de defender el acceso al conocimiento, la equidad educativa y la autonomía de los estados.
